Es la primera vez que la sociedad civil no será escuchada en el Congreso de los Diputados en el trámite de una ley de educación. PSOE y Unidas Podemos lograron sumar el apoyo de otros grupos en la Comisión de Educación del Congreso para evitar las comparecencias de diferentes agentes de la comunidad educativa antes de la votación de enmiendas al proyecto de ley. Los diputados de PP, Ciudadanos y Vox votaron a favor de las mismas, pero no fue suficiente.

De esta manera se acelera la tramitación de la LOMLOE, que podría quedar votada en el Congreso a final de año y regresar del Senado para su aprobación definitiva en marzo de 2021, según las previsiones de fuentes parlamentarias. El objetivo del Gobierno es que entre en vigor el curso que viene.

«El PSOE y sus socios escriben un capítulo más en su deriva autoritaria impidiendo que los expertos educativos comparezcan en el Congreso», criticó Sandra Moneo, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular. «Pretenden acallar las voces críticas con su ley. Todas las leyes educativas se han elaborado contando con la presencia de la comunidad educativa. La LOMCE se tramitó tras la comparecencia de 50 expertos. Esta ley se impondrá sin debate social porque en el fondo el PSOE sabe que no tiene nada nuevo que ofrecer para la transformación y mejora del sistema educativo. Su proyecto de ley es un proyecto anticuado rehén de los prejuicios ideológicos de un Partido Socialista en descomposición».

En declaraciones a Europa Press, la portavoz de Educación de Ciudadanos, Marta Martín, calificó de «atropello a la democracia» la actuación de los partidos en el Gobierno y animó a todas las asociaciones y agentes de la comunidad educativa a las que se ha impedido comparecer “a que acudan a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para que investigue el proceso por el que se está tramitando la LOMLOE».

«Al final nos vamos a encontrar con una ley que está siendo tramitada en un cuarto oscuro, sin transparencia, cuando no se escucha a los protagonistas del objeto de la ley«, añadió el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal.

Pese a todo, sigue adelante

Ni la pandemia, ni la desestabilización de la educación causada por ella, ni la transformación improvisada y acelerada de la enseñanza que ha impuesto, ni la situación de incertidumbre educativa y de crisis económica que se prevé para los próximos años han conseguido detener un proyecto de ley redactado en 2018 y que es un modificación de la LOE de 2006. Pese a que la sociedad y la educación han dado un vuelco, la nueva ley da continuidad al sistema educativo de siempre.

Las voces más críticas apuntan a que el anacronismo del proyecto de ley justifica que haya recibido nada menos que 1.168 enmiendas de los grupos parlamentarios después de que no saliera adelante ninguna de las enmiendas de devolución. Un centenar de ellas ha sido presentado por los partidos en el Gobierno –PSOE y Unidas Podemos– “para dar respuesta a las propuestas realizadas desde diferentes colectivos del ámbito educativo”. Otras 54 han sido presentadas en solitario por Unidas Podemos, entre ellas una para garantizar que, en caso de necesidad de plazas escolares, éstas sólo podrán ser públicas de nueva creación.

Las 1.168 enmiendas serán debatidas en un grupo de trabajo designado por la Comisión de Educación del Congreso a lo largo de tres semanas. Después habrá una reunión de la Comisión de Educación y finalmente las enmiendas serán elevadas al Pleno para su votación. Las previsiones que se manejan es que pueda pasar al Senado antes de fin de año.

Hostigamiento de la concertada y otros cambios

El cambio más significativo de la LOMLOE es el blindaje de la escuela pública como elemento vertebrador del sistema educativo frente a una escuela concertada subsidaria, limitada a sobrevivir allí donde la Administración considere que haga falta, en vez de una alternativa válida para los ciudadanos que la demanden, como hasta ahora. De acuerdo a las últimas enmiendas presentadas por PSOE y Unidas Podemos, las Administraciones estarían obligadas a construir colegios públicos antes que poder autorizar el concierto de nuevas aulas o nuevos centros.

Otras modificaciones significativas del proyecto de ley son:

• La obligación, por ley, de integrar al alumnado de necesidades educativas especiales en centros ordinarios sin tener en cuenta el criterio de las familias.
• La introducción de Educación Cívica en un curso de Primaria y otro de ESO.
• El aislamiento de la asignatura de Religión como asignatura voluntaria sin alternativa para las familias, lo que dificulta su encaje en el horario escolar.
• La entrada en los consejos escolares de la figura del representante municipal, un agente externo de carácter político.
• La posibilidad de obtener el título de Bachillerato con una materia suspensa y de que los estudiantes con materias suspensas en 1º cursen sólo éstas, sin tener que repetir el curso entero, antes de pasar a 2º.
• La eliminación de itinerarios en 4º de ESO (hacia FP o hacia Bachillerato), aunque con la posibilidad de fijar asignaturas de libre elección en función del itinerario académico que los alumnos vayan a seguir después.
• Las Administraciones de Comunidades con dos lenguas oficiales volverán a decidir el 45% de sus desarrollos curriculares.