El Congreso debate las medidas de reconstrucción por el Covid-19 que excluyen al alumnado de concertada

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El dictamen para la reconstrucción social y económica en la crisis del Covid-19 se vota finalmente este miércoles en el Congreso de los Diputados después de un debate parlamentario (celebrado el martes) en el que el punto más contestado por la oposición ha sido la exclusión de la escuela concertada de las ayudas públicas.

El texto del dictamen dice, entre otras cosas, que “la totalidad del incremento de la inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa”. [ver texto íntegro del dictamen]

De todas las medidas propuestas, sólo ésa se quedó sin apoyos fuera del Gobierno durante el debate y la votación previos en la Comisión de Reconstrucción del Congreso. Del mismo modo, en el Pleno celebrado este martes para debatir y votar el dictamen final la exclusión de ayudas para el alumnado de la escuela concertada se ha erigido en la línea roja de varios grupos para apoyar el bloque de medidas sociales. Así lo han manifestado abiertamente Ciudadanos, PNV, Junts per Catalunya y Coalición Canaria.

Tras el debate celebrado en el Pleno de este martes se votarán las enmiendas que los grupos parlamentarios han presentado al dictamen y, finalmente, el dictamen. Algunas de las enmiendas piden que se incluya al alumnado de concertada en las ayudas dado que la crisis por la pandemia no ha hecho distinciones entre los ciudadanos, y en los colegios concertados también hay niños de familias de rentas bajas y medias afectadas por la crisis.

Además, se someterán a votación los votos particulares presentados por los grupos. Ciudadanos defenderá el suyo reclamando que las ayudas vayan al alumnado –y no a los colegios– bajo el argumento de que el derecho a la educación es de los niños y la defensa de la equidad consiste en dar a cada cual lo que necesita [ver entrevista con Marta Martín] .

Hasta este mismo martes, la presión de los grupos parlamentarios –sobre todo PP y Ciudadanos– por que el Ejecutivo ceda y haga un planteamiento inclusivo de las ayudas ha sido en vano.

No obstante, en el debate parlamentario de este martes el diputado de Junts per Catalunya Ferran Bel ha manifestado su «desconcierto» ante una posible giro de PSOE y Unidas Podemos al presentar en el último momento una enmienda transaccional que «reproduce la literalidad del voto particular presentado por Ciudadanos». La portavoz socialista ha confirmado la presentación de esta enmienda transaccional junto a otras 53 con la finalidad de lograr un mayor consenso parlamentario para el dictamen.

El discurso sesgado sobre la financiación de la pública y la concertada

La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, reconoció hace una semana en el Senado que “la distribución de fondos públicos” debe ir donde estén “las necesidades de los alumnos” y reconoció abiertamente que hay “centros de titularidad no pública que atienden a alumnado vulnerable”. Pero, al final, los recursos públicos destinados a la reconstrucción social por la crisis no se distribuirán atendiendo a la necesidad, sino a la titularidad de la escuela. El argumento que esgrimió la ministra es que en la escuela pública se concentra una mayor necesidad por los sucesivos recortes que ha sufrido durante la anterior crisis y, como los recursos son “limitados”, tienen que ir allí.

En ese discurso en el que Celaá dio varias vueltas sobre lo mismo –la justicia redistributiva y la equidad implican dar a cada uno lo que necesite, pero las ayudas a la reconstrucción se dan sólo a la pública– presentó algunos datos de manera sesgada a modo de argumentación.

Adujo que durante los años de recortes presupuestarios en educación, la financiación pública de la escuela pública cayó más que la de la concertada, y de ahí la necesidad de compensar a la escuela pública. Pero la ministra pasó por alto que de donde no hay no se puede sacar y que la concertada ya recibía la mitad de financiación que la pública en aquellos años, una financiación que, según datos del INE, apenas llega para pagar al profesorado.

Lo explicamos hace tiempo en Actualidad Docente tomando como referencia el año 2015 por ser el más reciente que ofrecía datos comparables entre sí de diferentes fuentes oficiales. Según datos oficiales, ese año el gasto público en centros públicos fue de 5.436 euros por alumno. Según el INE, ese mismo año las subvenciones públicas a aulas concertadas fueron de 2.869 euros por alumno, casi la mitad que el gasto en centros públicos.

Según el Servicio Estatal de Indicadores de la Educación del Ministerio, las transferencias de las administraciones públicas a centros de titularidad privada en 2015 alcanzaron el 14,1% del total del gasto público en educación. Sin embargo, la enseñanza de gestión privada sostenida con fondos públicos alcanza al 25,6% del alumnado de las enseñanzas de régimen general y el 29% del alumnado en la enseñanza obligatoria.

Las cifras, por sí mismas, reflejan una histórica infrafinanciación de la escuela concertada y desmontan cualquier argumento que diga la concertada no precisa ayudas públicas para atender a su alumnado.

Otras medidas excluyentes del dictamen

Dentro del dictamen para la reconstrucción social y económica del país, en el bloque correspondiente a educación, el Gobierno también ha plasmado postulados que PSOE y Unidas Podemos han defendido en otras ocasiones y que también propugna el Proyecto de Ley de Educación (LOMLOE). El texto elevado a Pleno propone, por ejemplo:

  • “Fortalecer la educación pública como columna vertebral de nuestro sistema educativo incrementando la inversión”.
  • Que “las administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública al objeto de poder cubrir todas las necesidades de escolarización existentes”
  • “Elaboración de un plan de extensión de la Educación Infantil con una red pública e integrada de recursos que garantice una oferta suficiente para todos los niños y niñas menores de 3 años. El sistema de educación infantil universal será de carácter gratuito y público […]”

Sin embargo, también propone otras medidas de ayuda por parte de las administraciones autonómicas en las que no apela a esa ‘exclusividad’ de la escuela pública, quedando en duda si el carácter excluyente de la primera medida afecta a todas las demás medidas.

Habrá que esperar a la votación de todas las enmiendas para ver cómo queda finalmente el texto y los apoyos que recaba.

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