Jorge Calero es Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. Es Licenciado y Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y Master por la Universidad de Londres. Está especializado en Economía de la Educación, campo en que es autor de más de un centenar de artículos en revistas especializadas y diversos libros. Participará en el próximo 50º Congreso de CECE en Palma de Mallorca del 2 al 4 de noviembre #50CongresoCECE como participante en el Diálogo “Consolidar nuestro compromiso con la equidad”. junto a Juan Carlos Rodríguez y Mercedes Esteban Villar como moderadora.
P._¿Cree que se dedican suficientes recursos económicos a la educación en España? ¿Qué país considera que puede ser un buen ejemplo en este respecto.
R. En España el gasto público en educación supone el 4,1% del PIB, cifra por debajo del 4,7% que es la media de la Unión Europea. La variabilidad de este indicador en Europa es amplio, con un rango en cuyo mínimo está Rumanía (3,1% del PIB) y en cuyo máximo se sitúa Suecia (7,1%). En términos comparativos, por tanto, España podría tener un cierto margen de crecimiento. Sin embargo, los elevados déficits públicos en los años recientes y el crecimiento de la deuda pública hacen improbable que el gasto público educativo pueda tener una expansión fuerte en los próximos años. Son necesarias, por tanto, políticas de mejora de la calidad que sean eficaces con costes reducidos. Merece la pena, en este sentido, prestar atención a lo que están haciendo diversos países asiáticos con excelentes resultados educativos, como Corea del Sur, Singapur, China o Japón.
P._¿Cuál considera usted que es el vínculo entre economía y educación en las sociedades occidentales?
R.La educación es un elemento fundamental de las economías avanzadas. Es una condición necesaria (pero no suficiente) para incrementar la productividad, en tanto que entra en combinación con las mejoras tecnológicas y organizativas. El crecimiento económico que se ha producido históricamente en el capitalismo es indisociable del crecimiento paralelo de los niveles educativos. Sin embargo, como digo, puede no ser suficiente: la situación de crecimiento nulo del PIB per cápita en España desde 2007 hasta la actualidad ha ido acompañado de un crecimiento sustancial de los niveles educativos, lo que nos indica que la productividad no puede sustentarse únicamente en el capital humano.
P._La brecha educativa y por lo tanto social entre comunidades autónomas ha aumentado, ¿qué soluciones desde el punto de vista económico podría terminar con esta tendencia, es un problema de inversión?
R. El dar mas o menos énfasis en el gasto educativo es una decisión inherente a la capacidad de decisión de las diferentes Comunidades Autónomas. Se trata de decisiones presupuestarias que son, en última instancia, políticas. En España, ese marco, que en principio parece razonable, está viciado por las diferencias radicales en los ingresos de las Comunidades. En particular, la capacidad financiera del País Vasco y Navarra, debido al sistema del cupo en un caso y del convenio en otro, genera desigualdades difícilmente justificables.
P._Respecto a la distribución del presupuesto dedicado a la educación concertada cree que podría ser posible equipararlo con los fondos dedicados a la enseñanza pública como pasa en otros países como por ejemplo los Países Bajos? ¿Qué supondría para la economía del Estado?
R. Sí, por supuesto, sería posible. Es una decisión política. El nivel de gasto público se incrementaría, lógicamente. Una primera estimación de ese incremento, sin tener en cuenta el efecto del trasvase potencial de la demanda de los centros públicos a los concertados que tendría lugar, sería del 0,3% del PIB. Es una cifra considerable, pero es un nivel que han asumido otros países en los que no existen conciertos y la totalidad del gasto educativo se dedica a los centros públicos. Por así decirlo, la reducción de costes para el gasto educativo que supone actualmente la existencia de centros concertados es una “ventaja” de la que se aprovecha el sector público, pero esta “ventaja” genera problemas tanto de eficiencia como de equidad en el sistema educativo. En lugar de un diseño adecuado de cuasi mercado, el sistema actual de concierto cuenta con un diseño bastante imperfecto, un sistema que busca dar libertad de elección pero que sólo lo hace parcialmente y de forma poco equitativa por la escasa financiación.
P._¿Cree que los colegios concertados segregan debido a la necesidad de la aportación de cuotas por parte de las familias? ¿Qué medidas se podrían tomar para evitar esto en caso que pase?
R. Lógicamente, la existencia de cuotas es uno de los factores de segregación. No es el único, pero es relevante. Las medidas que se podrían tomar para evitarlo van en la línea de mi respuesta para la pregunta anterior: reformar el diseño del sistema de conciertos de tal modo que no fueran necesarias las cuotas para que los centros concertados salieran adelante.
P._Hoy se ha publicado el 8º Estudio de Cuotas y Precios de Colegios Concertados, elaborado por la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (Ceapa) y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae), que dice que el 87% de los colegios concertados cobra una cuota base mensual en enseñanzas obligatorias a las familias en el curso 2023-2024. ¿Por qué no se habla abiertamente de la necesidad de recibir los recursos necesarios para los colegios concertados?
La cobertura actual de sólo una parte de los costes de los centros concertados es una fórmula muy poco justificable teóricamente y que obedece, a mi parecer, más bien a la doble intención de contener el gasto educativo y de “hacerse perdonar”, ante parte de las posiciones políticas, la “falta” de destino de dinero a los centros privados. Más lógico sería aceptar plenamente que, si se quiere incrementar la capacidad de elección y la diversidad, es necesario financiarlas adecuadamente.
P._¿Qué problema hay con las becas que no llegan a las familias más desfavorecidas? ¿Cree que se debería incrementar el porcentaje de becas.
R. La financiación mediante conciertos, para reducir las desigualdades económicas en el acceso que puede generar, debería ir acompañada de suficientes becas. Considero especialmente problemático que actualmente los alumnos escolarizados en centros concertados de diferentes comunidades autónomas no puedan acceder a becas de comedor y transporte. Es un diseño de política educativa con muy poco sentido, en tanto que da por supuesto que los alumnos de los centros privados tienen un nivel económico más elevado que el resto. La situación tiene mucho de tautológico: al asumir que los alumnos de los centros privados tienen un nivel económico más elevado, se les niega las becas de comedor y transporte y se llega a la situación de que finalmente los alumnos de los centros privados tienen un nivel económico más elevado.
P._Un tema muy importante en España es el alto porcentaje de abandono escolar, tanto en educación obligatoria como en la universitaria? Puede ser un indicador de que no se están dando suficientes recursos o se están distribuyendo mal. ¿Cómo se rebajaría?
R. En mi opinión, el problema más serio de la educación en España, el que además lo diferencia más claramente del resto de países europeos, es el del abandono temprano. El abandono temprano, la proporción de alumnos que no continúan estudiando una vez acabada la educación obligatoria a los 16 años, es muy elevado. Es especialmente elevado en el caso de los varones (se situaba en 2022 en el 16,5%, en contraposición al 11,2% en las mujeres). Aunque ha descendido sustancialmente en los últimos quince años, seguimos teniendo el segundo valor más elevado de Europa, sólo por detrás de Rumanía. La media de la Unión Europea se situó, en 2022, en 11,1% para los hombres y 8% para las mujeres.
El abandono temprano es, en España, muy dependiente del ciclo económico: en los periodos de mayor desempleo juvenil tiende a reducirse, mientras que se incrementa cuando el desempleo baja. Teniendo esto en cuenta, la forma más evidente de rebajar el abandono consistiría en hacer que el ingreso alternativo que se puede conseguir en el mercado de trabajo sea menos necesario para el estudiante y su familia. Las becas juegan un importante papel en ello. Hacer más visibles, también para los estudiantes y las familias, los beneficios de la educación post-obligatoria, sería una buena política en este sentido.
P._¿Piensa también que faltan datos disponibles de educación en España?
R. Faltan datos procedentes de evaluaciones del rendimiento. En otros ámbitos, los datos han mejorado muchísimo en los últimos treinta años. Por ejemplo, en el ámbito de la financiación. Sin embargo, en las evaluaciones de rendimiento, en las evaluaciones de competencias, existen todavía muchos déficits. Las evaluaciones internacionales de competencias, como PISA, PIRLS o TIMSS, han proporcionado un marco metodológico muy bueno, en el que se podrían basar evaluaciones de competencias nacionales o autonómicas. Sin embargo, estas no se han desarrollado suficientemente. En la actualidad, por ejemplo, la comparación de los niveles de competencias entre diferentes comunidades autónomas no siempre es posible.
