Con el hashtag #paremoslaleyCelaá, 115.000 tuits pidieron este 20 mayo que se detenga el trámite parlamentario de la LOMLOE, el proyecto de ley que deroga la LOMCE. «No es el momento ni la forma», decían algunos de los mensajes difundidos en relación a la falta de consenso que ha cosechado el texto del Ministerio en la comunidad educativa y a la inoportunidad de poner en marcha una nueva ley en plena epidemia de coronavirus, con la escuela acuciada por las numerosas urgencias educativas que está dejando el largo confinamiento y las ingentes dificultades organizativas que plantea la prevención sanitaria el curso que viene.

La «quedada digital» –de 12.00 a 13.00 y de 18.00 a 19.00– fue impulsada por la plataforma Concertados, en la que están integrados los principales agentes de la escuela concertada en España: CECE y Escuelas Católicas, por parte de los colegios; las asociaciones COFAPA y CONCAPA, por parte de las familias; y los sindicatos FSIE y FEUSO, por parte de los docentes.

La del 20 mayo fue la segunda acción convocada por esta plataforma, después de la del pasado 4 de mayo, cuando lograron reunir más de 100.000 tuits apoyando la campaña #StopLeyCelaá.

Que el hastag #paremoslaleyCelaá haya llegado a ser número 1 de los trending topics del día «refleja un rotundo éxito» de la convocatoria y, sobre todo, «la enorme preocupación social ante la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley en las circunstancias actuales», señala la nota emitida por la plataforma Concertados.

«El Proyecto de Ley contiene medidas que lesionan y limitan las libertades y derechos de las familias y los centros, y que han provocado el rechazo contundente de una gran parte de la comunidad educativa», manifiestan los representantes de la escuela concertada. «El Gobierno y los partidos que lo sustentan deberían escuchar y reflexionar sobre su empeño en aprobar con tanta urgencia una ley que no va a tener el suficiente consenso y apoyo social. Volveríamos a tener una ley que durará lo que permanezca este Gobierno», subrayan.

Concertados urge a que el Gobierno y las demás administraciones se centren en «preparar el cuso escolar 2020-2021 ante el incierto horizonte que se vislumbra» por la epidemia de coronavirus.

«No es acertado que, sin saber aún cómo se va a organizar y desarrollar un curso que se prevé complejo, se intente aprobar una nueva ley de educación en cuyo desarrollo y aplicación también habrá que trabajar mucho en los próximos meses. Administraciones, titulares de centros y profesionales deben centrar todos sus esfuerzos para reducir y paliar los efectos que la crisis sanitaria y económica está teniendo sobre el alumnado».

La plataforma pide que se paralice el trámite parlamentario del proyecto de ley, que «la educación forme parte de los trabajos de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica» y «promover un Pacto Educativo para garantizar la estabilidad que necesita el sistema educativo, un pacto que respete la Constitución, los acuerdos internacionales, la libertad de enseñanza y la pluralidad de centros, en el que quepamos todos porque será beneficioso para el alumnado actual y futuro de nuestra sociedad».

La escuela concertada aglutina un 25% del alumnado en España, llegando al 30% en la enseñanza obligatoria (Primaria y ESO). El Proyecto de Ley que está hoy en el Congreso de los Diputados, elaborado por el Ministerio de Educación hace casi dos años para modificar la LOMCE, supone un perjuicio para la enseñanza concertada y para las familias que han elegido colegios concertados para sus hijos ya que elimina el principio de «demanda social» en la programación de la enseñanza que hacen las administraciones y prioriza la creación y la ocupación de plazas públicas, pese a ser la concertada una enseñanza también sostenida con fondos públicos.

«Con la programación de la enseñanza de la LOMLOE se recorta la libertad de elección de escuela», decía Alfonso Aguiló, presidente de CECE, en la quedada digital del 20 de mayo. «Y la Declaración Universal Derechos Humanos señala que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos».

«Tenemos por delante muchos desafíos en educación. Necesitamos una ley en la que quepan todos, sin descartes, con diversidad, sin discriminaciones, con equidad, sin legislar contra nadie», añadía.

La LOMLOE también deja en un plano secundario y difuso la asignatura de Religión, que cursa más de la mitad del alumnado en nuestro país. Y resta autonomía a los centros educativos e introduce en los consejos escolares un representante municipal que puede condicionar las decisiones de los mismos. Asimismo, deja en una situación de desamparo a las familias que eligen un centro de educación especial para sus hijos con discapacidades, ya que el proyecto de ley establece que éstos quedarán sólo como centros de referencia y para atender a niños con discapacidad grave; el resto debe ser escolarizado en centros ordinarios para, según el Gobierno, mejorar la inclusión de la escuela en nuestro país.