La concertada considera que las declaraciones de la ministra son un ataque a la libre elección de las familias

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Las organizaciones de centros y de padres estudian acciones conjuntas y recuerdan que una de cada cuatro familias elige enseñanza concertada en España
La ministra niega que sea un ataque y que se vayan a resolver conciertos ya otorgados

La escuela concertada ha respondido, unida, a la ministra de Educación y Formación Profesional. La intención del Gobierno de suprimir de la LOMCE la “demanda social” como factor a tener en cuenta por las Administraciones para organizar su programación escolar ha sido interpretada como un “ataque” en toda regla a los centros concertados y, sobre todo, a la libertad de las familias para elegir la educación de sus hijos.

Así lo manifestaron ayer los representantes de la Plataforma “Concertados”, entidad constituida por Escuelas Católicas (FERE-CECA y EyG), CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza), CONCAPA (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos) y COFAPA (Confederación de Padres de Alumnos), y en la que también están integrados los sindicatos mayoritarios de la concertada FSIE y USO.

El día que Isabel Celaá hizo su anuncio de reformas en el Congreso de los Diputados, cada una de estas organizaciones mostró sus preocupación por tan repentino varapalo a la concertada. Este viernes, se reunieron para dar, con una sola voz, una respuesta al Gobierno y a la sociedad.

“El sector manifiesta suma preocupación ante medidas como la eliminación del criterio de demanda social –elección de las familias– a la hora de mantener los conciertos, o que la asignatura de Religión, elegida cada año mayoritariamente por las familias, pierda su carácter académico, en lugar de centrar la reforma en los problemas reales que tiene la enseñanza en este país”, dice el comunicado emitido tras la reunión.

La Plataforma “Concertados” también expresa su “sorpresa” por la decisión de aprobar cambios “de forma inmediata y urgente y, por tanto, sin el consenso necesario y sin el diálogo al que apeló la ministra Celaá tras tomar posesión de su cargo”. Las organizaciones de la concertada consideran que se trata de “medidas unilaterales y electoralistas” que “no ayudan a conseguir el Pacto Escolar que demanda y necesita la sociedad”.

“La red concertada”, defienden sus miembros, “es altamente demanda por la sociedad española”, ya que un 26% de familias escolariza a sus hijos en sus colegios, y además “demuestra eficiencia, equidad y calidad al servicio del bien común”.

La Plataforma Concertados acordó una serie de acciones a llevar a cabo: pedir una reunión urgente con Isabel Celaá, así como la convocatoria de la Mesa de Enseñanza Concertada, prevista en la LOE, y realizar una campaña de concienciación e información a la sociedad y a las familias de las consecuencias de las medidas propuestas por el Gobierno.

También este viernes compareció Isabel Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La portavoz del Gobierno fue preguntada por la decisión que afecta a la escuela concertada y aseguró que el Gobierno no va a “atacar” a las escuelas concertadas ni a “resolver conciertos” que ya se hayan concedido. Insistió en que “no hay ninguna amenaza para la red concertada” y que cualquier otra interpretación de sus palabras sería una “especulación infundada”.

 

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