El Consejo de Ministros del 29 de septiembre aprobó una batería de medidas de relajación de la exigencia educativa en la enseñanza no universitaria para compensar las dificultades de enseñanza y aprendizaje como consecuencia de la pandemia y de la compleja organización escolar a la que nos ha abocado el Covid-19. Igual que en el ámbito laboral no hará falta la titulación del máster para ejercer la docencia, en lo educativo tampoco hará falta aprobar todas las materias para pasar de curso y obtener los títulos de ESO y Bachillerato. Asimismo, los centros podrán modificar los estándares de aprendizaje y los criterios de evaluación tanto en Primaria y ESO, como en Bachillerato y FP.
El motivo alegado por el Gobierno en el Real Decreto-Ley de «medidas urgentes» en la educación no universitaria es que es «imprescindible realizar adaptaciones que permitan al alumnado continuar desarrollando su proceso de aprendizaje» mientras dure la pandemia de Covid-19.
Las medidas aprobadas tendrán que ser validadas en el Parlamento y después ser desarrolladas y aplicadas por las administraciones autonómicas en sus territorios de acuerdo a su criterios. Son las siguientes:
- La exención temporal del requisito de formación pedagógica y didáctica de posgrado o equivalente, para el nombramiento excepcional de funcionarios interinos para cubrir las plazas docentes que precise la Administración, así como para la contratación de docentes en centros educativos privados.
- Se otorga «carácter orientativo» a los estándares de aprendizaje evaluables fijados en la legislación. La justificación es «facilitar la elaboración de programaciones didácticas y su adaptación a las circunstancias derivadas de las decisiones sobre presencialidad del alumnado en los centros».
- Se autoriza a los centros a modificar los criterios de evaluación y promoción para todos los cursos en Primaria, ESO, Bachillerato y FP, así como para obtener las correspondientes titulaciones. La repetición será una medida «excepcional» y nunca por la única causa de no haber superado materias. La titulación en ESO nunca estará supeditada a aprobar todas las materias. Y el título de Bachillerato estará condicionado sólo a obtener «una media igual o superior a la requerida para la superación de cada materia».
- Se autoriza la modificación de los criterios de evaluación y promoción y permanencia en las enseñanzas de idiomas, y para la certificación de los correspondientes niveles.
- Se suprimen las evaluaciones de final de etapa de Primaria y ESO.
- Se considerarán días lectivos todos aquellos que se preste atención y apoyo educativo al alumnado, presencial o telemáticamente.
- Ante la dificultad o la imposibilidad para realizar prácticas en empresas, los centros de FP podrán reducir la duración del módulo de FCT a 220 horas, o bien sustituir la estancia en empresas «por una propuesta de actividades asociadas al entorno laboral». Esta medida se hace extensiva también a las enseñanzas artísticas y deportivas.
El Gobierno considera que las medidas «incorporan la mejor alternativa posible dada la situación de excepcionalidad» y dan «respuesta a las aspiraciones de la comunidad educativa y a las demandas de las administraciones».
Precisa que «su vigencia queda condicionada a la duración de la pandemia» y alega que «no es posible recurrir a otros procedimientos normativos dado que ya se ha iniciado el curso escolar y las previsiones de evolución de la pandemia no permiten dilatar más en el tiempo la actuación del Gobierno».
Como la gestión educativa depende de las CCAA, el Real Decreto urge a que «las CCAA cuenten con la mayor celeridad posible, con el marco normativo básico a partir del cual realizar su ordenación y gestión de la actividad docente y educativa».
Críticas a la desigualdad que promueve
Dado que corresponde a cada administración autonómica regular la flexibilización de los criterios de evaluación y promoción, puede llegar a producirse una disparidad de regulaciones que no hagan sino ahondar más aún en la desigualdad educativa ya existente en nuestro sistema educativo y vulnerar el principio de igualdad de oportunidades del alumnado.
Varios agentes de la comunidad educativa ya han criticado las medidas del Gobierno en este sentido por contribuir a aumentar la brecha de desigualdad entre CCAA, y también entre centros, y por el «mensaje contrario a los valores de esfuerzo y mérito del alumnado», en palabras del sindicato ANPE.
«No olvidemos», puntualiza ANPE, «que los títulos académicos, que expide el Ministerio de Educación, tienen validez en todo el Estado.