La Consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas Navas visitó Madrid para participar en un desayuno informativo organizado en Madrid por la Confederación de Padres de Alumnos (Cofapa) y respondió a las preguntas de Actualidad Docente.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid (1989-1994), y con una experiencia de más de 30 años en la Administración Pública ocupa su puesto desde julio de 2019 hasta la actualidad.
¿Cuál cree que ha sido la clave de su éxito educativo? ¿Qué proyectos destacaría?
La clave no es única. En Castilla y León convergen una serie de factores que conforman esa “clave” de forma conjunta. Por un lado están las familias, que son la base propicia para que la Educación empiece con buen pie. Después nuestros docentes, que son, además del pilar que soporta en buena medida el edificio de la Educación, un colectivo muy vocacional y muy volcado en su trabajo, como prueba el hecho de que los docentes de Castilla y León sean los que más se forman, de manera continua, de todo el sistema educativo nacional; y después están nuestras políticas educativas, que se centran en lo fundamental, en lo esencial. Nosotros seguimos apostando por el esfuerzo, por el sacrificio, por el mérito y por la capacidad, pero siempre bajo la atenta vigilancia de la equidad, que no es otra cosa que la capacidad de ofrecer a cada alumno la Educación que requiere y la que mejor se adapta a sus posibilidades. Y sobre todo, hay que entender que no hay recetas mágicas, que todo es fruto del trabajo.
En cuanto a los proyectos, que tienen mucho que ver con esto último, podría destacar muchos, pero un buen ejemplo puede ser el Programa para el Éxito Educativo: a lo largo de todo el curso existen refuerzos para ayudar a los alumnos con más dificultades a seguir el ritmo de la enseñanza en materias imprescindibles como las Matemáticas, la Lengua o el Inglés. Y en verano, aquellos que no hayan podido llegar (o han llegado con dificultad) a superar la asignatura, reciben nuevamente clases gratis de refuerzo.
¿Por qué optaron por las evaluaciones externas para la evaluación de la calidad educativa? ¿Qué beneficios han significado para su comunidad autónoma?
Optamos por esas evaluaciones externas, llevadas a cabo por organismos independientes que evalúan el nivel de los sistemas educativos del mundo avanzado, por una sencilla razón: en Educación, las evaluaciones siempre han de ser objetivas, comunes e iguales para todos, además de, por supuesto, independientes. Si cada cual se evaluara a sí mismo, con distintos criterios y con diferentes parámetros de corrección, sería imposible después cotejar esos resultados de manera fiable.
En cuanto a los beneficios, son evidentes desde el punto de vista de los resultados, porque ahí están y nos sitúan a la cabeza de España, de forma recurrente, además de como uno de los sistemas más avanzados y fiables a nivel internacional. Pero a la vez, también nos sirven para testar si nuestras políticas van en el buen camino o, en ocasiones, se están desviando de él. Esto último, hasta la fecha al menos, no parece haber ocurrido.
¿Cuáles son los inconvenientes innatos y/o beneficios educativos que son característicos de su comunidad autónoma?
Pues en este caso he de decirle que lo que, a priori, son inconvenientes innatos, como por ejemplo, la extensión del territorio de Castilla y León, que es mayor que la de Portugal, o la dispersión poblacional, elementos ambos que nos obligan a un esfuerzo ingente de gestión, son también factores beneficiosos para la Educación, porque en muchos de los centros, especialmente en el medio rural, las ratios alumnos/profesor son muy bajas y, por ello, la atención a esos alumnos es mucho más cercana y personalizada. Es decir, en muchos casos tratamos de hacer de la necesidad virtud y convertir los inconvenientes en beneficios. Y donde hay inconvenientes, además, llevamos a cabo políticas diferenciadas para poder suplirlos en buena medida.
¿Cuál cree que debe ser el papel de las familias dentro del sistema educativo?
En Castilla y León el papel de las familias es fundamental. Las familias son la base del sistema educativo. En Castilla y León existe una clara conciencia, en la mayoría de los núcleos familiares, del papel que ha de desempeñar la Educación en la formación humana e intelectual de los hijos. Y eso es algo que facilita mucho las cosas, porque con ello el viento ya sopla a favor desde el principio. Y por nuestra parte, como autoridad educativa, agradecemos mucho esa implicación y el apoyo que recibimos de las familias en muchos momentos.
Usted apuesta por la implantación de una EBAU única ¿Por qué? ¿Cuáles cree que serán los beneficios? ¿Cree que se penaliza a las comunidades más exigentes?
Es una cuestión de justicia. En España existe un distrito único y 17 modelos distintos para acceder a él. Las evaluaciones siempre han de ser objetivas, comunes e iguales para todos. Y cuando no es así, estamos haciéndonos trampas al solitario.
Los beneficios serían evidentes y no sólo para las comunidades que tenemos una Educación más avanzada, sino también para el resto. La EBAU, planteada como una evaluación común a todo el sistema educativo español, permitiría que el esfuerzo y la dedicación obtuvieran su justo premio, independientemente de dónde se haya estudiado el bachillerato. Pero es que, además, también permitiría saber cuál es nivel educativo, al final del itinerario escolar, de unas comunidades u otras. Compararte con los demás siempre es bueno, porque te permite saber en qué estás mejor y en qué debes mejorar. Y eso es lo que hace avanzar a los sistemas educativos. El ensimismamiento nunca es bueno.
Y en cuanto a la tercera cuestión, así parece a juzgar por los resultados y por los accesos a la universidad. Algunos alumnos con mayor nivel no acceden en beneficio de otros con un nivel menor. Y esa desigualdad e injusticia se produce porque se les ha evaluado con distintos raseros. En esto los españoles no somos iguales ante la ley. Y es un grave problema.
¿Cree que el plan de Formación Profesional impulsado por el gobierno es suficiente?
En general, las leyes que están emanando del actual gobierno son insuficientes. En el caso de las que afectan a nuestra competencia, se han hecho de espaldas a la comunidad educativa y, en algún caso, aprovechando una circunstancia tan extraordinaria como la pandemia. Y ahora estamos viendo, cada vez más, cómo la comunidad educativa está posicionándose en contra de esos textos legales.
En ese sentido, el plan de FP va a depender del desarrollo reglamentario que se haga de la ley. Pero lo que vemos es que, de momento, ya no se van cumpliendo plazos. Por ejemplo, el Real Decreto que regula el calendario de implantación debería haber estado publicado en octubre, pero estamos a finales de noviembre y sólo tenemos borradores. Lo mismo pasó con los decretos que regulaban los currículos de Educación obligatoria, el gobierno se demoró más de un año y, cuando los publicó, quiso que las comunidades los tuviéramos listos en apenas cuatro meses. Por tanto, toca esperar, pero las señales que vamos viendo no anteceden nada plausible.