El derecho fundamental a elegir la educación de los hijos, en el Congreso Católicos y Vida Pública

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La mesa redonda de políticos para hablar sobre libertad de educación y de la libertad de elección de colegio que se celebró en la primera jornada del 21 Congreso Católicos y Vida Pública fue objeto de una especial expectación un día después de que la ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel Celaá, dijera que elegir colegio o enseñanza religiosa no es un derecho constitucional. En la mesa estaba el Subsecretario del Ministerio, Fernando Gurrea, que trató de argumentar las medidas palabras de la ministra y aseguró que no había ninguna sentencia del Tribunal Constitucional que avalara el derecho a elegir colegio como garantía de la libertad de educación.

Por su parte, la diputada por Ciudadanos, Marta Martín, destacó la necesidad de respetar la demanda social, que permita claramente la capacidad de los padres para elegir el centro de enseñanza, así como la formación religiosa y moral para sus hijos; que no exista una diferenciación territorial; y que no se pierda la libertad de cátedra. En consonancia con Martín, la viceconsejera de Política Educativa de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, señaló que “la transparencia y la confianza en el centro educativo es sinónimo de libertad de educación”. La viceconsejera subrayó que “no se puede estar cerca de partidos que coartan esta libertad”.

La presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, criticó el adoctrinamiento en el sistema educativo por parte de la izquierda, ya que “supone una amenaza a la libertad, la neutralidad ideológica y los valores”. Asimismo, Monasterio defendió la libertad y la igualdad de oportunidades, por lo que considera una medida oportuna la implantación del denominado “cheque escolar”.

El Estado, garante del derecho a la educación

El presidente de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfonso Bullón de Mendoza, manifestó durante el acto inaugural que “el Estado no es, en la España actual, el titular del derecho a la educación, sino su garante, pero existe el peligro de que, como en tantos otros ámbitos, el Estado quiera extender su esfera de actuación”. En esta línea, Bullón de Mendoza señaló que “no cabe duda de que una verdadera libertad de educación generará más oportunidades para las familias y una dinámica para la mejora permanente de nuestro sistema educativo”.

El consiliario nacional de la ACdP y arzobispo de Burgos, Fidel Herráez, reivindicó el derecho a la libertad de educación y recordó el principio de subsidiariedad, que supone la primacía de la persona y la sociedad frente al Estado. “Los gobernantes no deben privar de sus ideales a los grupos sociales, familiares y culturales”, ha señalado. En esta línea, el director del Congreso, Rafael Sánchez Saus, subrayó que “no puede haber libertad de enseñanza si los padres no pueden elegir el centro educativo para sus hijos”.

Por su parte, el encargado de negocios de la Nunciatura Apostólica, Mons. Michael F. Crotty, trasladó un mensaje del Papa Francisco a todos los asistentes. Además, destacó que “la educación funciona cuando se deja a la familia ejercer sus derechos y obligaciones, pues la tarea educativa y las convicciones religiosas corresponde en gran parte a los padres”.

La conferencia inaugural corrió a cargo del presidente de la Federación Europea ‘One of Us’, Jaime Mayor Oreja, en la que opinó que “la situación actual es una crisis de civilización, de dimensión marcadamente cultural, de falta creciente de referencias permanentes, de principios y valores, de fe, de carácter antropológico, es decir, derivado del concepto de la persona”. Mayor Oreja consideró de extrema gravedad las palabras de la ministra referidas a la libertad de educación de los padres, “por su simbolismo, por lo que tienen de anticipo de una actitud cultural del próximo gobierno, del Frente Popular, populista, nacionalista”.

Con motivo de esta crisis, Mayor Oreja apeló a fomentar un ambiente familiar más ejemplar y unas instituciones educativas y culturales “que estén a la altura de la extrema dificultad en la que se encuentran los valores y las convicciones que defendemos”. En este sentido, subrayó que “la primera obligación de un católico es defender la razón, pero sin esconder la fe y la trascendencia que nos impulsa, sin esconder nuestras creencias”.

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