El Ministerio presenta a las CCAA un anteproyecto de ley que revierte las últimas medidas de recorte aprobadas en 2012
Las Administraciones autonómicas podrán rebajar el horario lectivo del profesorado a partir del curso 2019-20
Con las vacaciones escolares, lejos de relajarse, el tradicional enfrentamiento político que lastra la Educación en España ha experimentando una subida de tensión que parece anunciar un próximo curso caliente.
La ministra de Educación, Isabel Celáa, presidió este lunes su primera Conferencia Sectorial para presentar a las CCAA un anteproyecto de ley que revierte las últimas medidas de recorte vigentes del Real Decreto 14/2012 (el decreto de los recortes). Los consejeros autonómicos del PP se levantaron de la mesa cuando llevaban casi tres horas de reunión.
El Anteproyecto de Ley, que antes de ser aprobado, tendrá que ser presentado públicamente y ser debatido en el Consejo Escolar del Estado, conlleva la derogación de tres artículos del RD 14/2012, los únicos que el anterior Gobierno del PP no había derogado cuando revirtió gran parte de aquel decreto en 2017.
Según ha informado el Ministerio, los artículos que quedarán derogados son los que permitían aumentar un 20% las ratios máximas por aula, fijaban un mínimo de horas lectivas semanales (25 en Infantil y Primaria, y 20 en Secundaria) y permitían a las administraciones autonómicas esperar 10 días de falta para sustituir a un profesor titular por un interino.
No obstante, hasta el curso 19-20, las CCAA tendrán que mantener el horario lectivo del profesorado de acuerdo al decreto 14/2012 y podrán mantener ese aumento de las ratios máximas por aula que llevaron a cabo durante la crisis económica. Lo que sí podrán hacer en cuanto el Gobierno apruebe la ley ordinaria prevista, en los próximos meses, será sustituir a los profesores titulares que falten sin tener que esperar a los 10 días de falta.
Al término de la Conferencia Sectorial, la ministra Isabel Celáa ha manifestado que el anteproyecto de esta ley es un conjunto de “medidas capitales para la calidad de la educación” que “reestablece la situación anterior al Real Decreto Ley 14/2012 al haber desaparecido las circunstancias excepcionales” que lo motivaron. De paso, ha señalado que “recortar en educación nunca es buena idea”.
El plante del PP
La Conferencia Sectorial transcurrió con normalidad, según los participantes del Ministerio y de otras CCAA, cuando se produjo el repentino abandono de los consejeros del PP.
La ministra comenzó hablando de acuerdos, de adoptar medidas con el máximo consenso posible, presentó el anteproyecto de ley y llegó el momento en que los consejeros debían manifestar su parecer sobre el paquete legislativo. Los consejeros de Educación del Partido Popular manifestaron su acuerdo con las medidas planteadas, pero mostraron su oposición a las formas del Ministerio y a que éste no pusiera dinero sobre la mesa para facilitar que se reviertan los recortes de los últimos años. Después de que hablaran todos los consejeros, los del PP se levantaron y abandonaron la Conferencia Sectorial «decepcionados y preocupados».
Ante los medios de comunicación y en representación del bloque de consejeros populares hablaron el titular de Educación gallego, Román Rodríguez, y su homóloga de Murcia, Adelá Martínez Cachá. Primero pusieron de relieve su descontento con un defecto de forma en la convocatoria de la Sectorial. Aseguró el consejero gallego que habían “llegado a ciegas”, sin tener información de lo que se iba hablar y a votar. El secretario de Estado, Alejandro Tiana, negó después este punto, asegurando que toda la información del anteproyecto les había sido remitida con antelación suficiente.
Pero, además, Román Rodríguez, criticó severamente que el anteproyecto presentado conlleve “un fuerte gasto en Educación sin la aportación necesaria por parte del Estado”. Lo resumió como “un invito y tú pagas” decidido de modo “unilateral” y lo tachó de “falta de respeto” a las CCAA.
No obstante, después de esas críticas, el ‘portavoz’ de los consejeros populares manifestó que sí que estaban de acuerdo con las medidas del anteproyecto. Pero volvió a reclamar que el Ministerio apoye económicamente lo que creen que supondrá un aumento del gasto público en Educación. La consejera murciana alegó en este sentido que “el Ministerio tiene la obligación de garantizar la igualdad en todo el territorio”.
Para los responsables del Ministerio, el desplante de los consejeros del PP ha sido “una sobreactuación” que “pareció que tenían preparada a antemano”, según calificó el secretario de Estado, Alejandro Tiana. Así lo manifestaron también otros consejeros al salir de la reunión, no todos ellos del PSOE.
Alejandro Tiana precisó que este anteproyecto de ley no obliga a las CCAA a gastar más en Educación. Lo único que hace es eliminar una serie de limitaciones que había. Tanto él como la ministra incidieron en que cada Comunidad Autónoma es libre de hacer lo que quiera de acuerdo a su situación presupuestaria y a sus prioridades. Celáa ha puesto énfasis en esta afirmación: “Las Comunidades Autónomas podrán –y ha recalcado ese “podrán”– establecer la jornada lectiva que consideren. Es de su competencia”.
Decidan lo que decidan respecto al número de horas lectivas, la eventual reducción de horas lectivas del profesorado tendrá que ser aplicada a partir del curso 2019-20, ha dicho la ministra. No antes.
