Preocupación en la concertada por los planes del Gobierno

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Las organizaciones que representan a la escuela concertada –colegios, sindicatos y familias– han mostrado su preocupación por la nueva etapa que se abre en el Ministerio de Educación tras el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. Los temores vienen dados, sobre todo, por el proyecto de ley que Isabel Celaá llevó al Congreso en la reciente legislatura exprés de los socialistas. El texto, que prioriza la creación de escuelas públicas en perjuicio de la creación de centros privados concertados, aumenta la vulnerabilidad de las plazas concertadas ya creadas y directamente impide el sostenimiento con fondos públicos de la educación diferenciada. Además, elimina la oferta obligatoria de la asignatura de Religión, que forma parte del ideario educativo de la mayoría de la escuela concertada.

«Tenemos importantes reservas sobre lo expuesto en el acuerdo de gobierno, pero esperamos que haya oportunidad de encontrar soluciones de consenso, como el partido en el Gobierno reclamaba cuando estaba en la oposición», manifiesta Alfonso Aguiló, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), en declaraciones a Europa Press. Aguiló se  muestra «preocupado» por que «la idea de blindar la educación pública pueda entenderse como discriminar a la concertada» y espera que la nueva ley de educación «no se haga contra nadie sino a favor de todos».

El presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Alumnos (Concapa), Pedro Caballero, reconoce estar «alerta». «No sabemos si se van a vulnerar derechos fundamentales como elegir la educación de nuestros hijos, porque en el acuerdo hablan de blindar la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo, y tememos que lo que no esté blindado sobre”, manifiesta en declaraciones a Europa Press.

Además, Caballero cuestiona los anuncios del nuevo Gobierno de “eliminar la segregación escolar por las condiciones de origen de los estudiantes, por sus necesidades educativas especiales o por sexo”, que se atribuye a los centros concertados que tienen educación diferenciada entre chicos y chicas.

“En este país no existe segregación, y si creen que hay segregación, ya están tardando denunciar», manifiesta el presidente de Concapa. «Sí hay educación diferenciada, y está avalada por sentencias de los tribunales”, apunta Caballero.

Por su parte, Escuelas Católicas, pone el acento en la intención del Gobierno de que deje de computar la nota de la asignatura de Religión para el expediente académico. «No estamos de acuerdo con la propuesta de no evaluar religión y que no tenga efectos académicos. Sería una asignatura de segundo nivel, y aunque sea voluntaria debería tener igual peso que el resto de asignaturas”, reclama su secretario general, Luis Centeno

Centeno teme que el próximo Ejecutivo “limite la capacidad y libertad de los padres para escoger la educación de sus hijos” y critica que la universalización de la Educación Infantil de 0 a 3 años que se propone el nuevo Gobierno se planeé “sólo con plazas públicas, sin tener en cuenta los centros privados, porque es limitar otra vez la capacidad de elección de las familias”.

FSIE reclama convocar la Mesa Sectorial de la Concertada

Por su parte, FSIE, la organización sindical mayoritaria en el sector de la enseñanza concertada, ha registrado en el Ministerio de Educación un escrito dirigido a la ministra manifestando su «preocupación por algunas de las medidas pactadas por los socios del Gobierno en materia de educación», razón por la cual pide a Isabel Celaá que convoque «urgentemente» la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada, que no se reúne desde hace más de un año, con un doble objetivo: «Que el Ministerio explique al sector sus objetivos y medidas previstas» y «que pacte un calendario de negociación sobre todos los asuntos que el sector ha planteado y que el Ministerio conoce desde hace ya mucho tiempo».

«Es necesaria la adopción de medidas que mejoren el sistema educativo de forma estable y duradera», dice FSIE en un comunicado. «Medidas que en ningún caso pueden suponer recortes a las libertades constitucionales ni ataques a un sector tan importante del sistema educativo como es la enseñanza concertada». Por ello, el sindicato mayoritario en la concertada asegura que «rechazará con contundencia cualquier política educativa que perjudique a la enseñanza concertada y sus profesionales, y utilizará todos los recursos a su alcance contra posibles medidas encaminadas a la progresiva eliminación de la enseñanza concertada como ya piden algunas organizaciones políticas y sociales».

FSIE ofrece al Ministerio diálogo y negociación para poder alcanzar acuerdos y espera que «ésta sea la vía que permita afrontar una nueva reforma del sistema educativo que sea estable, duradera y respetuosa con los derechos constitucionales y los acuerdos internacionales».

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