Como todos los profesionales de la enseñanza en España, Alfonso Aguiló está deseando que el escenario político se asiente y que los principales partidos logren acercar posiciones en cuestiones esenciales para mejorar el sistema educativo. La organización que preside, CECE, representa a gran parte de la enseñanza concertada, que ha adquirido un protagonismo insólito en los programas electorales tras el intento del Gobierno socialista de reducir –y, a veces, denostar– su presencia en la educación española.
“Es triste tener que trabajar para defenderse de ataques de quienes deberían velar para que toda la enseñanza mejore”, dice Alfonso Aguiló, para quien lo realmente importante es cómo debe responder la escuela a los cambios sociales que estamos viviendo y que vamos a vivir.
Pregunta.– Cuesta creer que, después de tanto ruido hecho con el proyecto de ley de educación del Gobierno durante nueve meses, de repente, y justo ahora, que estamos en campaña electoral, la educación se diluya como un azucarillo. ¿Qué le parece a usted esta calma tras la tormenta? ¿La educación no vende en campaña?
Respuesta.– Me llama la atención la escasa presencia de la educación en el debate político de estas últimas semanas previas a las elecciones. El debate sobre educación está muy ideologizado y cansa. Es natural que hablar de educación no interese mucho cuando los temas que se debaten parecen alejarse bastante de los problemas reales de la educación.
P.– ¿Qué le parecen los programas y las promesas de los principales partidos ante el 28A? ¿Hay alguna promesa que le parezca especialmente importante y, a la vez, realizable?
R.– Por primera vez hay cierta valentía en algunos partidos por apostar con más decisión por la pluralidad, facilitando que a la concertada no se le impongan límites políticos contrarios a la voluntad de quienes van a recibir ese servicio. Hasta ahora ha habido mucho miedo a hacerlo, y siempre se ha puesto mucho énfasis en la enseñanza pública, cosa que me parece muy bien, pero hay que poner al menos el mismo énfasis en no ignorar la demanda social.
P.– Nunca antes el PP había hecho un programa tan explícito de apoyo a la educación concertada, y no es muy usual que un partido proponga tantas medidas centradas sólo en una parte del sistema educativo. ¿Es la respuesta natural a la utilización política de la demanda social que ha hecho el PSOE en el Gobierno?
R.– No entiendo por qué el PSOE se está obcecando contra la demanda social. Supongo que prepara el terreno para sus alianzas con la izquierda radical. Pienso que es un gran error que espero sepa rectificar a tiempo, pues habitualmente ha sido más moderado y creo que en esto se ha entregado en brazos de quienes quieren mejorar la enseñanza pública poniendo trabas a la concertada. Eso es malo para la concertada ,pero peor aún para la pública, a la que se quiere favorecer de modo equivocado. Respecto al PP, por primera vez se ha sacudido con claridad el extendido complejo político que hay en este país cuando se habla de la educación concertada. La sociedad civil participa en el espacio público de mil maneras (partidos políticos, sindicatos, medios de comunicación…), pero cuando se habla de educación hay demasiada gente que se remonta a discursos que recuerdan los viejos tiempos de la nacionalización de los servicios de interés público.
P.– En el poco tiempo que tuvo, el Ministerio de Isabel Celaá redujo la mejora de la educación a un puñado de cuestiones, entre ellas la supresión de la demanda social, como si ésta fuera un cáncer del sistema educativo y un atentado contra la equidad. ¿Qué análisis hace usted de ese énfasis en eliminar la demanda social?
R.– No es ése el PSOE que hemos conocido en otras épocas, y deseo que pronto vuelvan a la moderación. La obsesión contra la demanda social está fundamentada en datos manipulados, y se lo hemos explicado varias veces a la ministra y al secretario de Estado. Y lo han entendido, pero tienen hipotecas importantes con sus aliados políticos.
La mejora de la enseñanza pública debemos desearla todos los que seamos ciudadanos responsables. Pero hostigar a la concertada no es una buena estrategia para lograrlo. Retirar el concepto de demanda social es poner a la concertada a merced de la arbitrariedad de las administraciones autonómicas. Y la normativa básica debería estar precisamente para que haya un criterio de demanda y no uno de arbitrariedad bajo el nombre de planificación: lo que digo se ha podido comprobar en intentos recientes de algunas administraciones autonómicas que se han tenido que frenar en los tribunales.
Se me ocurre otro ejemplo… Hay una ley que dice que los partidos políticos reciben financiación según la representación política que obtienen, lo cual es, en definitiva, un criterio de demanda social. Si ese criterio se sustituyera por otro de planificación sin atenerse a un criterio objetivo de demanda social, no sería nada justo.
P.– A la ministra Isabel Celaá le disgustó la campaña contra su ley que se promovió desde la escuela concertada, en la que participó CECE, Escuelas Católicas, los sindicatos docentes más representativos y las federaciones de asociaciones de padres. ¿Habría que hacer una contestación similar, o más dura, si ese proyecto de ley vuelve a ponerse sobre la mesa?
R.– Entiendo que a la ministra le disguste, porque ella se molestó en escucharnos a casi todos y ha tenido una actitud de cordialidad que yo personalmente valoro mucho en la vida política, pero luego se ha encastillado en algunas cosas que todos sabemos que no aportan nada para mejorar la enseñanza pública y que son exigencias de sus aliados más radicales. Si el siguiente gobierno mantiene esa estrategia, no podemos quedarnos callados.
Financiación de la concertada
P.– Ciudadanos habla de “garantizar la gratuidad” de la enseñanza concertada, pero Pablo Casado va más allá y promete un informe sobre el coste del puesto escolar y una actualización del módulo de concierto. Todos los gobiernos lo han tenido sobre la mesa y ninguno –tampoco del PP– ha hecho nunca nada. ¿Por qué habría que creerlo esta vez?
R.– Yo participé en la mesa de trabajo para ese asunto durante el mandato de Ángel Gabilondo. No es una tarea fácil, pero los datos, se calculen como se calculen, van a ser demoledores a favor de la enseñanza concertada. Y nadie ha querido sacarlos por ese complejo del que antes hemos hablado. Tengo esperanzas de que esta vez vayan adelante.
P.– ¿En CECE saben cuál es el desfase de dinero que hay entre coste real y módulo actual? ¿Está calculado ya el aumento de la financiación del módulo de conciertos que hace falta para equilibrar el coste real de la enseñanza concertada?
R.– El desfase es tan enorme que hará falta mucho tiempo para que los presupuestos de las administraciones públicas puedan asumirlo. Hay que ir subiendo de año en año, como sucedió, por ejemplo, para equiparar las retribuciones del profesorado de la concertada con el de la pública. Hay muchos países en Europa que dan la misma financiación por alumno a la enseñanza pública y a la concertada, y pienso que ese debe ser el objetivo a largo plazo.
P.– Al final, el sistema es tramposo: doy poco dinero para los conciertos y, si me conviene, les quito el acceso a otras ayudas públicas, como becas de comedor; los colegios piden dinero a las familias para sobrevivir y, entonces, muchas familias de rentas medias y bajas descartan llevar a sus hijos a la concertada. Es fácil convertir eso en el eslogan de que la demanda social es segregadora…
R.– La inmensa mayoría de los centros concertados tienen cuotas bastante bajas y atienden a gente de rentas modestas. La enseñanza concertada española tiene unos niveles de equidad bastante buenos, pese a su escasa financiación. El problema es que se acusa a la concertada de recibir cuotas voluntarias (creo que a estas alturas ya sabe todo el mundo que lo son) y se pasa de puntillas sobre el hecho de que la financiación es notoriamente insuficiente. Solo hay que pedir un poco de coherencia en los análisis.
El presidente de CECE pide que en la nueva legislatura los políticos hagan política e intenten armonizar derechos e intereses para alcanzar un pacto en el sistema educativo.
P.– El Ministerio saliente convocó a la Mesa de la Concertada a finales del año pasado y luego nunca más se supo, pese a que dijeron que habría posteriores reuniones. ¿Qué intenciones salieron de aquella mesa y qué voluntad real vio usted de que se llevaran a cabo?
R.– En los pocos meses de gobierno del PSOE ha demostrado más agilidad en convocar mesas y escuchar al sector. No puedo criticarles en eso, pero sí en que no cambian casi nada de sus proyectos iniciales. Hay mucha cortesía, que se agradece, y mucho, pero pocas ganas de consenso real.
P.– Con el presupuesto que hay para Educación, normalmente no hay dinero para todo lo que se considera que habría que hacerse. El MIR docente es una de esas cosas, o la universalización gratuita del 0-3, o tantas otras cosas… ¿El aumento del módulo de concierto es lo último en lo que piensan la Adminsitración?
R.– Pienso que el MIR docente se puede organizar sin que suponga demasiado coste. Considero que lo prioritario ahora es el 0-3. Actualizar el módulo de conciertos también es urgente, como lo es la concertación del bachillerato.
P.– Si algún día se hace realidad un aumento de la financiación a la concertada, ¿tendría que corresponderse con una ley que regule la autofinanciación de los colegios?
R.– Cuando lleguemos a equiparar la financiación de la enseñanza pública y concertada, como sucede en bastantes países europeos, en la concertada se podrán dar gratuitamente muchas actividades y servicios complementarios y extraescolares que ahora ya son gratuitos en la enseñanza pública. No sé si hace falta una ley para regular eso; creo que bastaría con que hubiera financiación realmente suficiente y que fuera acompañada con el control de que lo gratuito se ofrezca gratuitamente.
P.– En Actualidad Docente CECE ha puesto en marcha el Observatorio de Igualdad para dar a conocer toda la normativa que deja a los alumnos de concertada sin becas y ayudas, pese a estar dentro de los umbrales de renta. ¿Por qué algunas administraciones gestionan las ayudas públicas con ese sesgo cuando hay criterios tan objetivos como el nivel de renta familiar?
R.– Me parece un trabajo excelente el que se ha hecho en el Observatorio. Viendo todas esas discriminaciones, una detrás de otra, las administraciones públicas deberían ponerse las pilas y resolverlas cuanto antes, en aras de esa coherencia de la que acabo de hablar.
P.– ¿Haría falta que una ley general de becas blindara ese criterio objetivo y evitara otros criterios opinables?
R.– Creo que no hay mucho problema con los criterios sobre las becas, salvo el señalado de excluir a las familias de la concertada. Se podría resolver con una ley o bien con un poco más de coherencia.
Promesas electorales y Pacto de Estado
P.– Volviendo a la campaña electoral, un clásico de los partidos es empeñarse en inflar el currículum escolar con más materias, en contra de la la simplificación del currículum que piden los docentes y que recomiendan los expertos. ¿Cree que los problemas de España se resuelven con más asignaturas?
R.– En nuestro país cada semana alguien propone resolver un problema social añadiendo una asignatura más sobre ese tema. Es un interés loable, pero demuestra conocer poco el sentido que se da al currículum educativo en todo el mundo. Se tiende mucho aquí últimamente a pensar que todo se resuelve exigiendo a la escuela que eduque en aquello en lo que la familia y la sociedad están –estamos– fracasando: debemos hacerlo todos, incluida la escuela, y no quedarnos tranquilos proponiendo recargar el currículum con asignaturas cada vez más artificiosas. Es interesante ver cómo el currículum se parece entre unos países y otros: hay un gran consenso mundial al respecto desde hace muchas décadas y no considero una buena idea dar bandazos cada vez que sucede algo que nos alarma.
P.– El PP pone el centro de la educación en los derechos de las familias. El PSOE, en los derechos del niño. Vox, en la igualdad territorial. Podemos en la financiación. Ciudadanos, en el consenso y la despolitización de la educación. Parece que hay que tener un enfoque sobre la educación, una imagen de marca. En su opinión, ¿dónde hay que poner el foco de las políticas educativas?
R.– Cada uno tiene su parte de razón en el enfoque principal. Todos esos derechos son importantes. Y la política es, en buena parte, armonizar intereses y derechos que no siempre son fáciles de equilibrar. Por mi parte, a lo que más temo es a las propuestas radicales, porque son las que más se alejan de los grandes pactos, que hoy son más necesarios que nunca para la educación.
P.– Cada vez más voces piden pactar una ley de mínimos que deje fuera lo que enfrenta políticamente para que no haya que estar tocándola cada dos por tres. Ciudadanos es quien más se alinea con esa idea. ¿Podría quedar la programación de la enseñanza fuera de la ley básica de educación y que una normativa aparte regule los conciertos?
R.– Alcanzar un gran pacto debiera ser irrenunciable. Lo han conseguido en casi toda Europa. No sé qué nos pasa, ni por qué aquí nos enredamos tanto en empeños que son claramente irrelevantes para mejorar el conjunto y lesivos para buena parte de él.
P.– ¿Usted sería partidario de sacar el currículum educativo también de la ley general de educación? De esta manera también evitaríamos el escollo político de la asignatura de Religión. En aras de una ley de mínimos, que sea estable, quiero decir.
R.– Es una opción razonable. También lo sería dejar en paz la religión, que está en el currículum de prácticamente todas las democracias europeas.
P.– Una de las medidas por las que sigue abogando el PSOE es la participación de las familias en el gobierno de los centros educativos, que ya introdujo en el proyecto de ley y también se considera otro instrumento para debilitar a la concertada. ¿Le preocupa que llegue a aprobarse?
R.– Me preocupa que los consejos escolares se acaben transformando en mecanismos de gobierno asambleario de los centros. La experiencia de estas últimas décadas ha sido muy clara. Pienso que el proyecto de ley sigue en esto una línea de cambio que, a la larga, será negativa sobre todo para la enseñanza pública, porque acabará deteriorando y politizando su gobierno. Todos sabemos lo que sucede en las comunidades de vecinos, y no son el sistema de gobierno mejor para un centro de enseñanza.
P.– CECE ya está preparando el congreso nacional, que se celebrará en noviembre en Galicia. ¿Tienen ya un lema o una línea de acción preparados?
R.– Queremos trabajar sobre cómo debe evolucionar la enseñanza ante la transformación que está sufriendo la sociedad, ante la inteligencia artificial y ante el hecho de cómo ha cambiado el acceso al conocimiento.
P.– Para entonces, lo esperable es que tengamos Gobiernos central y autonómicos asentados y que vuelva a haber sobre la mesa otro proyecto de ley educativo; tal vez, parecido al que había hasta hace un mes. Así que ¿es probable que el próximo congreso de CECE vuelva a tener una vertiente política? [El Congreso de CECE de 2018 se celebró en plena presentación del anteproyecto de ley de Isabel Celaá.]
R.– Mi deseo evidentemente es que no. Es triste tener que trabajar para defenderse de ataques tan institucionales de quienes deberían velar para que toda la enseñanza mejore. Todos deberíamos volcarnos en mejorar la enseñanza y abandonar esas luchas que no aportan nada y están superadas en casi toda Europa.
