La LOMLOE comienza su trámite parlamentario

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El Consejo de Ministros del pasado martes aprobó el Proyecto de Ley de Educación con el que el Gobierno persigue derogar la LOMCE, compromiso del PSOE desde que ésta se aprobó en el año 2013. De esta manera el texto de la LOMLOE llega al Congreso de los Diputados para iniciar su trámite parlamentario, lo que implica su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional y la presentación de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios. El proceso puede durar meses antes de que la ley sea votada en el Pleno del Congreso, donde harían falta 176 votos (21 más de los que sumarían PSOE y Podemos) para su aprobación.

La propuesta legislativa del Gobierno es la misma que aprobó hace un año, cuando la convocatoria electoral frenó su tramitación parlamentaria: pone trabas a la enseñanza concertada, desdibuja la asignatura de Religión, elimina los itinerarios de la ESO (pero no del todo), permite obtener el título de Bachillerato con una materia suspensa y antepone los criterios de programación de las administraciones por encima del derecho de las familias a elegir la enseñanza de sus hijos en condiciones de igualdad.

La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, declaró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la «enseñanza personalizada es el corazón» de la LOMLOE y que tiene entre sus principales objetivos evitar la «segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de cualquier otra naturaleza».

El Ministerio de Educación ha presentado el proyecto de ley con un argumentario triunfal que asegura que el nuevo texto ”alinea la educación española con las tendencias pedagógicas más innovadoras del panorama internacional” y “pretende posicionar a España entre los países con mejor educación”.

Sin embargo, gran parte de las mejoras que dice que va a conseguir –como la “flexibilización del currículum”, haciéndolo “más competencial” y eliminando los “contenidos enciclopédicos y memorísticos”– dependen, más bien, de los desarrollos posteriores en los decretos curriculares, de los desarrollos autonómicos y de la capacidad de adaptación del propio profesorado.

Además, enmarca su ley como garante de los derechos de la infancia y la igualdad de género, como si las leyes educativas anteriores hubieran sido tibias o dudosas en esos aspectos. Y siembra dudas sobre la función de los colegios concertados al trasladar la idea de que no todos tienen fines sociales como los del Estado. Eso, en un texto que aspira a ser ley orgánica y a perdurar en el tiempo.

Agravio a la concertada

En el argumentario que arropa su proyecto de ley, el Gobierno traslada la idea recurrente de que parte de la educación concertada tiene fines exclusivamente lucrativos y rechaza al alumnado de niveles socioeconómico más bajos, contribuyendo a la segregación educativa, y lo fundamenta en datos que, según las organizaciones que representan a la enseñanza concertada, son falsos o no han podido ser demostrados.

La ministra, Isabel Celaá, también suele censurar públicamente que un colegio pueda ser financiado con fondos públicos si tiene beneficios como si ésa fuera una tónica habitual, cuando los datos oficiales demuestran que, en general, el gasto público en centros concertados es menor que el coste de la enseñanza y que la financiación que reciben los centros apenas cubre el gasto en personal.

Por su parte, la patronal de centros educativos CECE ha mostrado su “preocupación” con el proyecto de ley al considerar que “legisla de manera de lesiva” contra la enseñanza concertada y “rompe el equilibrio” que ésta ha mantenido durante años con la enseñanza pública.

“El texto del proyecto de ley recorta los derechos de las familias, cuya libertad de elección quedará subordinada a la planificación de las administraciones educativas”, asegura CECE, que advierte de que la ley “supondrá una pérdida de igualdad de oportunidades” para el acceso a una educación plural entre quienes tienen menos recursos.

“Nuestro país necesita leyes que no caigan en posiciones extremas y que puedan permanecer durante años, sin dar vuelcos a cada cambio político”, añade la patronal educativa en un comunicado que califica la redacción de la ley de “precipitada”. “La normativa básica debe proteger los derechos relativos a la educación en todo el territorio del Estado”.

Respecto a las acusaciones a una parte de la enseñanza concertada por parte del Gobierno, CECE responde: “Reiteramos nuestro compromiso social con la población de bajos recursos y la población inmigrante, así como con la inclusión de alumnos con necesidades especiales. Y ofrecemos nuestra colaboración y esfuerzo para contribuir a lograr una nueva ley que responda a los actuales desafíos, y mejore la equidad y la excelencia de nuestro sistema educativo”.

Los cambios que primero llegarán las aulas

 A efectos prácticos, los cambios que primero generará la ley –si llega a aprobarse– serán éstos:

  • La asignatura de Religión será de oferta obligatoria en los centros y elección voluntaria por parte de las familias. Sin embargo, no tendrá una asignatura espejo, lo que generará una doble complicación: para los centros educativos y para las familias, para las que es inevitable preguntarse si los niños que reciban clase de Religión tendrán más horas lectivas. Sus calificaciones no computarán para el expediente académico.
  • La introducción de la asignatura de Valores Cívicos en un curso de Primaria y en otro de la ESO.
  • La eliminación de la obligatoriedad de elegir itinerario en 4º de ESO (hacia FP o hacia Bachillerato). Sin embargo, el proyecto de ley establece la posibilidad de fijar asignaturas de libre elección en función del itinerario académico que los alumnos vayan a seguir después.
  • La etapa de Educación Primaria vuelve a estar organizada en tres ciclos.
  • Los alumnos de Bachillerato podrán obtener el título con una materia suspensa.
  • Los alumnos que superen la FP Básica también obtendrán el título de ESO
  • Las Administraciones autonómicas que lo deseen no renovarán los conciertos a los colegios con educación diferenciada. (Podemos quiere que se prohíba de facto la financiación pública de estos centros.)
  • Las Administraciones estarán obligadas a construir colegios públicos antes que autorizar el concierto de nuevas aulas o nuevos centros.
  • Las Administraciones de Comunidades con dos lenguas oficiales volverán a decidir el 45% de sus desarrollos curriculares.
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