La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) ha manifestado su preocupación por las declaraciones realizadas por la ministra Isabel Celaá negando que la Constitución ampare el derecho a elegir colegio. Según expresa CECE en un comunicado, «la ministra de Educación intenta recortar la libertad constitucional de elección de centro educativo».
Lejos de ser unas declaraciones improvisadas las que Isabel Celaá hizo en el XV Congreso de Escuelas Católicas, el propio Ministerio difundió un comunicado después recalcando las palabras de la ministra y aludiendo a algunas sentencias del Tribunal Constitucional.
CECE rebate de la siguiente manera los argumentos dados por el Ministerio. Reproducimos íntegramente el comunicado de la patronal educativa:
«Es difícil imaginar libertad de educación sin libertad de elegir colegio. De hecho, el artículo 26.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Lógicamente, no hablamos de libertad absoluta de elección de centro, como señala la nota de anoche del Ministerio, ni tampoco hemos pedido una concertada a la carta, como dice a veces la propia Ministra, solamente decimos que no pueden cerrar aulas concertadas que tengan igual o más demanda que la media de su entorno, como avalan numerosas sentencias a lo largo de las últimas décadas.
Las referencias que el Ministerio hace a sentencias del Tribunal Constitucional resultan bastante forzadas y sacadas de contexto, sin reconocer que por ejemplo la reciente Sentencia 31/2018, fundamentada en los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España, conecta expresamente el carácter propio de los centros educativos con el derecho de los padres a elegir el tipo de formación religiosa y moral que desean para sus hijos, y ese derecho a su vez con el derecho de las familias a la elección de escuela. Por eso el Tribunal Constitucional reafirma el derecho de los padres a la elección de centro docente como una dimensión específica del derecho a la educación.
Nos sorprende que la Ministra hable de diálogo y de consenso para, acto seguido, querer imponer unilateralmente un cambio radical en la interpretación que a lo largo de cuarenta años se ha hecho del derecho constitucional de libertad de enseñanza. Es evidente que la libertad de enseñanza exige pluralidad de centros, y para que esa pluralidad sea asequible a quien tiene menos recursos, debe estar sostenida con fondos públicos, y las familias deben poder ejercitar ese derecho a elegir centro en régimen de igualdad de oportunidades».
