El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el Ejecutivo aprobará un real decreto para “poner límites” a la apertura de centros privados de Formación Profesional ha abierto un intenso debate en el sector educativo. El objetivo declarado por el Ejecutivo es garantizar la calidad del sistema y evitar centros que funcionen sin suficientes garantías formativas.

En este contexto, el secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Santiago García, ha hecho un llamamiento a la cautela y al diálogo, defendiendo la importancia de asegurar la calidad del sistema sin entrar en confrontaciones entre redes públicas y privadas.

Un decreto para “blindar” la calidad de la FP

El Gobierno ha justificado la futura norma en la necesidad de asegurar estándares de calidad y control en la oferta formativa. Según explicó el presidente, la medida pretende evitar que algunos centros se conviertan en meros expendedores de diplomas sin calidad formativa, siguiendo una línea similar a la adoptada recientemente en el ámbito universitario.

El decreto se someterá a consulta pública en los próximos meses y se enmarca en un contexto de fuerte crecimiento de la FP, especialmente en el sector privado. En la última década, el número de alumnos en centros privados ha pasado de unos 40.000 a más de 226.000, con un incremento mucho más rápido que el de la red pública.

La posición de CECE: calidad sí, sin prejuicios por titularidad

Ante este escenario, Santiago García ha subrayado que la expansión de la Formación Profesional exige una ordenación del sistema, pero ha advertido de que las medidas deben centrarse en la calidad real de la formación y no en la titularidad de los centros.

El secretario general de CECE considera que cualquier iniciativa que tenga como objetivo mejorar la calidad será positiva, siempre que se aplique a toda la oferta educativa.

En este sentido, ha recordado que la titularidad pública no es, por sí sola, garantía de calidad, y que existen múltiples factores que influyen en el nivel formativo de un centro. Por ello, ha pedido que el futuro real decreto se enfoque en las condiciones objetivas que aseguren una formación de calidad, independientemente de si el centro es público o privado.

Llamamiento a la prudencia y al diálogo

García ha insistido en que el anuncio todavía debe concretarse en un texto normativo, que tendrá que pasar los trámites habituales de un real decreto. A su juicio, este proceso debería incluir la participación del sector para aportar propuestas y mejorar el sistema.

En este punto, ha pedido evitar declaraciones que alimenten el conflicto entre redes educativas y ha apostado por un análisis sereno cuando se conozcan los requisitos concretos que se exigirán a los centros.

Defensa de la colaboración público-privada

El secretario general de CECE ha recordado que la colaboración entre centros públicos y privados forma parte del modelo de Formación Profesional establecido en la Ley 3/2022. Además, ha destacado el papel que los centros privados han desempeñado históricamente, especialmente en momentos en los que la FP no contaba con el prestigio actual.

Desde esta perspectiva, García defiende que el debate debe centrarse en cómo garantizar una formación de calidad para los jóvenes y responder a las necesidades del tejido productivo, evitando planteamientos partidistas o enfrentamientos entre redes.

Defensa de la libertad de elección y la pluralidad

Alfonso Aguiló, presidente de CECE, destacó la importancia de garantizar la calidad de la formación profesional privada sin limitar la libertad de crear nuevos centros ni comprometer la pluralidad del sistema educativo. Según Aguiló, la regulación debería estar alineada con las necesidades reales del mercado laboral, de manera que los jóvenes obtengan titulaciones que faciliten su inserción profesional efectiva.

Aguiló advirtió, además, sobre los riesgos de la demagogia y de estigmatizar a todo el sector, recordando que la mayoría de los centros de FP privada funcionan correctamente y aportan valor al sistema educativo. Asimismo, defendió el derecho de los alumnos y sus familias a elegir centro educativo, considerándolo un pilar fundamental del modelo educativo español.