Desde que el Gobierno puso sobre la mesa su ambición de modernizar la FP, incidió en que la colaboración público-privada habría de ser uno de los ejes vertebradores de cualquier plan, y así lo proclama el texto de la Ley de FP aprobada en el Congreso de los Diputados el 16 de diciembre. Sin embargo, tras la incorporación de enmiendas negociadas con los partidos políticos, el texto final ofrece muchas cautelas a los centros de de FP de iniciativa privada, incluidos los concertados.
Todos ellos aglutinan al 30% del alumnado que estudia FP reglada y, en muchos casos, son punta de lanza y referentes en materia de innovación, calidad, conexión con el tejido productivo local y FP dual, que son precisamente señas de identidad del sistema que promueve la nueva ley.
La alusión explícita en la norma a que hay que garantizar «una oferta pública suficiente», introducida en el trámite parlamentario (art.24), hace temer a los centros privados y concertados un perjuicio sobre su oferta, su alumnado y las empresas que participan con ellos en la formación.
El informe de la ponencia sobre el proyecto de ley que se aprobó durante el trámite parlamentario apuntaba que «para canalizar todas las expectativas», la ley debe «establecer itinerarios formativos garantizados por las administraciones con una oferta pública diversificada y suficiente».
La patronal educativa CECE, que representa a parte de los centros privados y concertados con oferta de Formación Profesional, ha querido ser muy cauta al emitir juicio alguno sobre una ley que aún debe pasar por el Senado y después tener un amplio y prolijo desarrollo normativo, pero no ha ocultado su preocupación por que «alguno de los aspectos que se han modificado en el trámite parlamentario pueda afectar a uno de los principios básicos y vertebradores de esta ley y del Plan de Modernización de la FP, como es la colaboración público-privada; en concreto en lo referente a los centros que impartirán las ofertas de Formación Profesional».
No obstante, CECE ha querido dejar claro su apoyo a «una ley que creemos necesaria y que en la mayoría de sus aspectos recoge medidas que van a contribuir a la mejora del sistema de la Formación Profesional en España».
«Esperamos -añaden- que los desarrollos legislativos de esta ley reconozcan la importancia de contar con todos los centros del sistema de FP, centros que realizan una gran labor y son necesarios para alcanzar los objetivos que persigue esta ley, objetivos que apoyamos plenamente».
«Nadie sobra en educación», suele decir el presidente de CECE, Alfonso Aguiló. Menos aún quien ya lleva un camino recorrido en la misma línea del sistema que se quiere construir.
El texto aprobado en el Congreso debe pasar ahora el trámite del Senado, aunque cabe la posibilidad de que el texto salga ratificado por la Cámara Alta sin modificación alguna, como ocurrió con la LOMLOE.
