Una sola voz en la concertada para decir no a la ‘ley Celaá’

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Escuelas Católicas, CECE, FSIE, FEUSO, CONCAPA y COFAPA lanzan un decálogo de razones contra la reforma educativa del Gobierno socialista
La escuela concertada es el 25% del sistema educativo, llegando a tener el 30% del alumnado de la educación básica

Las organizaciones más representativas de la enseñanza concertada en España –colegios, sindicatos docentes y familias– han lanzado un mensaje claro, y unánime, al Gobierno y a la sociedad: una reforma educativa no puede dar la espalda a la cuarta parte del sistema educativo y no puede hacerse deprisa y corriendo, sin la búsqueda de consenso.

Escuelas Católicas y CECE, como organizaciones que aglutinan a la práctica totalidad de de colegios concertados; CONCAPA y COFAPA, que agrupan a los padres y madres de los alumnos; y los sindicatos FSIE y FEUSO, con la mayoría de delegados sindicales en la concertada, han elaborado un manifiesto en el que concretan las 10 razones por las que se oponen al anteproyecto de ley orgánica presentado por el Ministerio de Educación.

Planteadas a modo de decálogo contra “el cambio en la legislación educativa que nos quieren imponer”, pretenden explicar a la sociedad los motivos por los que no puede salir adelante el proyecto del Ejecutivo socialista presentado por Isabel Celaá:

  1. Se escuda en una urgencia educativa que no existe.
  2. Carece del más mínimo consenso.
  3. Asfixia el derecho a la libertad de enseñanza.
  4. Restringe el derecho de las familias a elegir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos.
  5. Relega la enseñanza concertada a un papel secundario.
  6. No incorpora ninguna medida que mejore las condiciones de los profesores de los centros concertados.
  7. Conculca el derecho a la dirección de centro.
  8. Suprime las referencias a la asignatura de Religión.
  9. Omite las necesarias previsiones económicas para hacer frente al coste real del puesto escolar para que su financiación se equipare con la de los centros públicos.
  10. Adopta algunas medidas académicas dudosas, como la de titular en Bachillerato con un suspenso.

Consultadas, una a una, las diferentes organizaciones, podemos concluir que su principal preocupación ante esta nueva reforma educativa es:

  • Su finalidad, “más política que educativa”.
  • La imposición, la ausencia de diálogo previo y el desprecio por un pacto que la sustente.
  • La amenaza para la escuela concertada y, en consecuencia, para la estabilidad del sistema educativo.
Los colegios

José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, se pregunta “qué miedo tiene el Gobierno a reconocer la demanda social en educación”.

Alvira señala que esta reforma “obedece más a una urgencia política que educativa” y por ello “no han dado oportunidad de debatir ni de acordar nada”.

“Da la impresión de que los consensos son lo de menos y que lo único importante es derogar la Lomce, y que buscan ese trofeo de cara a las próximas elecciones”.

Pese a ello, Alvira cree en la voluntad de diálogo de la ministra Celaá y Alejandro Tiana. En su opinión, “las prisas vienen desde fuera” y “desde arriba”. “Tenemos una situación política rara y anómala que está provocando situaciones igualmente anómalas en educación”.

De la misma manera, Alfonso Aguiló, presidente de CECE, lamenta que “con ese texto se vuelva a querer tramitar un una ley educativa sin consenso”.

“Lo mismo que se criticó a la ley Wert vuelve ahora a suceder, pero con más prisa que la vez anterior”, observa Aguiló, que subraya como “particularmente irritante el intento de programar la enseñanza ignorando la demanda social”.

Para el presidente de CECE, “supone una muestra clara de que se desea forzar la voluntad de las familias incrementando la oferta de plazas públicas y reduciendo las concertadas en contra de la demanda real”.

En su opinión, “el derecho a la educación se está queriendo transformar poco a poco en derecho a la educación pública, lo cual supone una amenaza para la pluralidad”. “Y los cambios que la ley pretende hacer en los consejos escolares”, añade, “son un gran lastre para la dirección y la autonomía de los centros”. En este sentido, Aguiló se pregunta por qué no habría que “hacer lo mismo con los sindicatos y los partidos políticos, que también reciben dinero público.”

Pero la enseñanza concertada no son sólo sus gestores y administradores. Son, fundamentalmente, las familias que han elegido esos colegios para un 25% del alumnado español. Y también sus docentes, históricamente en inferioridad de derechos laborales en comparación con sus colegas de la pública, pese a ejercer todos ellos la enseñanza sostenida con fondos públicos.

El presidente de CECE, Alfonso Aguiló, y el secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, departen con la ministra Isabel Celaá en el Consejo Escolar del Estado el pasado mes de noviembre.

Las asociaciones de padres y madres

Las confederaciones de asociaciones de padres CONCAPA y COFAPA están también tras el manifiesto de rechazo a la reforma educativa en los términos en los que se ha planteado.

Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de COFAPA, subraya, precisamente la “unión” de toda la concertada: “Los profesores, los padres y los centros, que son los tres pilares de la enseñanza, vamos todos a una”, incide.

“Nos sorprenden los modos del Ministerio, la ausencia de consenso”, que es clave para la estabilidad del sistema. “Las familias escolarizamos a nuestros hijos a lo largo de 16 años por lo menos, pero aquí las leyes caducan antes de que nuestros hijos hayan salido de la escuela”, critica.

Para la presidenta de COFAPA, el anteproyecto de ley “limita la aportación de los padres y las madres en la educación de sus hijos”. “No hay confundirlo con la participación de los padres en el Consejo Escolar, que tiene que ver con cuestiones organizativas de los centros, no con el tipo de educación que se imparte”, puntualiza.

Según Ladrón de Guevara, “el Gobierno prioriza un modelo igual para todos” al “obviar la demanda social” y “restringir la pluralidad de oferta educativa en la que poder elegir”. “Al final, limita el derecho de los padres a elegir el colegio de nuestros hijos, pese a estar éste reconocido en el artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos”.

A la Declaración de Derechos Humanos también apela Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA.

“Con esta ley, el Estado asume la autoridad plena de la educación de nuestros hijos y nos la quita a los padres”, señala. “El Estado apadrina la educación de nuestros hijos y, a partir de ahí, viene todo lo demás: eliminar la demanda social, suprimir la Religión…”, explica Caballero.

El presidente de CONCAPA, que lamenta “la falta de sensibilidad del Gobierno hacia las familias”, muestra su descontento, además, con que el Ministerio se haya reunido hasta ahora sólo con los representantes de las familias de la escuela pública.

“Si la ministra nos excluye, nos tendrá enfrente”, concluye Pedro José Caballero.

Los representantes de CECE, Escuelas Católicas, Cofapa, Concapa, FSIE y FEUSO, juntos, el pasado verano, cuando empezaron a trabajar juntos, tras los anuncios del Ministerio de eliminar la “demanda social” de la legislación educativa.

Los sindicatos docentes

La otra pata de la concertada son sus profesores. FSIE es el sindicato con mayoría de delegados sindicales (41%) y FEUSO el segundo (28%). Los dos han participado también en la elaboración del manifiesto.

Una vez más, FSIE también observa una urgencia política más que una preocupación educativa. Pero lo más negativo, según su secretario general, Francisco Javier Muñoyerro, es la constatación de que “no hay ninguna posibilidad de un pacto que dé la estabilidad necesaria al sistema educativo”. “Es todo un despropósito”, califica al recordar los últimos movimientos políticos desde que el PSOE abandonó la Subcomisión del Pacto.

Respecto al texto del Ministerio, le preocupa que se haya “perdido la oportunidad de dar un trato de igualdad” a todos los docentes, pero más aún la inestabilidad laboral a la que queda expuesto el profesorado de los colegios al favorecer el anteproyecto la eliminación de unidades concertadas.

Por su parte, Antonio Amate, secretario general de FEUSO, censura que la reforma “ataque la complementariedad de las redes” pública y concertada al situar a ésta “en una posición subordinada”. Aunque la ministra niegue el ataque a la concertada, “está claro que la debilita”, incide Amate.

El dirigente de FEUSO subraya también que la reforma “se ha olvidado del profesorado” de la concertada al no hacer ninguna referencia al mismo ni introducir una regulación estatal sobre sus derechos y obligaciones.

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