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Celaá aspira a un «gran pacto de país» en FP y a aprobar su ley educativa

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La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, revalidó su cargo situando la FP en el corazón de la legislatura en materia de educación. A ella quiso darle el protagonismo en el breve discurso de toma de posesión en la sede del Ministerio, donde anunció que su cartera asumirá las competencias en materia de formación para el empleo, hasta ahora dentro del Ministerio de Trabajo.

Que la formación para el empleo y la formación profesional académica reglada estuvieran desgajadas ha sido una anomalía de nuestro país frente al resto de Europa en las últimas décadas, y la conformación de un sistema unificado de formación profesional ha sido una de nuestras asignaturas pendientes en materia de FP.

«Vamos a unificar todas las competencias de FP bajo el pabellón de este Ministerio. Así podremos trabajar con un paso más rápido y superando la división existente hasta el momento entre formación inicial y formación permanente que en términos reales no existe», dijo Celaá.

Además, dos semanas después de su toma de posesión, dio a la gestión ministerial de la FP el rango de Secretaría de Estado. Clara Sanz, hasta ahora responsable de la Dirección General de FP del Ministerio, ocupará el nuevo cargo, según se aprobó en Consejo de Ministros.

En su discurso de toma de posesión, Celaá transmitió la idea de que, por fin, empieza a tomarse la FP en serio políticamente, y ese protagonismo también le sirvió para desviar la atención de otros objetivos de su mandato que no cosechan tanto beneplácito en la comunidad educativa, como su proyecto de ley básica de educación, por el que pasó de puntillas en su discurso: se refirió brevemente a la aprobación de la futura ley como uno más de los objetivos de su mandato.

También dos semanas más tarde buscó un marco determinado para anunciar que el Gobierno llevará el Proyecto de Ley al Congreso de los Diputados «cuanto antes». Lo hizo tras una reunión con una parte de la comunidad educativa a la que no se convocó a los representantes mayoritarios de la enseñanza concertada y la enseñanza religiosa. Fueron convocados a la misma los sindicatos UGT, CCOO y STEs, la organización de padres y madres CEAPA, las de estudiantes FAEST y CANAE, la federación de directores FEDADI, la asociación de inspectores ADIDE, la Fundación CIVES y la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza.

El texto aprobado por el Ministerio de Educación hace apenas un año, justo antes de la convocatoria electoral y de la disolución de las Cortes, está considerado por la escuela concertada un agravio a la libertad de enseñanza y al derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos con garantías públicas, tal y como establece la Convención Internacional de los Derechos Humanos. Por un lado, el texto impulsado por Isabel Celaá elimina la demanda social (o demanda de las familias) como factor en la programación de la enseñanza que han de realizar los poderes públicos. Por otro, niega la posibilidad de sostener con fondos públicos la educación diferenciada, considerada por muchas familias la mejor opción educativa para sus hijos e hijas.

Isabel Celaá comenzó su discurso de toma de posesión reiterando su premisa ya conocida: que «los poderes públicos tienen la obligación de garantizar el derecho de todos los ciudadanos a la educación» y que «la escuela pública es el eje vertebrador» de esa garantía en todo el Estado. Ahora bien, matizó, como otras veces, que ello no tiene que suponer «un menoscabo para esa otra red educativa, también sostenida con fondos públicos a la que llamamos concertada».

Después, apeló a la obligación de los poderes públicos de garantizar una «educación inclusiva y personalizada» en la que quepan todos los niños en su diversidad de capacidades y discapacidades. Esto entronca directamente con otro de los asuntos que suscitó polémica en su primer mandato: la intención –explícita en el proyecto de ley– de ir aumentando la capacidad de los centros educativos ordinarios para ir incluyendo en sus aulas al alumnado con diversas necesidades específicas de aprendizaje. En su momento fue interpretado como un agravio por parte de los centros de educación especial y por parte de las familias que han elegido escolarizar en ellos a sus hijos.

También aludió la ministra, brevemente, a la universalización del acceso al primer ciclo de Educación Infantil (0-3), si bien no introdujo el matiz habitual de «a través de la red pública», como establece el acuerdo de gobierno firmado con Unidas Podemos.

Carrera docente

Donde más énfasis puso fue en la profesión docente y en la modernización de la Formación Profesional aspectos ambos en los que aparentemente siempre ha habido mayor consenso social y político, aunque nunca ningún gobierno haya logrado sacar nada en limpio de ello.

Respecto a la profesión docente, la ministra se comprometió a sacar adelante el siempre demorado Estatuto de la Profesión Docente, que garantice, de una vez por todas, «una carrera validada e incentivada» para los profesionales de la educación.

Y además, anunció: “Vamos a modernizar la formación inicial, la inducción docente y el acceso a la función pública y el diseño de una carrera profesional que incorpore formación permanente, la investigación y evaluación docente”. El impulso del MIR docente es, de hecho, uno de los objetivos en los que ha venido trabajando el equipo ministerial en funciones en los últimos meses.

Modernización de la FP

La ministra de Educación y FP se comprometió a trabajar por «un gran acuerdo de país» en materia de Formación Profesional para «seguir avanzando hacia una FP moderna, de futuro,» con una oferta permanente de nuevas titulaciones y con 200.000 nuevas plazas en los próximos cuatro años.

En su intervención, Celaá anunció la ampliación de las competencias de su Ministerio en materia de FP. “Vamos a unificar las competencias de FP del sistema educativo y para el empleo bajo el pabellón del Ministerio de Educación y Formación Profesional”, aseguró.

Según informaron fuentes de Educación, se trata de tres competencias que poseía hasta ahora el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: la elaboración de las normas e informes sobre el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales; la elaboración y actualización de los Certificados de Profesionalidad y las pruebas de evaluación, y la incorporación de la red de Centros de Referencia Nacional a la red de centros de Formación Profesional.

La ministra también reiteró su compromiso con la introducción de un módulo sobre digitalización en todos las titulaciones de FP y con el diseño de 80 nuevos títulos a lo largo de los diversos niveles de la FP, incluidos los nuevos cursos de especialización para titulados. Al menos tres de ellos estarían listos para su aprobación en Consejo de Ministros tras haber recibido informe positivo del Consejo Escolar del Estado a finales de 2019.

«La Formación Profesional –subrayó– debe ser joya a cuidar por muchos»; razón por la cual dijo «esperar acuerdos» con todos los agentes sociales implicados y con las comunidades autónomas.

 

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