La ministra de Educación y FP presentó esta semana las medidas para el sistema educativo que incluye el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno ha presentado a Bruselas para la obtención de fondos europeos que contribuyan a la recuperación económica y social. Una de las iniciativas es la creación de 64.000 plazas del primer ciclo de educación infantil en centros exclusivamente de titularidad pública, a la que destinará 670,9 millones de euros de los fondos europeos para la recuperación. Gran parte de ellas serán para niños y niñas de 1 y 2 años.
Es una clara demostración de que el Gobierno, como ha anunciado en numerosas ocasiones, quiere impulsar la universalización del 0-3 sólo a través de centros públicos. La otra cara de la iniciativa es el rechazo implícito a apoyar a un sector, el de la Educación Infantil, lleno de pequeñas empresas a las que la pandemia –aunque ya antes el descenso de la natalidad– ha dejado sin alumnos, teniendo que enviar a muchas trabajadoras a un ERTE o directamente a las listas del paro.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Isabel Celáa respondió que las nuevas plazas podrían ser en centros públicos ya creados y también en centros de nueva construcción. Gran parte de las escuelas públicas de Infantil dependen de los ayuntamientos; otras de los gobiernos autonómicos. En Ceuta y Melilla, del Ministerio.
La partida incluye el gasto en infraestructuras y equipamiento, pero sólo dos tercios del gasto de funcionamiento y de personal, según se detalla en el Plan. «Se ha solicitado la financiación de los gastos de funcionamiento que de forma transitoria y extraordinaria permita pagar la remuneración del personal necesario para el arranque de la inversión», dice el Gobierno en el documento, que precisa que estos fondos europeos para la recuperación son los más adecuados para «la financiación inicial de esta medida, garantizando su ejecución de forma inmediata».
Ahora bien, después de 2023, han de hacerse cargo del mantenimiento las CCAA: «Una vez consolidada la escolarización producida por este programa durante los 4 años de duración, las administraciones educativas asumirán con sus presupuestos ordinarios el mantenimiento de las plazas creadas», añade. Si bien el Ejecutivo «está trabajando» en garantizar la continuidad del programa a partir del 2024 con financiación proveniente del Fondo Social Europeo Plus, diferente de los fondos para la recuperación por el Covid.
En el curso 2017-2018, estaba escolarizado un 30,2% de los niños de 1 año y un 60% de los de 2 años. Con la creación de plazas públicas, el Gobierno persigue el objetivo de extender la escolarización a esas edades y la igualdad de oportunidades en el acceso a una educación de «alta calidad», sobre todo entre aquellos con situaciones de partida más desfavorables. Según las estadísticas oficiales, sólo una minoría del alumnado escolarizado en el primer ciclo de Infantil pertenece a familias con rentas bajas.
Transformación digital, FP y medidas de refuerzo y apoyo
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia guiará la ejecución de 72.000 millones de euros de fondos europeos hasta 2023 y movilizará en los próximos tres años el 50% de los recursos con los que cuenta España gracias al instrumento Next Generation EU. Las inversiones y reformas del Ministerio de Educación y Formación Profesional se incluyen en los componentes 19, 20 y 21 de dicho Plan.
El primero de ellos está destinado a la transformación digital del sistema educativo con una inversión total de 1.496 millones de euros. De ellos, 827 millones serán para la instalación y mantenimiento de más de 240.000 aulas digitales interactivas en 3 años; 301 millones para la formación en competencia digital de más de 700.000 docentes; 150 millones para 300.000 dispositivos destinados a reducir la brecha digital entre el alumnado; 110 millones para el Plan FP Digital; 19 millones para la capacitación docente en el uso de las aulas digitales interactivas y 4,8 millones para la mejora de los sistemas de información de Ceuta y Melilla. Otros 84 millones irán destinados a la Red de Centros Nacionales de capacitación digital.
Respecto a los 500.000 dispositivos que el Ministerio había comprometido para este curso y que todavía no han llegado a algunas CCAA como Madrid, la ministra Isabel Celaá alegó que los controles de calidad, gestión y distribución han ido más lentos de lo esperado y aseguró que en junio estarán entregados todos los dispositivos. Además, anunció la distribución de otros 300.000, destinados –como los otros– a alumnado en familias de bajos recursos y en riesgo de exclusión.
El componente 20 se centra en el desarrollo e impulso a la Formación Profesional, con una inversión total de 2.075,4 millones de euros. Con ese dinero el Ministerio quiere avanzar en la consolidación de un sistema de Formación Profesional unificado, incluyendo la FP para el empleo, y «convertir estas enseñanzas en clave de una economía sostenible, capaz de adaptarse a las transformaciones del sector productivo y mantener la competitividad de los trabajadores», informa el Ministerio.
De esos 2.075,4 millones de euros, 724,6 van destinados a la acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral de tres millones de personas; 394,78 millones a la formación modular de 700.000 trabajadores ocupados y desempleados; 200 millones para la creación de una red de 50 centros de excelencia; 300 para la conversión de 3.700 ciclos formativos de grado medio y grado superior en bilingües; 254 para la creación de 135.000 plazas de FP; 9 millones para la puesta en marcha de Aulas Mentor en 2.250 municipios rurales y 2,5 millones para la formación digital y verde de 20.000 docentes de FP, aplicada a los sectores productivos.
Por último, el componente 21, «Modernización con equidad del sistema educativo», incluye una inversión de 1.115,6 millones de euros e incorpora medidas destinadas a «luchar contra el abandono escolar temprano, mejorar los resultados educativos y fomentar la equidad y la calidad del sistema educativo».
En esa partida van las 64.000 plazas públicas de primer ciclo de infantil; la implantación del programa de apoyo #PROA+ (320 millones de euros) en unos 2.500 centros de especial dificultad (gran parte de ellos en el medio rural); y la creación de al menos 1.000 unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar del alumnado con dificultades (124,71 millones).
La planificación y ejecución de estas inversiones se harán fundamentalmente con las comunidades autónomas mediante programas de cooperación territorial que serán acordados y aprobados en las conferencias sectoriales.
