El Congreso rechaza el plan de medidas sociales pese a la rectificación de última hora para incluir a la concertada

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  • La plataforma Concertados espera que «el Gobierno tome nota» del sentir social y político que ha provocado con «su política excluyente y segregadora» y que finalmente «la futura Ley Celaá no vulnere libertades fundamentales».
  • Los representantes de la enseñanza concertada permanecerán atentos «para que las ayudas de cualquier tipo no discriminen a nadie por razones ideológicas».

PSOE y Unidas Podemos dieron un giro en el último momento respecto a las ayudas para educación que incluía el dictamen para la reconstrucción del país: retiraron la exclusividad de la escuela pública como beneficiaria de las ayudas, tal y como les pedía la mayoría de la oposición desde hacía semanas. Pese a ello, el bloque de medidas sociales, en el que se incluye la educación, fue rechazado por la mitad del Congreso como castigo a los intentos del Gobierno por ideologizar unas ayudas concebidas para quienes más lo necesitan.

En un paquete de enmiendas transaccionales al dictamen presentadas por los dos partidos en el Gobierno poco antes del Pleno del Congreso de este martes, eliminaron del texto la frase que decía: «La totalidad del incremento de la inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa».

A cambio: «La totalidad del incremento de a inversión irá destinado a cerrar la brecha educativa, dando prioridad a todos aquellos centros que atiendan a alumnado en situación de vulnerabilidad».

Para ello se sirvieron de una enmienda presentada por ERC, con quien habrían acordado la transaccional para forzar a otros grupos a respaldar el bloque de medidas sociales del dictamen, el más contestado por toda la oposición por la exclusión del alumnado de concertada.

Tanto Ciudadanos como PNV, Junts per Catalunya y Coalición Canaria hicieron explícita su negativa a apoyar el bloque de medidas sociales exclusivamente por la exclusión de la escuela concertada que, como dijo Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos, «es educación pública, sostenida con fondos públicos».

Precisamente, un voto particular de Ciudadanos llamaba a que las ayudas públicas fueran al alumnado –y no a los colegios– bajo el argumento de que el derecho a la educación es de los niños y la defensa de la equidad consiste en dar a cada cual lo que necesita [ver entrevista con Marta Martín] .

La propia ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, reconoció la semana pasada en el Senado que “la distribución de fondos públicos” debe ir donde estén “las necesidades de los alumnos” y reconoció abiertamente que hay “centros de titularidad no pública que atienden a alumnado vulnerable”. Pero de su boca no llegó a salir que el Gobierno levantaría su veto sobre el alumnado de concertada en la adjudicación de las ayudas a la reconstrucción.

Este martes, en el Pleno del Congreso, la portavoz socialista Adriana Lastra dedicó su discurso a ensalzar el acuerdo en el contexto de la pandemia e hizo gala de la mano tendida del Gobierno para alcanzar el máximo consenso posible en torno a la reconstrucción social y económica del país. Ahí enmarcó la presentación de 54 enmiendas transaccionales por parte del Grupo Socialista.

Logró el apoyo mayoritario –de hecho, del PP– al bloque de medidas sanitarias y al relacionado con la Unión Europea. Y obtuvo un empate en el paquete de medidas económicas. Pero se le truncó el paquete de medidas sociales con 175 votos en contra: de Ciudadanos, PP, Vox, PNV, JxCat, Coalición Canaria, UPN y Foro Asturias, por la exclusión del alumnado de concertada, y también de Bildu, BNG y CUP. Especialmente Ciudadanos y Coalición Canaria hicieron un alegato en defensa de la enseñanza concertada y de sus garantías constitucionales.

Ciudadanos también calificó de «chapucera» la transaccional sobre educación y criticó que el Gobierno hubiera optado por «negociar a última hora con ERC» en vez de apoyar el voto particular de Ciudadanos que defendía que el derecho a la educación y a la equidad está por encima de la elección del colegio que hagan las familias.

El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, durante su intervención en el Pleno.

El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, durante su intervención en el Pleno.

En cualquier caso, el bloque de medias para educación que  contiene el dictamen seguía encerrando un sesgo en favor de la escuela pública de gestión directa. Por ejemplo, plantea medidas como las siguientes:

  • “Fortalecer la educación pública como columna vertebral de nuestro sistema educativo incrementando la inversión”.
  • Que “las administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública al objeto de poder cubrir todas las necesidades de escolarización existentes”
  • “Elaboración de un plan de extensión de la Educación Infantil con una red pública e integrada de recursos que garantice una oferta suficiente para todos los niños y niñas menores de 3 años. El sistema de educación infantil universal será de carácter gratuito y público […]”
Respuesta de la escuela concertada

Las organizaciones de la enseñanza concertada agrupadas en la plataforma Concertados manifestaron su satisfacción con el resultado de la votación parlamentaria porque supone «la oposición del Congreso a las políticas educativas de un Gobierno que mantiene su campaña de ataque permanente a las familias que eligen los centros concertados».

«La oportunidad que supone un Plan para la Reconstrucción Social y Económica de España tras la pandemia por la COVID-19 debería servir para que nuestro país saliera fortalecido de esta crisis gracias a las propuestas de apoyo y ayuda social a los más desfavorecidos, que también están escolarizados en los centros concertados. Sin embargo, se han intentado aprovechar estas difíciles circunstancias para introducir cuestiones ideológicas en el ámbito educativo que con toda seguridad luego se consolidarán en la futura LOMLOE», señala Concertados en el comunicado emitido tras la votación del Congreso.

La Plataforma Concertados (integrada por Escuelas Católicas, CECE, CONCAPA, COFAPA, FSIE y FEUSO) espera que «el Gobierno tome nota» del sentir social y político que ha provocado con «su política excluyente y segregadora», y que finalmente «la futura Ley Celaá no vulnere libertades fundamentales».

Los representantes de la enseñanza concertada también permanecerán atentos «para que las ayudas de cualquier tipo no discriminen a nadie por razones ideológicas».

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