La plataforma Concertados reclama al Gobierno que «paralice su tramitación hasta que se levante el estado alarma y pueda restablecerse la normalidad», en coherencia con la misma flexibilidad y capacidad de adaptación que el Ministerio pide a toda la comunidad educativa para afrontar el cierre de las aulas.

«Ni es el momento ni son las formas de proceder para aprobar una nueva Ley de Educación», sostienen los representantes de la escuela concertada en España en un comunicado emitido este lunes, después de conocer la intención del Gobierno de tramitar su LOMLOE en el Parlamento sin prórroga para presentar enmiendas en las circunstancias actuales, en las que la sociedad entera tiene como prioridad la lucha contra la epidemia de coronavirus y la comunidad educativa está inmersa en cómo terminar el curso con el menor perjuicio posible para ocho millones de alumnos.

El comunicado lo firma la Plataforma Concertados,  en la que están integrados la patronal educativa CECE, Escuelas Católicas, las asociaciones de familias de alumnos COFAPA y CONCAPA, y los sindicatos mayoritarios entre los docentes de la enseñanza concertada, FSIE y FEUSO. La escuela concertada aglutina al 25% del alumnado de las enseñanzas de régimen general en España, llegando hasta el 30% en la enseñanza obligatoria.

El pasado 24 de marzo, PP, Ciudadanos y Vox llegaron a tiempo de presentar sus enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de reforma de la LOMCE aprobado por el Gobierno. El plazo para presentarlas terminaba ese día y el Grupo Parlamentario Socialista no quiso conceder prórrogas pese a que el Grupo Popular y Ciudadanos las habían pedido debido a la situación excepcional que se está viviendo en el país debido a la epidemia. Aún queda la posibilidad de presentar enmiendas parciales, pero sólo hasta este miércoles 29 si no se decide lo contrario.

Para la plataforma Concertados, no sólo se trata de la presentación de enmiendas sino de la necesidad de debate que toda ley orgánica precisa, máxime si se aspira a que sea una ley consensuada y duradera. Por eso pide al Gobierno que «paralice su tramitación hasta que se levante el estado alarma y pueda restablecerse la normalidad».

Para estas organizaciones, esta actitud del Gobierno de «aprovechar a su favor un momento tan crítico y excepcional» es «un ejercicio de autoritarismo sin precedentes» que hace «difícil continuar por las vías del diálogo y de la colaboración» que precisa una ley educativa.

«La prisa del Gobierno parece obedecer, no sólo a su deseo de que la ley pueda ponerse en práctica ya el curso que viene, sino a su posible intención de introducir enmiendas sólo consensuadas por los socios de Gobierno y que limitarían la libertad de enseñanza», señala el comunicado. «Además, revelaría su propósito de escamotear a la opinión pública el debate sobre una ley esencial que no goza de consenso en la comunidad educativa, evitando de paso posibles actuaciones públicas contrarias de una parte importante de la sociedad».

Concertados reclama al Ministerio coherencia con la situación excepcional que estamos viviendo e igual que llama a colegios, docentes, alumnos, familias y administraciones educativas a ser flexibles y a adaptarse al cierre indefinido de las aulas, que «aplique este mismo criterio a la aprobación de la LOMLOE».

«Medidas de este tipo, unilaterales y que despiertan sospechas, no ayudan a conseguir el Pacto Escolar que demanda y necesita la sociedad», apuntan las organizaciones.

La Plataforma Concertados pide al Gobierno que «los pactos de Estado que pretende buscar para facilitar la reconstrucción social y económica del país tras la pandemia de coronavirus incluyan también las cuestiones educativas». «Eso serviría para lograr una reforma consensuada, centrada en los problemas reales que tiene la enseñanza de este país y entonces, sólo entonces –concluyen–, estaremos preparados para una ley educativa de todos y para todos».

A las críticas al Gobierno por acelerar la tramitación de la LOMLOE se suman también los padres de alumnos con necesidades educativas especiales, que denuncian que la nueva ley prevé reservar los centros de educación especial sólo para las discapacidades muy graves e integrar a la mayoría de niños con discapacidades en centros ordinarios sin tener en cuenta el criterio y la decisión de las familias.