Alfonso Aguiló: «La educación necesita atender problemas reales, no banderas ideológicas»

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Ha sido volver a intentar poner en pie una legislatura junto a Podemos, y el PSOE ha vuelto a atacar a la escuela concertada. Como un peaje de gobierno, la ministra volvió a proclamar que la programación de la enseñanza por parte de la Administración está por encima del derecho de los ciudadanos a elegir la educación escolar de sus hijos. Lo hizo en un congreso de Escuelas Católicas y con el refuerzo posterior de un comunicado lleno de sentencias del Tribunal Constitucional interpretadas libremente y con un argumentario político, enviado por el PSOE a todas sus delegaciones. Hablamos de todo ello con Alfonso Aguiló, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, que no deja de sorprenderse por «esa obsesión con la demanda social» de «este PSOE» que «no es el de toda la vida» y «el que creó un modelo que llevaba 35 años funcionando».

P.– ¿Qué opina del argumentario del PSOE sobre la concertada, conocido la semana pasada, después del tsunami provocado por la ministra? Parece que el interés en cuestionar el derecho a elegir está enfocado, no a la enseñanza en general, sino a la concertada en particular y, concretamente, a la concertada religiosa.
R.– Aquí parece que la batalla de los argumentos empieza a ser secundaria. Bastantes de los argumentos que da la ministra y que da el Partido Socialista no son coherentes. Tienen que construir un estereotipo sobre la enseñanza concertada diciendo que es un negocio, que es dinero para la Iglesia y que genera un gueto segregador y adoctrinador. Son estereotipos para un público previamente ya convencido al que se quiere jalear.

P.– ¿Cómo combatir esos estereotipos?
R.–
No ocultando ni manipulando la realidad. El dinero de los conciertos va directamente a las cuentas corrientes de los profesores y la partida de otros gastos apenas llega para cubrir unos poquitos gastos generales. No puede decirse que a la Iglesia le llegue nada. En cuanto a la supuesta selección de alumnos, la realidad es que el colegio lo pide la familia que lo quiere y, luego, el sistema de admisión depende de las consejerías. Los baremos son los mismos que para la enseñanza pública. Hay un punto que es del centro, pero basado en criterios objetivos y que tampoco sería una tragedia que lo quitaran. Si ése fuera el punto de discusión, pues se discutiría.

P.– ¿Y sobre el estereotipo del adoctrinamiento?
R.–
La realidad es que el carácter de los centros, sean religiosos o no, está publicado en todos los sitios, lo firman las familias al llegar, pueden escoger otro y está dentro de la pluralidad que recoge la Constitución.

P.– ¿Y sobre el estereotipo de segregación de los colegios de educación diferenciada qué puede decir?
R.–
Que se invoca al Tribunal Constitucional, o se le olvida, cuando interesa. Si el Constitucional ha dicho que el modelo no es discriminatorio, no deberíamos cuestionarlo mucho más. Es un modelo que está extendido en muchos países del mundo, y en países a los que no debemos dar lecciones de democracia, de igualdad y de derechos. Pero ellos siguen alentando el estereotipo de que es un modelo asociado a creencias antiguas.

P.– Todo esto que usted dice lo saben las familias que llevan a sus hijos a colegios concertados, que son el 30% del alumnado en enseñanzas obligatorias. No es un porcentaje desdeñable como para obviarlo con estereotipos.
R.–
Creo que habría sido más acertado matizar las palabras de la ministra que afincarse aún más en la posición. A medio o largo plazo les puede salir caro en votos. Porque decir a las familias que no se preocupen, que ya van a elegir colegio por ellas, no creo que sea buena idea. La libertad de elección no es sólo para entrar en un colegio concertado, sino que también afecta a la enseñanza pública. Que se plantee que tú no puedes elegir entre dos centros públicos porque te lo van a dar programado y te van a decir qué es lo que más te conviene es una vuelta a tiempos autoritarios de grandes tutelas de los poderes públicos, que yo pensé que ya estaban superados.

P.– En su argumentario, el PSOE dice que el derecho a la libertad de elección no conlleva obligación a concertar unidades.
R.– Pero nosotros no estamos pidiendo la obligación de concertar unidades; estamos pidiendo que no puedan quitar unidades que ya existen y que tienen tanta demanda como las de su entorno. Queremos que la planificación educativa no vaya contra la demanda de las familias. Entendemos que si en una población no hay más que 20 nacimientos, no puede haber más que un centro, que seguramente será público. Pero si hay 50 nacimientos y ya hay un colegio concertado que tiene al menos la misma demanda que el público, no se puede planificar que haya dos líneas en centro público. Lo que pedimos es que una Administración no pueda quitar aulas de la concertada que tienen igual o más alumnos que la ocupación media de su entorno para dárselas al público. Cuando ha ocurrido eso, los jueces siempre han devuelto esas aulas a los colegios concertados, es decir, han obligado a devolver el concierto a esas aulas. Los colegios no deberían estar en los tribunales cada dos por tres a capricho de determinadas administraciones.

P.– ¿Entonces no cree a la ministra cuando dice que la concertada no tiene nada que temer?
R.–
Con esta polémica tememos que lo que quieren es eso: que puedan quitar aulas con alumnos en contra de la voluntad de las familias y de los alumnos. Parece que eso es lo que están buscando, y obligar por la fuerza de la programación lo que no logran por sí mismas las escuelas, que es atraer alumnado hacia ellas.

P.– Dice el argumentario del PSOE que el concierto no depende de la creación ni de la demanda, sino de la planificación.
R.–
Eso es como decir ‘yo concierto lo que me parezca, no lo que quieran las familias’. Creo que el concierto tiene que depender de la demanda. Cuando un ayuntamiento construye o amplía un polideportivo, trata de dar respuesta a los usos que demanda la población: si tiene listas de espera para tenis o pádel, hará antes más canchas de tenis o pádel que otra nueva pista de atletismo si con una le basta. Lo normal es que adapte su oferta a lo que demandan los ciudadanos, no forzar a los ciudadanos a que hagan lo que su planificador quiere. Me parece que es un planteamiento alejado de lo que un país democrático desea. Hay muchas cosas que se rigen por la elección libre de los ciudadanos: el número de escaños y de concejales de un partido, o el número de representantes sindicales. Los ciudadanos eligen el periódico que leen y la cadena de televisión que ven. Recortar la libre decisión de los ciudadanos y hacer una programación que fuerce la libre decisión de los ciudadanos es lo que nos parece totalmente inasumible.

P.– Y afirman que la defensa del supuesto derecho a la elección de centro enmascara, en demasiadas ocasiones, el principio de selección de alumnos por el centro.
R.– Si ellos saben que algún centro está discriminando al alumnado, tienen que decir dónde se está discriminando y denunciarlo, pero que no desprestigien al sector. Todos sabemos que el proceso de admisiones está todo informatizado en las consejerías y que incluso se puede solicitar la plaza telemáticamente sin tener que visitar un centro, y que luego salen unos listados. Aquí la mayor discriminación es la que llevamos denunciando durante años y que recoge el Observatorio de Discriminación al Alumnado de Concertada, que es la de excluir a gente con bajos recursos, y entre ellos muchos inmigrantes, del acceso a becas de comedor y transporte sólo por el hecho de elegir un colegio concertado para sus hijos. Las propias administraciones son las que impiden que familias de bajos recursos accedan a un concertado porque el autobús de la ruta, pagado con fondos públicos de los impuestos que pagamos todos, pase por la casa de un niño y no lo recoja porque su familia ha preferido que vaya a un colegio concertado y no a uno público; o que no pueda comer en el colegio por la misma razón. Y después de discriminar a las familias y a los centros de esa forma, dicen que son los centros los que discriminan por no tener a esos alumnos. Quienes discriminan son los que hacen esas normas.

P.– Reclaman como “lógico” que los centros que se quieran acoger al régimen de conciertos cumplan la obligatoriedad de hacer efectivo el principio de gratuidad.
R.– Precisamente, los colegios llevamos años pidiendo que se cumpla el principio de gratuidad y que el módulo de conciertos responda al coste de la enseñanza para que no haya que pedir aportaciones voluntarias a las familias, que, insisto, son voluntarias. Muchas veces los centros tienen que vivir de la contribución a gastos generales que hacen las actividades extraescolares. Precisamente dicen lo que decimos nosotros, pero manipulado para emplearlo en contra de la enseñanza concertada.

P.– ¿Qué opina de la afirmación “el PP ataca a la pública con la LOMCE, que ha dado cobertura legal a su privatización” e “impone un modelo que ampara la privatización y la segregación”?
R.–
Esto es una simpleza. Todas las quejas de que en la Comunidad de Madrid se han construido centros concertados responden a unas decisiones políticas previas a la LOMCE. La LOMCE no cambió nada. Y con el proyecto de ley que está en el Congreso, eso se puede seguir haciendo; no prohíbe a una comunidad autónoma planificar la enseñanza como quiera y, si quiere concertar más plazas, puede hacerlo. Escudándose en algo que se ha producido antes de aprobar la LOMCE, quieren cambiar esa ley para hacer algo que va contra la concertada. Y dicen que no es un ataque a la concertada. Es un malabarismo asombroso.

P.– ¿Dónde está la amenaza entonces? ¿En que igual que se pueden concertar más, se pueden eliminar conciertos?
R.– Quitando el factor de la demanda social a la hora de programar la enseñanza se consigue que una administración pueda quitar aulas concertadas llenas de alumnos, que es lo que han intentado en Andalucía, Comunidad Valenciana, en Aragón, y que es lo que los tribunales les han impedido. Al final, la equidad de las leyes se lo impide, y lo que hacen es ir contra la equidad.

P.– Pero para aprobar una ley que ya está hecha y que ya está en el Congreso, no hace falta recurrir a declaraciones tan llamativas y provocadoras. ¿O es que hay que esperar algo más de lo que ya hay?
R.– Éste no es el PSOE de toda la vida, con el que llevamos años hablando; no es el mismo que creó el concepto de ‘concertada’ inspirándose en la ley francesa del 59 ni el que creó un modelo que llevaba 35 años funcionando. Es desconcertante esa obsesión por eliminar la demanda social o recortar la libertad de elección de los padres. También hay que decir que la financiación con fondos públicos de la enseñanza privada está presente en casi todos los países de Europa; no somos ninguna excepción. Nos preocupa que se diga que la LOMCE ha provocado un gran crecimiento de la concertada, sobre todo en Madrid, cuando todos sabemos que la concertada lleva 30 años estabilizada en los mismos porcentajes en toda España, también en Madrid, y que todos los nuevos centros concertados que se han creado en Madrid (unos 90, frente a 280
públicos) han nacido antes de la LOMCE. Y que quitar la referencia a la demanda social del Artículo 109 no impide en absoluto que haya nuevos centros, lo que busca es poder quitarles aulas poco a poco. No hay más que ver qué no hay datos en este argumentario del PSOE que sustenten lo que dicen.

P.– Con ausencia de datos, ¿es en la arena de las ideologías donde quiere jugarse una vez más la partida de la educación?
R.– Hablamos de una cosa muy seria: de la educación, del futuro del país, de derechos, de libertades, y de nada menos que un 25% de alumnos españoles con sus familias y sus docentes detrás. Nosotros hemos tratado siempre de hablar con datos en la mano. Y es evidente que quitarle aulas a los colegios concertados no mejora la enseñanza de un país; ni tampoco atacar la educación diferenciada, ni atacar la asignatura de Religión. No son los problemas de la educación. Por eso parece que se buscan banderas ideológicas contra un problema inexistente, en vez de centrarse en problemas reales, en esforzarse por diagnosticarlos y por encontrarles soluciones, que es lo que necesita la educación. Es una pena que ahora mismo lo que se está debatiendo en educación es si puedes elegir colegio o no, en vez de cómo hacer mejores colegios… Tener que escuchar al Gobierno decir que el lugar donde educas a tus hijos tiene que responder a una planificación del propio Gobierno es un retroceso en libertades y una vuelta lamentable a tiempos autoritarios. Pero, además, la cuestión es: ¿en qué mejoras la educación si debilitas a unos o a otros? ¿En qué mejoras la educación si le quitas aulas concertadas? ¿En qué mejora si le dices a los padres que el Estado va a tutelar su elección de colegio conforme a una programación de quien gobierna? Centrar ahí los debates es una traición a las verdaderas necesidades de la enseñanza.

P.– Justo abordar los retos más grandes que tiene la educación es el objetivo de los congresos de CECE que se celebran cada año. En unos días se celebra el número 47, centrado en la transformación de la educación para una sociedad compleja, plural y digital.
R.–
La educación se está transformando porque la transformación de la familia, de la sociedad, de las costumbres, de la capacidad de atención de los alumnos, de los mercados laborales, de la cultura es muy rápida, y la escuela tiene que hacer un esfuerzo por adaptarse a ese nuevo escenario. Eso no significa que la escuela tenga que cambiarlo todo, pero hay cosas que sí deben modificarse. Y ese reto, que no tiene color político, queda totalmente oscurecido en estos momentos por este debate provocado por la ministra.

P.– ¿Cómo viven los centros y sus docentes este cuestionamiento recurrente?
R.–
Con preocupación. Cuando uno está de la mañana a la noche luchando por educar mejor a unos alumnos, por atender mejor a unas familias, por adaptarse a los cambios sociales, que todo el apoyo que encuentras sean descalificaciones basadas en estereotipos produce cierto desánimo. Es verdad que produce cierto desánimo y sabremos cómo sobreponernos.

P.– ¿Contemplan la posibilidad de hacer movilizaciones?
R.–
Por unas declaraciones, no. Pero si llega a ser algo que se lleve a efecto, por supuesto que sí. Si se aprueba una ley que respalda a administraciones educativas invasivas para ir contra la libertad de las familias, nos tendrán en frente y en los tribunales. Hay jurisprudencia previa a la LOMCE sobre todos estos temas, y no les va a ser fácil, pero estaremos ahí todo el tiempo para decírselo si van contra de la voluntad de las familias.

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