La Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE) alerta del agravio comparativo entre comunidades por la disparidad de criterios y la falta de homologación
«La Orden Ministerial por el COVID-19 evidencia la desigualdad administrativa, académica y educativa, así como ahonda la fractura ya de por sí existente en el sistema educativo», sostiene un comunicado.
La Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, emitida por el Ministerio de Educación y FP, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021 debido a la epidemia de coronavirus, «va a generar un mayor escenario de desigualdad y además provocará falta de tratamiento común al alumnado», según denuncia la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE) en un comunicado difundido este lunes.
Es la principal conclusión del estudio realizado por USIE sobre las normas dictadas por las 17 administraciones autonómicas para el último trimestre del curso. Puede consultarse íntegro aquí.
De las 17 comunidades autónomas, 12 han regulado criterios de promoción y titulación en la ESO distintos a los tipificados en la norma básica. A esas 12, hay que sumarles las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Eso nos demuestra objetivamente que, de un total aproximado de 1.975.358 alumnos matriculados en ESO en toda España, 397.608 de Andalucía, 84.575 de Castilla y León, 280.313 de la Comunidad de Madrid, 85.161 del País Vasco y 72.286 de Murcia, es decir 919.943 (46,6%), han sido calificados respetando lo fijado por la normativa básica; mientras que el resto, 1.133.350 (53,4%), han sido evaluados con criterios dispares y no comunes.
De las 17 comunidades autónomas, 11 han regulado criterios de promoción y titulación en Bachillerato distintos a los tipificados en la norma básica. A esas 11, hay que sumarles las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En lo concerniente al Bachillerato, de aproximadamente 610.586 alumnos matriculados en régimen ordinario (excluyendo del cómputo tanto a la modalidad de educación permanente de personas adultas como a distancia) en todo el Estado, 118.288 de Andalucía, 29.233 de Castilla y León, 95.285 de la Comunidad de Madrid, 93.010 de Cataluña, 29.375 del País Vasco y 22.673 de Murcia, es decir 387.864 (63,5%), han sido calificados respetando lo tipificado por la normativa básica; mientras que el resto, 222.722 (36,5%), lo han sido con criterios dispares, no homologados y no comunes.
Según USIE, «la Orden Ministerial certifica la desigualdad administrativa, académica y educativa, así como ahonda la fractura ya de por sí existente en el sistema educativo». «Es cierto que la personalísima cultura de la evaluación en una gran parte de los profesores en España tiene como efecto un tratamiento dispar y no homologado en los alumnos, lo que conlleva numerosas reclamaciones ante la Administración; lo grave es que este curso, además, la asimetría se perpetra con certificado de legalidad», señala el comunicado de la Unión de Inspectores.
Calendario desacompasado
De acuerdo al estudio, otros dos rasgos que han marcado la desigualdad autonómica han sido «el desacompasado calendario en el que se han ido publicando las normas, así como la naturaleza jurídica de esas mismas normas».
Hay una diferencia temporal de 32 días entre la primera administración que publica su norma, Islas Baleares (16 de abril) y la última en hacerlo que es La Rioja (18 de mayo). En lo relativo al carácter de la norma, «el abanico de técnicas abarca un espectro amplio que recorre el rango normativo» que va desde el acuerdo de Consejo de Gobierno con rango de Decreto, a las órdenes, resoluciones e instrucciones.
Por último, «también se produce una falla en cuanto a la participación y la transparencia ante la comunidad educativa puesto que son muy pocas las Administraciones que establecen la obligatoriedad de informar a los Consejos Escolares de los cambios metodológicos y de las modificaciones establecidas en los procedimientos, criterios de evaluación, calificación, promoción y titulación».
USIE denuncia que obtener el mismo título o acceder a unos estudios con exigencias distintas dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que se resida «es un agravio para miles de estudiantes a la hora de continuar su formación o acceder al mundo laboral, puesto que el disfrute de todos los derechos y el cumplimiento de todos los deberes deben tener los mismos requisitos». En parte, apuntan, «en eso reside la equidad en un estado social y derecho».
Para este sindicato de inspectores, la preservación del principio constitucional de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley «debería hacer necesario, en un Estado descentralizado como el nuestro y tratándose de un derecho fundamental como es la educación, que las Administraciones educativas dieran una respuesta coordinada para afrontar el funcionamiento del sistema en una situación tan imprevista y traumática como la que se atravesó y aun atravesamos».
