• La nueva Ley de FP fue el objeto de uno de los talleres formativos para centros del 48º de CECE (Madrid, 22-23 de octubre). Fue impartido por Santiago García

La Formación Profesional que regula la nueva ley orgánica del Gobierno (aún en trámite) fue uno de los «retos del nuevo escenario educativo» que abordó el 48º Congreso de CECE (Madrid, 22-23 de octubre). La nueva norma fue objeto de un taller destinado a centros de FP y con FP impartido por Santiago García, secretario general de CECE, buen conocedor de todo el desarrollo de la norma y su trámite, y uno de los mayores expertos en Formación Profesional en la UE -fue asesor de la Comisión Europea-.

Santiago García expuso a los directivos de centros las mejoras y oportunidades que traería la nueva ley, pero también los inconvenientes y dificultades que generará. «La ley», dijo, «trata de poner en su sitio a la FP». Y para ello empieza ordenando y describiendo un único sistema que integra la Formación Profesional reglada (básica, media y superior) y la Formación para el Empleo (con sus acreditaciones y certificaciones de cualificaciones).

Hay una serie de cambios de denominación que obligará a modificar todos los catálogos y registros. En ellos se incorporarán desde las unidades mínimas de formación y competencia (microcredenciales) a los títulos de técnico y técnico superior, y los cursos de especialización posteriores.

Al final, este nuevo y único sistema facilitará que, «a golpe de clic, una persona tenga todas sus competencias y certificaciones acreditadas».

Esa unificación conllevará también que los centros de FP reglada puedan impartir Formación para el Empleo. «Ahí los concertados no pueden quedar fuera», remarcó el secretario general de CECE. Habrá que estar atentos a si las Administraciones ponen trabas.

La gran complejidad que genera la nueva ley, según el experto, es que se diga que toda la formación es dual. «Decir eso es ignorar la realidad», dijo Santiago García.

Aunque, en términos generales, la empresa tendrá una verdadera implicación en lo que se enseña, cómo se enseña y cómo se evalúa, una parte del alumnado seguirá formándose en una modalidad similar a la tradicional (con una especie de FCT de mayor duración) y otra parte se formará en un modelo propiamente dual, con gran parte de la formación en la empresa, contrato laboral y remuneración. La cuestión es que la primera modalidad «no responde a las exigencias del Marco Europeo de Calidad para la FP dual», señaló el experto.

Por otro lado, representará un problema decidir qué alumnado se formará en una modalidad o en otra, así como quién lo decidirá: «Cómo no se deje autonomía a los centros para negociar el modelo con la empresa y en función del alumnado, esto no va a funcionar», advirtió Santiago García. «Si alguien ajeno al centro decide ‘este ciclo es dual y este no’, esto no va. Habrá centros que no vean posible ponerlo en marcha con sus empresas».

El otro punto más controvertido para que la ley funcione, según el experto, es el contrato de formación, que ha de hacer la empresa a los aprendices, pero cuyo diseño depende del Ministerio de Empleo. En función de sus características, tendrá mayor o menor aceptación de las empresas, y favorecerá o entorpecerá el desarrollo de la modalidad dual. «Si el diseño del contrato no responde a las necesidades del modelo dual, fracasará», sentenció.

A ello se suma otra complicación y es que quedarán prohibidas las becas de las Administraciones a los alumnos de dual (el modelo de remuneración en la Comunidad de Madrid): la ley da una moratoria hasta 2024 para eliminar las becas y que la dual sea sólo por contrato.

En resumen, estos serían los puntos más controvertidos de la nueva Ley de FP:

• Las dos modalidades de FP (que se diga que las dos son dual y quién y cómo decidirá qué título se estudia en dual y cuál no; y que alumnos sí y cuáles no).
• La obligación de que en la dual propiamente dicha no haya becas, sino sólo contratos.
• La necesidad de incentivos a las empresas, asesoramiento e información para que empiecen a implicarse en la formación dual.
• Formación y acreditación de tutores de empresa, necesaria para formar a los aprendices.
• Necesidad de profesorado técnico que sitúe la formación a la altura de la demanda del mercado (pensemos en los cursos de especialización).
• La necesidad de una orientación de calidad en todos los centros, con financiación pública.
• Modalidad virtual: «Exigir calidad, pero sin poner trabas innecesarias».
• El papel de los centros concertados y privados.
• La acreditación: que haya un único sistema y un único registro estatal, válido para todas las CCAA: «No puede ser que acredites una competencia en una comunidad y no te valga en otra».

Pero no todo son obstáculos. El experto planteó como verdaderas oportunidades de desarrollo para los centros la posibilidad de dobles titulaciones, también entre centros de diferentes países de la UE; y la introducción de materias optativas, que mejoren la empleabilidad del alumnado y ajusten las titulaciones a las características y necesidades del territorio o de las empresas con las que van de la mano.

La nueva ley habría de facilitar que el sistema ajuste la oferta a la demanda del mundo laboral y las empresas, que es una de las grandes asignaturas pendientes de la FP: muchos jóvenes se quedan sin plaza para estudiar lo que quieren, pero hay titulaciones con muchas plazas vacías y eso ha de ir corrigiéndose poco a poco. «No tiene sentido que la FP sea una fábrica de parados», dijo Santiago García.