- La escuela concertada es gratuita, cumple la ley y apuesta por la transparencia en admisión y en toda su actividad.
- Los servicios y actividades no obligatorios se ofrecen con autorización administrativa, precios publicados y contratación libre por las familias; las aportaciones son voluntarias y no condicionan la escolarización.
- CECE pide rigor y evidencia independiente ante informes de parte y recuerda que España cuenta con una colaboración público-privada consolidada: lo relevante es cumplir la ley, informar con claridad y ofrecer buenos resultados.
Ante los mensajes que vuelven a circular sobre la escuela concertada, CECE reafirma un hecho claro: la educación concertada es gratuita, cumple la ley y respeta la libertad de elección de las familias, con un compromiso firme de transparencia en los procesos de admisión y en toda su actividad.
Rechazamos cualquier práctica irregular. Al mismo tiempo, recordamos que las familias tienen derecho a realizar aportaciones voluntarias o a participar en actividades y servicios, conforme a la normativa vigente.
El contenido del informe presentado por CICAE no supone ninguna novedad respecto a años anteriores. Los informes de parte como este deben contrastarse con evidencia independiente. Investigaciones con microdatos del INE muestran una realidad diversa de la concertada y desaconsejan generalizaciones o estigmas globales.
Los servicios y actividades no obligatorios —como comedor, aula matinal, extraescolares, enfermería o viajes— se ofertan con autorización administrativa, precios publicados y contratación libre por parte de las familias, igual que sucede en la red pública y en otros ámbitos de la vida cotidiana. Las aportaciones son siempre voluntarias y no condicionan la escolarización ni la evaluación.
Más de un millón de familias confían cada año en la concertada por su pluralidad de proyectos, su calidad educativa y las soluciones de conciliación que ofrece. Nuestro compromiso es que esa elección sea gratuita en la enseñanza obligatoria, conforme a la normativa vigente y con total transparencia.
La Inspección educativa realiza controles exhaustivos y existen canales de quejas con plazos de respuesta supervisados por la Administración. Si se produce cualquier incidencia, se debe corregir con rapidez, en este ámbito como en cualquier otro, pero no se pueden hacer generalizaciones injustas.
Rechazamos etiquetas y relatos que dividen. El concierto educativo protege los derechos de las familias independientemente de la titularidad.
Defendemos la iniciativa privada y la colaboración público-privada: España cuenta con un Estado garante y una ejecución mixta (pública y privada) en numerosos servicios —sanidad, dependencia, agua, transporte—. En educación, lo relevante tampoco es la forma jurídica del titular, sino el cumplimiento de la ley, la transparencia y los buenos resultados. Pedimos la misma vara de medir para todos.
