Las observaciones del Consejo Escolar para mejorar la ‘ley Celaá’

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El Consejo Escolar del Estado sometió a votación del Pleno el informe elaborado por la Comisión Permanente sobre el anteproyecto de ley del Ministerio, 551 enmiendas presentadas por las organizaciones representadas en el Consejo y, además, un informe alternativo realizado por el sindicato USO.

Tanto el informe alternativo como 431 de las enmiendas presentadas han sido rechazadas por mayoría. Sólo 120 han salido adelante y 71 de ellas han contado con el visto bueno del Ministerio de Isabel Celaá.

El Pleno del Consejo Escolar del Estado ha votado favorablemente el Informe sobre el Anteproyecto elaborado por la Comisión Permanente. Si bien este texto sugiere alguna modificación de calado, no se hace eco de las principales críticas al Anteproyecto realizadas por parte de la comunidad educativa –especialmente de los representantes de la escuela concertada– en materia de libertad de enseñanza, demanda escolar por parte de las familias, responsabilidad de padres y madres en la educación de sus hijos, autonomía escolar, pérdida de poder de la dirección frente a un consejo escolar convertido órgano de gobierno…

Éstas son las principales “observaciones” que la Comisión Permanente del Consejo Escolar hace al Ministerio:

  • Incluir en el Anteproyecto de Ley Orgánica una memoria económica, así como «un compromiso explícito de incremento del gasto público en educación». También, que se comprometa una Ley de Financiación del Sistema Educativo Español.
  • “Fijar una proporción mínima de uso de la lengua castellana en todo el Estado, como lengua oficial que es”.La reforma de Isabel Celaá deja que sean las administraciones autonómicas las que fijen el número de horas en lengua castellana. “Al ser la lengua castellana patrimonio común de todos los españoles” y al “darse la circunstancia negativa en algunos puntos del Estado de asignar un uso marginal a la lengua castellana”, “no parece conveniente que la Administración Central haga delegación total de su uso vehicular en el ámbito educativo a las Administraciones autonómicas”, dice el informe de la ponencia.
  • También pide que el Gobierno no eluda su responsabilidad en la «homogeneización» de todo el sistema educativo. Por ejemplo, no sometiendo las evaluaciones de diagnóstico a “lo que dispongan las administraciones educativas”, sino “según disponga el Gobierno, previa consulta a las Administraciones educativas”. Asimismo, señala que “el diseño de estas pruebas de diagnóstico, así como su contenido, características y criterios de evaluación serán establecidos por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, previa consulta a las Administraciones educativas”.
  • Censura que, en virtud de la autonomía de centro, se permita la libertad de fijación de horarios escolares y jornadas lectivas.
  • Admite que el texto no reconoce la responsabilidad de padres y madres en la educación escolar de sus hijos, y señala que “el Estado, para cumplir con sus obligaciones, debe estar al servicio y tener en cuenta por tanto a las familias”. Sin embargo, esta observación no se traduce, por ejemplo, en pedir que la programación de la enseñanza respete la demanda escolar de las familias. La Ponencia se limita a sugerir que la ley diga que el Estado tiene la obligación de “dar el apoyo necesario a las familias, espacio necesario para su pleno y armonioso desarrollo, para que estas puedan asumir plenamente sus responsabilidades”.
  • También sugiere la creación de una Mesa de las Familias y de una Mesa de los Alumnos.
  • El Informe de la Ponencia se hace eco de una de las críticas públicas cosechadas por el anteproyecto en materia de admisión de alumnos: “El proceso de admisión se regirá por los criterios prioritarios de existencia de hermanos matriculados en el centro, padres, madres o tutores legales que trabajen en el mismo, proximidad del domicilio o lugar de trabajo”.
  • Señala que «la determinación del currículo correspondiente a la asignatura Religión será competencia de las respectivas autoridades religiosas». 
  • El director no debería ya superar “un programa de formación sobre el desarrollo de la función directiva”, sino que “la persona candidata” a la dirección “debe haber superado previamente una evaluación de su ejercicio profesional como directivo, o, en su defecto, como docente”.
  • «Las becas y ayudas al estudio que se concedan para cursar estudios universitarios y no 16 universitarios con validez académica oficial serán inembargables en todos los casos. Las becas y ayudas al estudio tendrán carácter de derecho subjetivo para alumnado y familias, y se eliminará el adelanto de dinero por parte de las familias.”
  • Pide al Ministerio que las Administraciones puedan contratar profesorado o auxiliares que hablen en lenguas extranjeras “mientras exista insuficiencia de personal docente con competencias lingüísticas suficientes” y “atendiendo a las necesidades de programación de la enseñanza para el desarrollo del plurilingüismo”.
  • Quiere que el texto orgánico refleje lo siguiente: “Las administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que el profesorado en ejercicio en los centros sostenidos con fondos públicos a la entrada en vigor de esta Ley no resulte perjudicado en sus condiciones laborales por la aplicación e implantación del nuevo currículo.”
  • Hace un alegato en defensa y promoción de la escuela rural.
  • Y, “dada la complejidad del mundo actual”, recomienda incluir “Historia del Mundo Contemporáneo” como materia común en todas las modalidades del Bachillerato.

 

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