•  Mas Plurales volvió a protestar ante el Congreso de los Diputados contra la aprobación de la ley mientras ésta se debatía en el Pleno. Respaldaban a la plataforma 1,5 millones de adhesiones a su manifiesto en defensa de las libertades y la pluralidad en educación

El trámite de la LOMLOE llegó a su fin en el Congreso de los Diputados. El proyecto de ley del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos que modifica la LOE y deroga la LOMCE fue aprobado por la mínima en el Pleno del 19 de noviembre: 177 votos a favor (la mitad de los diputados más 1), 148 en contra y 17 abstenciones. Mientras se debatía en el hemiciclo, fuera del Congreso la plataforma Más Plurales, avalada por 1,5 millones de adhesiones a su manifiesto, alzaba su voz contra la aprobación de la norma.

Los partidos que votaron a favor de la llamada LOMLOE, incluida la propia ministra de Educación, Isabel Celaá, celebraron, más que la nueva ley educativa, el final de la anterior, la LOMCE. Todos resaltaron el logro político de haber derogado una ley que se aprobó sin consenso, aunque sin mencionar que la nueva ley aún ha tenido menos votos que su predecesora. Cierto es que la han apoyado más formaciones aparte de las que sostienen el Gobierno, pero a cambio de concesiones políticas hechas en el último momento a Bildu y ERC mientras, en paralelo, también se negociaba la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. La concesión más llamativa fue eliminar de la ley la obligación de que el castellano sea lengua vehicular de la enseñanza, que ha levantado críticas más allá del ámbito político.

Recordamos que el proyecto de la LOMLOE comenzó su andadura en 2018 con el Gobierno socialista y que ha sido enmendado en el último mes en paralelo a la negociación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado con los grupos nacionalistas.

Más de 1.000 enmiendas pasaron por la Comisión de Educación y FP del Congreso en tres semanas –en realidad, en cinco sesiones de debate–. La mayoría de las aprobadas fueron las presentadas por PSOE y Unidas Podemos, que, entre otras cosas, consagran un derecho a la educación pública, obligan a las administraciones a construir colegios públicos en zonas de nueva población sin tener en cuenta la oferta de plazas concertadas ya existente, prohíben ceder suelo público a centros que no sean públicos, mantener el concierto a colegios de educación diferenciada aunque tengan sus aulas llenas, y eliminan la mención al castellano como “lengua vehicular” de la enseñanza en todo el Estado.

En el Pleno del día 19 también se sometieron a votación enmiendas transaccionales presentadas por algunos grupos parlamentarios, incluidos algunos de los que dieron su apoyo a la ley, como PNV y Junts per Cat. Su texto, que contó con el apoyo insuficiente de PP, Vox y Ciudadanos, proponía modificar el artículo 109 de la LOMLOE sobre la programación de la enseñanza para que no fuera tan hostil contra la enseñanza concertada como el Gobierno ha querido que sea. Recordemos que este artículo de la LOMLOE elimina la petición de las familias como criterio para programar la oferta de plazas sostenidas con fondos públicos y también obliga a las administraciones a crear plazas sólo en centros públicos sin tener en cuenta la existente en centros concertados.

La presentación de esta enmienda por parte de los dos grupos nacionalistas puso en evidencia la falta de consenso en un aspecto de la LOMLOE que afecta negativamente a un 25% del alumnado escolarizado, igual que ya se puso de manifiesto el pasado verano, cuando el Congreso rechazó el intento del Gobierno de que las ayudas para la recuperación de la pandemia en educación fueran sólo al alumnado de centros públicos.

Esta iniciativa de PNV y Junts hace pensar que en el trámite del Senado aún puede haber negociaciones antes de que la ley regrese al Congreso para su aprobación definitiva.

Además de esta enmienda, clave para la enseñanza concertada, hubo otras que se votaron y que fueron rechazadas. Algunas del PP y UPN, por ejemplo, perseguían salvar la enseñanza concertada y el cumplimiento de los acuerdos de España con la Santa Sede en relación con la enseñanza de la religión católica.

Por su parte, Ciudadanos volvió a pedir que se recupere el castellano como “lengua vehicular”, como ya dictaminó el Tribunal Constitucional en su día, o que se garantice un 25% de las horas de clase en castellano. Pero el esfuerzo fue en vano.

Finalmente sólo salió adelante una enmienda de Más País-Equo y Compromís para enseñar cultura fiscal en la asignatura de Valores Cívicos y Éticos.

Mientras el proyecto de ley se debatía en el hemiciclo, por cuarta semana consecutiva, asociaciones y patronales de colegios concertados, asociaciones de familias y sindicatos docentes de la concertada, se concentraron ante el Congreso para denunciar que la LOMLOE es una ley que blinda un monopolio estatal de la educación condenando a la minimización y progresiva desaparición a la iniciativa social en educación, la pluralidad de proyectos educativos, la elección de centro por parte de los padres, la asignatura de Religión y la educación especial.