El Pleno del Tribunal Constitucional acordó el pasado 10 de abril, por mayoría de ocho votos (es decir, sin unanimidad), desestimar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados contra la LOMCE.

Con ello avaló los aspectos más controvertidos de la ley, los que han sembrado más disputa política e ideológica: la financiación pública de centros concertados que separan al alumnado por sexo, las reválidas, los itinerarios desde edad temprana y la Religión católica como asignatura computable para la media.

El TC concluyó que la educación diferenciada no fomenta la discriminación apoyándose en el estudio de los tratados internacionales sobre eso mismo. Por tanto, es constitucional también que los colegios de chicos o de chicas sigan recibiendo financiación pública a través de los conciertos de las diferentes CCAA.

La sentencia del Constitucional puntualiza que no le corresponde al Alto Tribunal valorar los beneficios o perjuicios pedagógicos que unos u otros atribuyen a la enseñanza separada por sexos.

Por su parte, el PSOE respondió a la sentencia aduciendo que hay que reformar la Constitución. La diputada socialista Mari Luz Seijo dijo mostrarse partidaria «de abrir el melón de la Constitución, incluyendo también el artículo 27″, informó Europa Press.