La organización empresarial CEOE ha elaborado un documento que propone 26 enmiendas al Proyecto de Ley de Modificación de la LOE (LOMLOE) y que presentarán a los diferentes grupos parlamentarios. La mayoría de ellas apela al cumplimiento del artículo 27 de la Constitución y a la doctrina del Tribunal Constitucional para garantizar los derechos y libertades de los españoles en relación con la educación.

La LOMLOE se encuentra en su trámite parlamentario y la Mesa del Congreso ha ampliado esta semana el plazo de presentación de enmiendas parciales hasta el 13 de mayo después de que la comunidad educativa protestara por la premura en aprobar una ley orgánica de educación en plena crisis educativa por el Covid-19. PP, Ciudadanos y Vox presentaron enmiendas a la totalidad dentro del plazo para ello.

En el documento de propuestas –al que ha tenido acceso ACTUALIDAD DOCENTE–, la CEOE pide la Ley vele por la existencia de “plazas gratuitas en todas las áreas de escolarización”, y no sólo de “plazas públicas” (como dice la LOMLOE), porque ello supondría “la abrogación del principio de no subsidiariedad de la escuela concertada respecto a la pública, consagrado en nuestro sistema desde la LODE para dar cumplimiento al mandato constitucional de gratuidad (art 27.4 CE) en los centros elegidos por los padres (art 27.3 y 6), lo que podría representar el comienzo del fin de su existencia, tal y como ha establecido la reiterada y uniforme doctrina del Tribunal Supremo desde 1985 hasta nuestros días”.

Libertad de elección y programación de la enseñanza

En coherencia con ello, la CEOE –de la que forma parte la patronal de centros de enseñanza CECE– enmienda el polémico artículo 109 sobre la programación de la escolarización por parte de las Administraciones educativas.

Allí donde la LOMLOE dice que “los principios de programación y participación son correlativos y cooperantes en la elaboración de la oferta”, la CEOE quiere que se diga que son “principios cooperantes” sin más, de manera que la participación no quede condicionada a la programación. También, que se tengan en cuenta las “necesidades de escolarización” y “la libertad de elección de centro”, y que las Administraciones no se ocupen sólo a “garantizar la existencia de plazas públicas, especialmente en las zonas de nueva población”.

Según CEOE, con el artículo 109 que propone el Gobierno “no cabe duda de que la programación favorecerá siempre a las plazas públicas frente a las concertadas y se acabará con la red dual y con el derecho a elección de enseñanza gratuita fuera de la escuela pública, vulnerando directamente la CE, art. 27 CE; y 4, 1ob) LODE”.

Dicho artículo contradice, además, al Preámbulo de la propia LOE, que dice: “La Constitución Española reconoció la existencia de una doble red de centros escolares, públicos y privados y la Ley Orgánica del Derecho a la Educación dispuso un sistema de conciertos para conseguir una prestación efectiva del servicio público y social de la educación, de manera gratuita, en condiciones de igualdad y en el marco de la programación general de la enseñanza. Ese modelo, que respeta el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, ha venido funcionando satisfactoriamente”.

La CEOE aprovecha para censurar la eliminación, por parte del Gobierno, de la “demanda social” como criterio a tener en cuenta por las Administraciones (en la LOMCE). “Es obvio que la supresión de la expresión demanda social, reduce, si no anula, el protagonismo que las familias han de tener, como sector afectado en la programación de la enseñanza, sobre todo teniendo en cuenta que los padres y madres son los representantes, a todos los efectos, de los alumnos y que estos son los verdaderos titulares del derecho a la educación.

Este argumento responde artículo 27.5 de la Constitución, que establece: “Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes”.

Autonomía de los centros

La patronal también cree que la LOMLOE estrangula la autonomía organizativa y pedagógica de los centros al someterla a “los términos que establezcan las Administraciones educativas” y expone a los centros y a sus alumnos a la desigualdad entre distintas comunidades autónomas. “Los únicos límites deben venir marcados por las disposiciones de la Ley Orgánica”, argumenta la CEOE.

Además, pide eliminar del Consejo Escolar de los centros concertados el representante del Ayuntamiento al que obliga la LOMCE, o que, en todo caso, sea opcional para los centros que lo deseen. En los concertados.

Centros de educación especial

La organización empresarial pide suprimir por completo la disposición adicional de la LOMLOE que establece la escolarización del alumnado con discapacidad en centros ordinarios y que en el plazo de 10 años los centros de educación especial quedarán para “escolarizar a los alumnos que requieran una atención muy especializada”.

“Es una disposición vacía de contenido, improvisada por motivos ajenos al sector”, señala la enmienda de CEOE, “que no sirve a un propósito inmediato de aplicación, ni siquiera a medio plazo; no está respaldada por una planificación económica; ni tan siquiera consta en la memoria económica del proyecto de Ley”; y que ha sido introducida sin un consenso “con los expertos en la materia y al margen de los intereses reales de las familias y alumnos de este sector de la educación”.

Bachillerato, Valores, Libros…

La patronal propone eliminar la posibilidad de obtener el título de Bachillerato con un suspenso porque “no resulta lógico”. Y propone que la asignatura de Educación en Valores Cívicos y Éticos se llame Educación Cívica y Constitucional porque el término ‘valores’ es “indeterminado”. También que, en la admisión de alumnos se dé más peso al hecho de tener hermanos o padres en un centro. Y que se cambie el sistema de préstamo de libros –por “inoperativo”– por diferentes tipos de ayudas.

Y reclama que la legislación básica cite expresamente al Consejo Escolar del Estado, la Conferencia Sectorial, las mesas sectoriales de pública y concertada, el Sistema de Información Educativa y el Sistema Estatal de Becas como órganos con los que debe contar el Sistema Educativo, de manera que la importancia de éstos no quede en manos del gobierno de cada momento.

También pide la CEOE que el Gobierno corrija todas aquellas alusiones que “el fomento de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres” se da o ha de darse sólo “a través del régimen de coeducación de niños y niñas”, ya que de ello “se puede deducir que los centros que imparten la enseñanza desde el sistema pedagógico de educación diferenciada no cumplen” con los principios de igualdad entre hombres y mujeres.

La LOMLOE, de hecho, relega a los centros de educación diferenciada en la concesión y renovación de unidades concertadas por detrás de los centros mixtos. Por ello la patronal pide que se elimine esa discriminación en el sistema de conciertos, “que no es, ni legitima ni legal, por haberlo dispuesto así el Tribunal Constitucional” (y cita varias sentencias). La educación diferenciada, señala CEOE, “ha de ser tratada en absoluto plano de igualdad con cualesquiera otros centros o sistemas pedagógicos en el goce de las ayudas públicas”.

Respecto al incumplimiento de los conciertos por parte de los colegios, la organización empresarial reclama que “la atribución de una intencionalidad concreta al incumplimiento, como causa de calificación agravada, debe residir en los tribunales de justicia, no en la propia administración”.

“Sólo la contravención grave del principio de gratuidad debe ser merecedor de la consideración de incumplimiento grave; si no se da esa gravedad no tiene sentido esa consideración, y equivaldría a dejar abierta la posibilidad de que prácticamente cualquier cobro, aunque fuera mínimo, pudiera ser considerado un incumplimiento grave del concierto”, añade la organización empresarial.