El nombramiento de un nuevo presidente en CECE Andalucía coincide con la llegada de un nuevo Gobierno a está comunidad y con un cambio de era política. De cómo afectará todo eso a la educación y, en concreto, a la enseñanza concertada, hablamos con Leandro García Reche.
Leandro García Reche llega a la Presidencia de CECE Andalucía como una continuidad de su trabajo al servicio de la enseñanza en Andalucía: desde hace cuatro años como presidente de CECE Granada, pero mucho antes –desde hace más de 40 años– desde los colegios del Ave María de Granada, institución en la que fue maestro y director y hoy es director general.
Hablamos con él a los pocos días de su toma de posesión, en la que estuvo acompañado por la nueva viceconsejera de Educación y Deportes, Marta Escrivá, y por el presidente del Consejo Escolar del Estado, José Antonio Funes.
CECE Andalucía es la principal patronal educativa en esta comunidad autónoma, con más de 400 centros educativos asociados. Además de agrupar a gran parte de los colegios privados y concertados en enseñanzas de Régimen General, CECE Andalucía representa a la mayoría de las escuelas de Educación Infantil de titularidad privada (concertadas muchas de ellas), así como a la mayoría de los centros privados de Formación Profesional.
García Reche saluda el nuevo ciclo político con esperanzas de una mejora en el trato a los colegios concertados y a su alumnado tras la era socialista.
- P.– Su nombramiento en CECE Andalucía coincide con una nueva etapa política en Andalucía. ¿Han percibido algún cambio en las políticas del nuevo Gobierno desde que ha llegado?
- R.– Hace justo unos días el nuevo consejero, Javier Imbroda, ha anunciado las medidas más destacadas del Anteproyecto de la nueva Ley de Medidas de Apoyo en Educación para Andalucía, y algunas responden a las demandas realizadas por CECE. Significa un inicio de cambio que esperamos que se vea desarrollado con la mayor amplitud posible.
- P.– La viceconsejera de Educación estuvo presente en su nombramiento la pasada semana. ¿Eso muestra una sinergia especial o es lo normal en el protocolo institucional?
- R.– Asistir al homenaje a Antonio Martín Boraita, que durante 15 años ha presidido CECE Andalucía, y a la toma de posesión del nuevo presidente fue todo un detalle de la viceconsejera hacia nuestra organización que le agradecemos sinceramente. Igualmente al Presidente del Consejo Escolar de Andalucía y al Director General de Planificación, que también estuvieron presentes. Creo que responde a una manifestación de intenciones de acercamiento y búsqueda de sinergias. Esperamos ver los frutos de esta actitud.
- P.– ¿Cómo han vivido los colegios de CECE los últimos años de socialismo en Andalucía?
- R.– No ha sido nada fácil, pero a pesar de las dificultades vividas, CECE Andalucía ha sabido establecer una política de negociación, de diálogo –y también de litigios jurídicos cuando han sido necesarios–, que ha permitido alcanzar las mejores soluciones posibles en el contexto de las anteriores etapas de gobierno.
- P.– ¿Cuáles son los objetivos de esta etapa que se abre en CECE Andalucía con usted en la Presidencia?
- R.– Desde la herencia recibida, hay que mirar al futuro, manteniendo y defendiendo los principios que nos definen como organización y promoviendo todos aquellos proyectos que ayuden a nuestros centros asociados para el desarrollo de nuestra oferta educativa. Todos los centros de CECE Andalucía están muy concienciados en ofrecer a las familias un proyecto educativo de la mayor calidad, con metodologías innovadoras y al mismo tiempo con los valores que nos definen y que nos diferencian. La gran demanda de las familias hacia nuestros centros es un buen indicador cuyo nivel debemos mantener y superar con el esfuerzo de todos.
La financiación de la concertada en Andalucía
- P.– ¿Cuál es la evolución de la financiación a la concertada en estos últimos años?
- R.– La financiación se ha ajustado a lo que establecían los módulos de concierto recogidos en los Presupuestos Generales del Estado. Es de todos conocido que esas cuantías son claramente deficitarias. Pero además, a diferencia de otras comunidades autónomas, aquí no se ha permitido cobrar a las familias, por lo que en Andalucía la subsistencia de los centros viene siendo realmente difícil. Ningún gobierno central ha promovido la revisión de los módulos y la Junta de Andalucía, en el marco de sus competencias, tampoco ha mejorado esas cuantías.
- P.– ¿En Andalucía está prohibido que los colegios concertados cobren aportaciones voluntarias a los padres?
- R.– Sí. Resulta chocante, pero es así. En la última Asamblea nacional de CECE, recuerdo que nuestros compañeros de Cataluña nos preguntaron cómo subsistíamos y no daban crédito. Porque, al final, lo que puedan obtener los colegios de las extraescolares o del comedor o del aula matinal es prácticamente insignificante. Y hay que tener en cuenta que si la Administración lo consintiera, algunos centros ni siquiera lo harían porque el estrato social y económico de su alumnado es muy bajo y no podrían cobrarles nada. Pero la cuestión es que está prohibido. Aparte del agravio que sufre la enseñanza concertada en general por parte de la Administración, en cuestión de financiación, los colegios de Andalucía viven en desigualdad de condiciones respecto a los de otras comunidades autónomas. No estaría de más hacer un mapa de lo que cada comunidad autoriza a cobrar a las familias por parte de los colegios concertados.
La situación de los conciertos
- P.– ¿Se han eliminado unidades concertadas en los últimos años?
- R.– El descenso de natalidad es un problema real que nos está afectando a todos por igual, y en la escolarización de infantil de 3 años se nota. Claro que se han perdido unidades por la caída de la ratio, pero tras unas negociaciones personalizadas, centro a centro, en las que se ha defendido que no se quitasen unidades que tenían demanda y que estaban llenas. Ésa es una línea que hay que defender para que se pase nunca: que no se quiten unidades de un colegio concertado para llevarlas a uno público si el concertado cumple los requisitos para mantener el concierto.
- P.– ¿Y ahí la Junta fue receptiva? ¿No quitó unidades concertadas con el objetivo de pasar alumnado a la pública?
- R.– Aquella negociación se llevó a cabo en cada delegación territorial de la Consejería y a mí me tocó la de Granada, donde tuvimos que poner pie en pared en defensa de la elección de los padres porque sí querían cerrar unidades de concertada para llevarlos a la pública. Sigue latente esa intención de implantar el carácter de subsidiariedad de la concertada: yo lleno los centros públicos y envío a la concertada lo que no pueda escolarizar.
- P.– En cualquier caso, debido a la caída de la natalidad, la pérdida de alumnado ha sido inevitable.
- R.– Hay centros que han perdido una línea completa por falta de alumnado. Todos tenemos asumido que si no hay suficientes alumnos, eso no se puede mantener. Es lo lógico.
- P.– ¿Saben ya si van a mantenerse las unidades concertadas del presente curso? (Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, la situación se mantiene en suspense, generando gran incertidumbre entre las familias)
- R.– La propuesta inicial de resolución de conciertos es bastante restrictiva: apenas hay modificación con respecto a las unidades concertadas anteriormente. Sólo se propone concierto para algunas unidades de Apoyo a la Integración o unidades específicas de Educación Especial, y poco más. No se han atendido todas la peticiones que presentaban, sobre todo, los centros que habían perdido unidades anteriormente con la intención de recuperarlas. Sin presupuestos de este nuevo gobierno, la excusa estaba servida. Esperaremos a ver los criterios con los que se resuelve la siguiente convocatoria para una opinión más objetiva.
- P.– Otro de los asuntos que preocupan a los colegios de CECE y a sus familias es la zonificación escolar. ¿Hay perspectivas de que el nuevo gobierno dé un giro?
- R.– La zonificación para la escolarización es un problema importante que impide la libre elección de centro a muchas familias de acuerdo al modelo de educación que desean para sus hijos. CECE Andalucía siempre defenderá el distrito único para el proceso de escolarización, de manera que cualquiera pueda llevar a sus hijos a un centro que está lejos de donde vive si es el colegio que quiere para ellos. Esperamos que el nuevo gobierno de Andalucía sea sensible a este criterio y legisle para posibilitar esta aspiración. Pero es difícil. Si lo hace, se va a encontrar con una gran contestación por parte de la oposición.
Discriminación a la concertada y su alumnado
- P.– ¿Hay normativa discriminatoria hacia los colegios concertados en Andalucía?
- R.– Sí ha habido alguna normativa que ha discriminado a los centros concertados y, por consiguiente, al alumnado y a las familias que habían optado por nuestro modelo educativo. El nuevo marco político andaluz, puede y debe ofrecer mayor espacio de encuentro que permita a nuestros centros ofrecer una enseñanza de calidad y con los recursos necesarios para desarrollar nuestro proyecto educativo con dignidad y en condiciones de igualdad. El reciente cambio político en nuestra Comunidad Autónoma ha generado un anhelo de esperanza para que se produzca un punto de inflexión, un cambio de modelo en el tratamiento que reciben los centros privados concertados de Andalucía.
- P.– Por favor, hábleme de los recursos y denuncias que ha presentado CECE Andalucía en los últimos años y en qué situación se encuentran.
- R.– Siempre desde el equilibrio y la prudencia que se han venido manteniendo en todos los procesos negociadores, cuando se ha considerado que no había otro camino, se ha acudido a los tribunales. Un ejemplo lo tenemos con las sentencias del Tribunal Supremo confirmando la sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que estimaba el recurso contencioso contra las órdenes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía de 2013 por las que se denegaba el acceso al régimen de conciertos educativos a nueve centros andaluces de educación diferenciada por sexo.
Una demanda aún en proceso es por la discriminación hacia los centros educativos concertados en la dotación de la banda ancha ultrarrápida: la Junta de Andalucía firmó un Convenio de Colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y con la Entidad Pública Empresarial Red.es (financiado con presupuestos de la Comisión Europea) en el que se excluye a los centros concertados.
Casos así los hemos sufrido con frecuencia. Hay partidas de la Comunidad Europea a las que el Ministerio da curso trasladando el uso a proyectos de las CCAA, y luego la Junta lo dedica sólo a los centros públicos. La respuesta que nos ha dado la Junta siempre es que si queremos más financiación, la vía para conseguirla es pedir un incremento en la partida de los Presupuestos Generales del Estado para la escuela concertada.
Sólo en el programa de gratuidad de libros de texto han permitido que el alumnado de concertada se beneficie, pero en otros nos han discriminado. - P.– ¿Y qué hay de la imposibilidad de acceder a ayudas para el comedor escolar? Hasta lo denunció el Defensor del Pueblo en su informe anual…
- R.– Durante una serie de años se permitió a los alumnos de concertada acogerse al programa de comedores escolares. Pero llegó un momento en que, para evitar el desvío de fondos de unas partidas presupuestarias a otras, y que hubiera entidades privadas beneficiándose de financiación pública, se impidió a los colegios concertados seguir en el programa de comedor. Ahora todos podemos concurrir a a la misma convocatoria, pero sólo si demostramos que tenemos alumnos de compensatoria.
Educación Infantil
- P.– En comparación con el resto de España, en Andalucía hay una amplio porcentaje de unidades de 0-3 concertadas. Y en CECE-Andalucía está asociada una gran parte de esas escuelas de Infantil. ¿Qué retos tiene en estos momentos el 0-3 y qué retos se le presentan a CECE-Andalucía en esta etapa?
- En principio, el Consejero parece haber dado respuesta a algunos de ellos en la batería de medidas que presentó recientemente. La aparición de la normativa que regula actualmente la escolarización de este tramo educativo supuso un conflicto de los centros con la Administración. Aunque se mejoró en algunos aspectos, sigue habiendo descontento por parte de los centros. Hay que mejorar las condiciones de escolarización en el tramo 0-3, y las bonificaciones a las familias.
- P.– ¿Cuál cree que es el mejor sistema para garantizar la gratuidad del 0-3?
- R.– Cualquier sistema es bueno siempre que la cuantía de financiación responda al coste de la plaza. La Junta ha ido a hacer una financiación mínima que no se corresponde con el coste que tiene. Se trata de que todas esas plazas conveniadas estén bien financiadas. En general hay un descontento tremendo con la última normativa que aprobó la Junta, por los plazos de escolarización; por la reposición de las plazas; por el mes de agosto, que no se paga… Son varias cosas.
Formación Profesional
- P.– No quiero dejar de preguntarle por la Formación Profesional, ya que los centros privados y su alumnado han sufrido algunos agravios últimamente por parte del Gobierno andaluz, como, por ejemplo, impedirles participar en las Spain Skills, o que los estudiantes de la rama sanitaria no puedan hacer la FCT en centros sanitarios públicos. ¿Qué puede hacer ahí CECE? ¿Hay líneas de diálogo abiertas con el nuevo ejecutivo?
- R.– Esta problema es un claro ejemplo de la discriminación que hemos venido sufriendo en Andalucía basada en criterios incomprensibles para nosotros. Esperamos establecer las negociaciones oportunas que eliminen estas restricciones. ¿Qué pasaría si todas las empresas privadas dijesen a la Administración que les cobran por admitir alumnado de centros públicos para realizar la FCT?
- P.– El nuevo gobierno andaluz prepara una ley de Formación Profesional. ¿Qué urgencia cree necesaria atender?
- R.– La necesidad de que no se queden alumnos sin estudiar Formación Profesional por falta de plazas. Por ejemplo, en Granada, 4.000 alumnos no consiguieron plaza de FP este curso. No se entiende que no se concierten unidades en centros privados de FP si hay necesidades de escolarización en determinados ciclos formativos que son muy demandados. La orden vigente de la Consejería sí lo permite. Y podría hacerse: los centros que sólo tienen FP en turno de mañana podrían ofertar un turno de tarde y duplicar las plazas si hay alumnos que las demanden. Además, en Formación Profesional, como en la Universidad, sí hay distrito único: podríamos recibir alumnos de cualquier sitio si en su entorno más inmediato no encuentran la plaza que quieren. Pero nada. No se concierta ni una sola unidad. Es una pena porque se quedan chicos y chicas sin acceso a estudiar lo que quieren. Y si no se quiere aprobar un concierto como tal, al menos podrían darse becas al alumnado. De momento, parece que el nuevo Gobierno está buscando cuál es la mejor solución para atender a esa demanda insatisfecha. Ahora bien, sabe que la contestación que puede tener si concierta unidades privadas.
Las familias
- P.– ¿Qué papel deben desempeñar las familias en la vida escolar?
- R.– Mire, yo, que llevo toda mi vida en la enseñanza, recuerdo que al principio, cuando se aprobó la LOGSE con la incorporación de padres y madres al Consejo Escolar, yo recelaba de aquello. Pero ahora que creo que los padres sí deben participar. No tanto en la gestión del centro, que le corresponde al equipo directivo, como en participar en la vida del centro y en estar informados de todo lo que ocurre en el colegio y en el proceso de enseñanza de sus hijos. A mí me sorprende que en algunos centros las asociaciones de padres no estén suficientemente desarrolladas… Precisamente en este proceso de intentar implantar la subsidiariedad de la enseñanza concertada, la implicación y el apoyo de los padres al colegio es muy importante. Aunque no se nos olvide que ese apoyo es, en realidad, una defensa del propio derecho como ciudadanos a elegir colegio para sus hijos. Tener conciencia de todo eso es muy importante para darle sentido a la educación.
La reforma educativa fallida
- P.– Aunque no haya llegado a aprobarse la ley del Gobierno socialista, ¿qué opina del texto? ¿Qué temores tuvo; o tiene, en caso de que vuelva a ponerse sobre la mesa?
- R.– Ese texto nos generaba mucha inquietud, sobre todo por la eliminación de la demanda social como criterio para la financiación y el mantenimiento de unidades concertadas. También se retrocedía en materia de educación diferenciada pese a estar avalada por el Tribunal Constitucional. Y luego me parece muy preocupante la alarma que hizo saltar en los centros de Educación Espacial y en las familias de los niños que están en ellos. Yo he participado en alguna jornada de trabajo sobre este tema con familias y muchas te dicen: ‘Yo ya tengo la experiencia de haber escolarizado a mi hijo en un centro ordinario y haberlo enviado después a uno específico y es ahí donde quiero que esté’. …A ver qué pasa en las próximas elecciones. Aunque yo hablo desde mi región y esa ley es del Ministerio, creo todos debemos alzar la voz contra una reforma así para que no se reduzcan derechos que ya se habían alcanzado. Por mi parte, también apoyaré en todo lo posible a CECE en las futuras negociaciones que haya en Madrid para una nueva ley educativa, en caso de que el nuevo Gobierno resultante de las urnas se la plantee.