La ministra Isabel Celaá insiste en pedir «tranquilidad» a las familias que llevan a sus hijos a la escuela concertada porque, asegura, no va a legislar «contra ella». Sin embargo, su discurso en sede parlamentaria, a principios de curso, dejó claro que su intención es limitar la creación de plazas concertadas para que crezcan las públicas porque su convicción es que la Administración Pública sólo está obligada a garantizar las segundas. De ahí la reforma del artículo 109.2 de la LOMCE que condiciona la programación de la oferta educativa a la «demanda social» de las familias.

La Comisión de Educación del Congreso de los Diputados escuchó sus motivos el pasado 4 de septiembre, en respuesta a las preguntas que al respecto le hizo el Grupo Parlamentario Popular. La comparecencia se convirtió en un intenso debate entre el Gobierno socialista y el PP sobre las libertades en educación en relación con la enseñanza concertada y sobre las obligaciones públicas en relación con la enseñanza pública. Pero la ministra no reveló aún cuál será la redacción del artículo 109 que propondrá. Sí puso como ejemplo la redacción de mismo en la LOE.

Por un lado se produjo el tradicional enfrentamiento de argumentos que llevamos años escuchando a un lado y al otro de manera más o menos enconada según tocara hacer una nueva ley o no. Pero, por otro, los argumentos que exponía la ministra y los que esgrimía la portavoz del PP en la Comisión Parlamentaria, Sandra Moneo, no parecían ser frontalmente antagónicos. Simplemente, una ponía el foco en una vertiente del asunto y la otra en otro. No parecía difícil imaginar un acuerdo sobre un mínimo común denominador.

Ambas representantes se reprocharon mutuamente la redacción del artículo 109 de la LOE y de la LOMCE*, que regula la programación de la enseñanza, y el hecho de que ninguno de esos dos textos legales –uno por el Gobierno del PSOE, el otro por el Ejecutivo del PP–, hayan obtenido el visto bueno del otro partido.

El Gobierno socialista quiere devolver al artículo 109 de la LOMCE el espíritu la LOE, quitando el peso que la LOMCE otorga a la “demanda social” y haciendo explícita la obligación de los poderes públicos de crear plazas públicas allí «en los nuevos núcleos de población». “¿Por qué quitaron esa alusión en la LOMCE?”, le preguntó Celaá a Moneo.

¿Y por qué quieren quitar ahora ustedes la demanda social como criterio de programación?, interrogaba Moneo a Celaá.

Isabel Celaá insistió por activa y por pasiva en que eso no es legislar «contra la concertada», ni «atacarla». Tal vez no contra la escuela concertada que ya existe –y por eso reiteró su petición de tranquilidad a las familias que llevan a sus hijos a colegios concertados–. Pero sí contra la concertada en potencia, que es la que Sandra Moneo defendía al insistir, también por activa y por pasiva, en que las autoridades públicas deben satisfacer la demanda social de los padres al planificar la oferta educativa.

La ministra respondió a la diputada del PP que “los recursos públicos no se sirven a la carta”.

Parecía bastante evidente que el Gobierno socialista no quiere que aumente la red concertada, sino que se quede como está, en su porcentaje del 25%, y aducía lo siguiente: “La educación concertada transita libremente. ¿Cuánto ha sufrido la educación concertada por la LOE?” En cambio, sostuvo que la educación pública sí ha sufrido con la LOMCE.

Aunque aseguró que no pretende “medidas proteccionistas” para la enseñanza pública, la modificación del artículo 109 en el sentido anunciado por el Ministerio sí evita que, amparados en la demanda social, las autoridades educativas (autonómicas) creen más plazas privadas concertadas que públicas y cedan terrenos públicos a empresas privadas antes que construir centros educativos públicos. De hecho, afeó a la Administración madrileña algún caso de suelo cedido para colegios concertados en lugares donde aún no había instituto público.

Pese al tiempo dedicado a la discusión, la ministra no dejó claro cómo quiere modificar la LOMCE en relación con la concertada. No ha presentado aún ningún texto y ha dejado entrever que no se circunscribirá sólo al artículo 109.2. También ha asegurado que antes de presentar nada, mantendrá un diálogo con la comunidad educativa.

La diputada del PP Sandra Moneo presionó a la ministra: “El problema es si el Gobierno cree en la libertad o no cree”. Y la acusó de querer legislar en contra de la libertad de las familias a elegir centro educativo y, en su opinión, “a espaldas de la Constitución”, a lo que Isabel Celaá respondió que esa libertad de elegir centro no está escrita en la Constitución. Y aquí está el origen histórico del desacuerdo:

El PP considera que el artículo 27 garantiza el derecho de las familias a elegir centro educativo en virtud del apartado 3, que dice: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Pero el PSOE siempre ha argumentado que ese apartado no habla explícitamente del derecho a elegir colegio. Tampoco el 27.1, que garantiza la libertad de enseñanza.

Pese a llegar a este punto muerto, Gobierno y PP (y también la portavoz socialista en la Comisión de Educación, Mari Luz Seijo) se ofrecieron a mantener un diálogo para buscar acuerdos en cuanto a la programación de la enseñanza. Sandra Moneo advirtió: “Si el Gobierno quiere excluir al principal partido de la Cámara, va a ser difícil llegar al acuerdo que necesita la educación en España”.

El final de los recortes

Respecto al otro asunto del día, el de los últimos recortes de 2012 revertidos por el Gobierno para el curso 2019-20, la portavoz del PP criticó la falta de financiación del Ministerio para contribuir a ello; es decir, para que las CCAA puedan reducir las ratios y las horas docentes del profesorado.

La ministra adujo en el Congreso lo mismo que tras la Conferencia Sectorial del 30 de julio en la que se presentó el anteproyecto de ley que deroga las últimas medidas del RD 14/2012 y de la que los consejeros autonómicos del PP se levantaron en señal de protesta por considerar que aquello era “un invito y tú pagas”. “Cada Administración educativa va a poder adoptar la decisión que considere más adecuada de acuerdo con su autonomía y autogobierno”, respondió la ministra. En resumen, el Gobierno no marca ninguna obligación.

Y a los también tradicionales ataques al PP por los recortes, Sandra Moneo respondió con rotundidad: “El sistema educativo no está peor que hace 10 años. Usted ha heredado un sistema mejor que el que heredó el Partido Popular hace ocho años”. Y le recordó cómo ha descendido el abandono temprano en más de 10 puntos en los últimos años.

La diputada del PP también pidió a la ministra lealtad institucional con las Comunidades Autonómicas gobernadas por el PP.

*Aquí está el artículo 109.2 de la LOMCE que quiere modificar el Gobierno socialista:

“2. Las Administraciones educativas programarán la oferta educativa de las enseñanzas que en esta Ley se declaran gratuitas, teniendo en cuenta la programación general de la enseñanza, las consignaciones presupuestarias existentes y el principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos y, como garantía de la calidad de la enseñanza, una adecuada y equilibrada escolarización de los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo, tomando en consideración la oferta existente de centros públicos y privados concertados y la demanda social. Asimismo, las Administraciones educativas garantizarán la existencia de plazas suficientes”.

Aquí está el artículo 109.2 y 109.3 de la LOE socialista:

«2. Las Administraciones educativas programarán la oferta educativa de las enseñanzas que en esta Ley se declaran gratuitas teniendo en cuenta la oferta existente de centros públicos y privados concertados y, como garantía de la calidad de la enseñanza, una adecuada y equilibrada escolarización de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. Asimismo, las Administraciones educativas garantizarán la existencia de plazas públicas suficientes especialmente en las zonas de nueva población.

3. Las Administraciones educativas deberán tener en cuenta las consignaciones presupuestarias existentes y el principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos».