El 21º Congreso Católicos y Vida Pública estaba destinado a llamar la atención de los católicos españoles sobre su derecho a elegir una educación acorde sus convicciones religiosas, pero se convirtió en un acontecimiento de interés público mayor que reivindicó un derecho constitucional y universal de todos los ciudadanos y la urgente necesidad de una verdadera autonomía de gestión escolar como antídoto contra un «monopolio estatal» de la educación.

Fue el efecto rebote de las sonadas declaraciones de Isabel Celaá negando el derecho constitucional de elegir la educación de los hijos. Precisamente, el título del congreso, organizado desde meses atrás, era: ‘Libertad para educar, libertad para elegir’.

Actualidad Docente fue testigo –y también partícipe en un taller– de los tres días de trabajo que, bajo una organización impecable de la Universidad San Pablo CEU y la Asociación Católica de Propagandistas, tuvieron lugar en el Campus de Moncloa del CEU, en Madrid.

En la clausura del Congreso, su director, Rafael Sánchez Saus, hizo gala de una afilada ironía al agradecer “a la señora Celaá” la “repercusión pública” que le dio al congreso y su habilidad para convertir la defensa del derecho constitucional a elegir la educación de los hijos en algo “imprescindible”.

Acto seguido se procedió a la lectura del manifiesto que resumía las conclusiones del congreso y que será presentado a los diferentes grupos parlamentarios, así como al Ministerio de Educación.

Dicho manifiesto incluye las principales aportaciones hechas por los ponentes invitados y por los propios congresistas, que participaron activamente en alguno de los ocho talleres organizados. La conclusión final llama a que seamos los ciudadanos quienes “defendamos y garanticemos la libertad de enseñanza” constitucional ante el “intervencionismo” vigente por parte del Estado y sus diferentes administraciones. [Texto íntegro del manifiesto]

Familia, Escuela, Estado

“Los padres tienen el derecho Original, primario e inalienable a la educación de los hijos y, por lo tanto, el Estado y los centros son subsidiarios de la familia”, señala el manifiesto. “El Estado no es, en la España actual, el titular del derecho a la educación, sino su garante, pero existe el peligro de que, como en tantos otros ámbitos, el Estado quiera extender su esfera de actuación”.

“Lo opuesto a la libertad de enseñanza o educación es la escuela pública única, pues supone la imposición de un único modelo y, con ello, la imposibilidad de elegir. El derecho a la educación no conlleva, en ningún caso, que la Administración sea quien deba prestar directamente todo el servicio educativo”, añade el manifiesto.

Autonomía de centro y libertad

Por ello, el congreso reivindicó la necesidad urgente de dar verdadera autonomía de gestión a los centros educativos, y de que las leyes y decretos no hiperregulen hasta la última hora del currículum. Todo ello para permitir el desarrollo de proyectos educativos diferenciados y su identificación con un ideario propio que den lugar a una verdadera pluralidad educativa.

“El ideario, el carácter propio, el proyecto educativo singular” –señala el texto de conclusiones– “es el elemento nuclear de la libertad de enseñanza, entendido en un sentido lato, como hace el Tribunal Constitucional español, no reducido sólo a las opciones de formación religiosa y moral (aun siendo ésta su acepción más característica, genuina y notable), sino también a las opciones pedagógicas y organizativas”.

“El ideario”, añade, “es lo que justifica la existencia de la enseñanza de iniciativa social o concertada, para permitir el ejercicio de la libertad de enseñanza y también su financiación con fondos públicos, para que esa libre elección sea real y no venga condicionada por las circunstancias económicas previas”.

Especial también

La libertad de los padres para elegir educación especial para los hijos con determinadas discapacidades fue otro de los focos de interés del congreso.

En línea con todo lo anterior, el congreso concluyó que “modificar el sistema educativo poniendo el foco en la educación y formación personalizada de cada alumno, en vez de un sistema global al que se adapta el alumno, favorece el éxito de una educación inclusiva”.

Frente a la ideología de género

El congreso también dedicó especial atención al “adoctrinamiento ideológico de género”. En este sentido, llamó a “fomentar la creación de escuelas de padres en todo tipo de colegios, así como la formación del profesorado en este tema” y a “prestar especial atención a los elementos educares paralelos de nuestros hijos y alumnos”.

“La educación afectiva y sexual que parte de la antropología cristiana y que se imparte en la escuela católica, unificando fe y ciencias humanas, desea proponer certezas sobre las que dialogar dentro de un marco de libertad educativa y de pensamiento”, señala el manifiesto del congreso.

Financiación de la pluralidad

En el congreso tuvo especial protagonismo el sistema de conciertos como garante de la pluralidad educativa, si bien se apuntó que su desarrollo dispar por parte de las CCAA ha demostrado que “no es el sistema perfecto” para garantizar dicha pluralidad ni una verdadera capacidad de elección de las familias, sobre todo de las de rentas más bajas.

Y, en contra de lo que trató de zanjar el Subsecretario del Ministerio de Educación y FP, Fernando Gurrea, que dijo que el “cheque escolar es un debate cerrado en España”, el Congreso de Católicos y Vida Pública convino en reivindicar la necesidad de abrir ese debate con el rigor debido y sobre la base de investigaciones acerca de dicho modelo.

Y, por supuesto, el Congreso Católicos y Vida Pública dedicó parte de su desarrollo y de su manifiesto final a la educación católica, el verdadero origen de la convocatoria antes de que la política la llevara por otros derroteros.

“La escuela católica tiene la obligación moral de atender a la que es, además, su misión específica: comunicar a Cristo”. Porque “la escuela católica debe ser evangelizadora, o no será”.