• Reclamará al Gobierno que certifique que la LOMLOE no vulnera derechos y libertades en educación, y que diga si se ha hecho con consenso, como pidió la Comisión Europea 

• La Comisión Europea despacha las peticiones de amparo alegando que la educación es competencia de cada estado y el Parlamento le reclama un nuevo dictamen puesto que “es una cuestión de libertades y no de competencias”

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido mantener abiertas las peticiones de amparo presentadas por la plataforma Más Plurales y otras cuatro asociaciones españolas por vulneración de derechos y libertades en materia de educación en España tras la aprobación de la LOMLOE.

Más Plurales, la confederación de familias CONCAPA, la plataforma Inclusiva Sí, Especial También, la Asociación de Familias Numerosas de Madrid y la Asociación Católica de Propagandistas expusieron las razones de sus peticiones de amparo en una sesión de la Eurocámara celebrada este 23 de marzo en la que también se pronunció la Comisión Europea y expusieron su punto de vista algunos eurodiputados del PPE y del grupo Socialistas y Demócratas.

El portavoz de Más Plurales, Jesús Muñoz de Priego, durante su intervención telemática ante la Comisión de Peticiones.

Oídas todas las partes, la presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo reclamó a la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, que analice las peticiones de amparo desde el punto de vista de los derechos y libertades, y no desde la óptica de la competencia en legislación educativa, que es a lo que redujo su dictamen inicial. También anunció que pedirá al Gobierno español que «certifique» que en la LOMLOE no hay vulneración de derecho al pluralismo educativo y que la legislación educativa se ha hecho «con el consenso social y político» que, en su momento, pidió la Comisión Europea. La Comisión de Peticiones también pedirá un análisis de las cuestiones expuestas a los grupos de Discapacidad y de Libertades del Parlamento Europeo.

[Aquí puede acceder a la retransmisión íntegra de la sesión]

La Comisión Europea se desentiende

La representante del departamento de Educación de la Comisión Europea, Rajka Lozo, desvió la cuestión de las peticiones a un asunto de competencias legislativas y a que no hay ninguna legislación educativa europea que los estados tengan que cumplir, obviando completamente la cuestión central de las peticiones, que es la vulneración de derechos y libertades fundamentales reconocidas por la UE.

“La organización de la educación depende de cada estado miembro. La Comisión Europea no puede imponer ninguna normativa en materia de educación ni ningún modelo educativo a ningún estado miembro y debe respetar lo que decida cada estado”, zanjó Rajka Lozo. (La presidenta de la Comisión de Peticiones manifestaría después su sorpresa por un ‘veredicto’ centrado en una cuestión que no es la que se exponía.)

La presidenta de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, Dolors Montserrat, durante la sesión del 23 de marzo.

Intervinieron después varios parlamentarios, la mayoría de ellos españoles. Los de filas socialistas desacreditaron las peticiones de amparo y las calificaron de «performance» política, dado que la LOMLOE se había aprobado por mayoría en el Parlamento español. “No sé que hacemos aquí”, se quejó el diputado Marcos Ros Sempere.

La presidenta de la Comisión de Peticiones recordó que “el derecho de petición es uno de los derechos fundamentales en el Tratado de la Unión” y que “cualquier ciudadano y cualquier asociación de la Unión Europea son bienvenidos para trasladarnos sus preocupaciones y sus quejas en materia de vulneración de derechos”.

De las cuestiones planteadas por “los peticionarios”, la que suscitó mayor preocupación por parte de los eurodiputados ‘receptivos’ fue que la ordenación de la educación no tenga en cuenta la voz de los padres en su derecho de elegir la educación de sus hijos, en contra de lo establecido en la Carta Europea de Derechos Humanos y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La eurodiputada Maite Pagazaurtundúa, en el grupo parlamentario Renew Europe, manifestó su temor por que la eliminación del castellano como lengua vehicular de la enseñanza en la LOMLOE impida a niños y niñas de algunas CCAA estudiar en una de las lenguas oficiales del Estado.

Los diputados españoles del PPE resaltaron también que, aunque la ley había sido aprobada por mayoría parlamentaria, fue tramitada en plena pandemia y sin que la comunidad educativa fuera escuchada en el Parlamento. También mostraron su inquietud por que la Comisión Europea «haya dado la imagen de que se lava las manos en una cuestión de derechos» y de que «quería quitarse el problema de encima», en palabras de la eurodiputada Isabel Benjumea.

Pero, sobre todo, lo que suscitó reacciones de mayor preocupación y de solidaridad es que los padres de los niños con discapacidades no sean escuchados si desean que sus hijos sean educados en un centro de educación especial.

Discapacidades y educación especial

Una de las peticiones de amparo que se expuso en la Eurocámara procede de la plataforma Inclusiva sí, Especial también. Su representante, Carolina Fernández, mostró su preocupación por que la LOMLOE obligue a “transferir” los alumnos de los centros de educación especial a centros ordinarios “sin tener en cuenta el interés superior de los menores, sin que las escuelas tengan el presupuesto necesario para educar a nuestros hijos, y que todo ello se haga en contra de nuestro criterio como familias”.

La LOMLOE no habla de cerrar centros de educación especial, pero sí obliga a transferir alumnos de unas aulas a otras y señala explícitamente que las administraciones responsables de la programación educativa sólo escucharán a las familias que se decanten por escolarizar a sus hijos en una escuela de régimen ordinario.

La portavoz de la plataforma Inclusiva sí, Especial también, Carolina Fernández, durante su intervención en la Comisión de Peticiones.

“Sabemos que somos una minoría y que la legislación fue aprobada por una mayoría en el Parlamento, pero nos preocupa que haya grupos en el Parlamento que no estén dispuestos a protegernos como minoría y que la Comisión Europea no se sienta concernida por nuestros derechos como minoría. No se nos ha escuchado. Se nos ha ninguneado. La legislación se ha hecho sin nosotros y contra nosotros. Rogamos que la Comisión Europea se lo piense dos veces: ¿Cómo nos va a proteger como minoría? Si no lo hace, tendremos que acudir al Tribunal de Derechos Humanos”, concluyó Carolina Fernández.

La eurodiputada Rosa Estarás intervino para defender que la educación inclusiva no debe excluir la escuela especial y menos aún “la escucha de quienes viven el día a día con estos niños”, es decir, los padres y las madres.

Rosa Estarás expuso su caso personal, con un hijo con discapacidad del 38% que se educó en la escuela ordinaria hasta llegar a Bachillerato, momento en el cual se quedó sin amigos. “La escuela inclusiva es posible hasta un momento”, sostuvo. “Cada niño es un mundo. Hay que ver niño por niño y escuchar a las familias”, sostuvo. “Decir que los centros especiales sólo van a quedar para los casos severos de discapacidad [así lo dice la LOMLOE] es no tocar los pies con el suelo”.

Y Maite Pagaza incidió en la confusión interesada que crea la LOMLOE al «identificar la inclusión con la escolarización ordinaria y la educación especial con la segregación».

Satisfacción de Más Plurales

La plataforma Más Plurales, que aglutina a los representantes de la escuela concertada en España, ha valorado positivamente que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo haya decidido mantener abiertas las solicitudes de amparo para seguir profundizando en si la legislación española vulnera derechos y libertades.

Más Plurales espera que el Parlamento analice «el fondo del asunto y adopte, en función de sus competencias, las medidas adecuadas para que se modifique la nueva ley con el objeto de garantizar, entre otras cuestiones, el derecho de los padres a elegir libremente el tipo de educación que quieren para sus hijos, que no se considere a la enseñanza concertada subsidiaria de la enseñanza pública en el sistema educativo, que no se cierren progresivamente los centros de educación especial y que se mantengan los conciertos con centros de educación diferenciada».