El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de Educación que derogaría la LOMCE el mismo día que el presidente del Gobierno ha convocado elecciones para el 28 de abril. Dado que las Cortes se disolverán el 5 de marzo, las perspectivas de que llegue a debatirse en el Congreso de los Diputados es prácticamente nula, según ha reconocido la propia Isabel Celaá.

La razón dada por la ministra a la pregunta que todo el mundo se hacía –¿por qué aprueban un proyecto de ley que no va a tramitarse?– es que lo han aprobado «por respeto» a todas las personas que han respaldado la elaboración de esta ley y han participado en ella.

«El texto es el resultado de un amplio proceso de participación», dice el Ministerio, «con más de 43.000 correos electrónicos recibidos en una primera fase de consultas; la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación –con los máximos representantes educativos de las comunidades autónomas–; las aportaciones de la mayor parte de las comunidades autónomas, de los consejos escolares autonómicos y de varios ministerios, así como reuniones bilaterales o multilaterales con un centenar de asociaciones y organizaciones del mundo educativo».

La tramitación depende, en última instancia, de la Mesa del Congreso, pero la composición de la misma (PP y Ciudadanos, 5; PSOE y Podemos,4) no favorece al Gobierno. En cualquier caso, tres semanas para la disolución de la Cámara es muy poco tiempo.

Así que lo más probable es que la legislatura de Pedro Sánchez acabe sin haber hecho realidad su deseo y su promesa de derogar la LOMCE. El vuelco sufrido por la falta de apoyo a los Presupuestos Generales, ha dejado por el camino una nueva ley educativa que, igual que las demás, no había suscitado el consenso político que necesita toda legislación educativa en un estado democrático y moderno. Tampoco del conjunto de la comunidad educativa, cansada de ver la lucha ideológica en torno a la educación.

Y, por otro lado, la LOMCE, una ley que desde su aprobación tuvo una corta expectativa de vida, sigue adelante.

La ministra de Educación ha defendido el texto aprobado como «un proyecto de ley del siglo XXI» que incorpora las mejoras para que el sistema educativo pueda «afrontar el futuro» y «abordar la Agenda 2030». Y, dado que no ha conseguido el apoyo del resto de partidos políticos, Isabel Celaá ha reclamado a los mismos «un pacto para que la educación sea un terreno exento de recortes».

El texto que el Consejo de Ministros ha enviado a la Mesa del Congreso de los Diputados tiene algunas variaciones respecto al Anteproyecto que se aprobó en diciembre, ya que incorpora algunas de las observaciones del dictamen de la Permanente del Consejo Escolar del Estado, así como alguna de las enmiendas aprobadas por el Pleno de este órgano consultivo.

Las principales modificaciones detectadas por Actualidad Docente afectan a la Educación Especial, al 0-3 y a los colegios de educación diferenciada, a los que prácticamente se niega la posibilidad de renovar los conciertos que tengan con las Administraciones autonómicas.

En cuanto a Educación Especial, el revuelo a cuenta de la enmienda del CERMI aprobada en el Consejo Escolar ha sido resuelto de la siguiente manera:

En primer lugar, el Proyecto de Ley reconoce la labor que hacen los centros de Educación Especial y establece que las administraciones deben seguir apoyándolos siempre. En segundo lugar, da 10 años para dotar a los centros educativos de los recursos necesarios para atender en buenas condiciones a los niños con discapacidades.

Respecto al 0-3, el proyecto de ley establece «un plan de ocho años de duración para la extensión del primer ciclo de educación infantil de manera que avance hacia una oferta suficiente». Aquí no señala «de plazas públicas», como decía el compromiso del Gobierno al inicio de la legislatura.

En el retocado artículo 109 de la LOE, del que el Gobierno suprime la «demanda social» como criterio de programación de la enseñanza, hay pequeñas modificaciones respecto al anteproyecto, pero ninguna sustancial que elimine el daño hacía a la escuela concertada y a las familias que eligen estos centros para sus hijos.

Recordamos aquí los aspectos de la ‘ley Celaá’ que rechazaron de manera unánime todos los representantes de la escuela concertada.

Y repasamos a continuación los principales cambios que introducía la propuesta legislativa del Gobierno, además de los anteriormente señalados:

• Eliminación de los itinerarios de ESO hacía FP o Bachillerato.
• Recuperación de los programas de diversificación curricular en la ESO
• Posibilidad de obtener el título de ESO desde la FP Básica
• Posibilidad de obtener el título de Bachillerato con un suspenso, y poder estudiar un curso puente con hasta dos asignaturas de 1º suspensas y otras nuevas de 2º (reduciendo el índice de repeticiones que invitan al abandono).
• Mantiene las evaluaciones de diagnóstico en 4º de Primaria y 2º de ESO, pero prohíbe la publicación de resultados en rankings.
• Recuperación de la organización de Primaria en tres ciclos.
• Incorporación de la Educación en Valores Cívicos y Éticos en el tercer ciclo de Primaria y en uno de los tres primeros cursos de la ESO.
• La asignatura de Religión no tiene asignatura espejo y no computa para la nota media.
• La repetición en la ESO (un máximo de dos veces en toda la etapa) conlleva un plan específico personalizado para el repetidor.
• Supresión de la distinción entre materias troncales, específicas y de libre configuración autonómica.
• Restablecimiento del 65% de las competencias curriculares en las CCAA sin lengua cooficial y el 55% en las CCAA con lengua cooficial
• El Consejo Escolar, del que formaría parte un representante municipal, pasa a tener poder de decisión en la gestión del centro, de manera que la autonomía del equipo directivo queda notablemente limitada.
• Libertad a las CCAA con lengua cooficial para que regulen las horas de enseñanza en castellano o en lengua cooficial.
• La ley contempla un plan de incremento del gasto público educativo hasta un mínimo
  del 5% del PIB.

La mayoría de los representantes de la comunidad educativa han coincidido en señalar que la aprobación de este proyecto de ley justo después de la convocatoria electoral es un gesto político sin efectos prácticos para demostrar que intentaron derogar la LOMCE, como habían prometido. Según hemos leído en declaraciones a Europa Press, los sindicatos más favorables a la reforma educativa del Gobierno han planteado la posibilidad de que el Ejecutivo intente modificar algunos aspectos de la LOMCE vía decreto ley de aquí a las elecciones.