La Conferencia Sectorial de Educación debate este miércoles las medidas de prevención frente al Covid-19 propuestas por el Gobierno para el curso 21-22. Pese a la vacunación de la población adulta, todo apunta a que en septiembre el coronavirus seguirá entre nosotros y, por ello, el Gobierno plantea una prevalencia del uso de la mascarilla en las aulas y de los ‘grupos burbuja’ en Infantil y Primaria; no así las ratios reducidas de este curso, la distancia de 1,5 metros ni la presencialidad a turnos en Secundaria, según la propuesta conjunta de los ministerios de Sanidad y Educación.

Los sindicatos ya se han pronunciado, alto y claro, contra el aumento de ratios y el consecuente descarte de profesores contratados este curso, y critican la toma de decisiones en materia de organización escolar de espaldas a los centros educativos y a los docentes, que no han sido consultados por el Ejecutivo.

El documento elaborado por Educación y Sanidad, titulado ‘Propuesta de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2021-2022’, ha sido respaldado por la Comisión de Salud Pública y por la Comisión de Educación antes de ser remitido a las CCAA, que darán su opinión en la Conferencia Sectorial de Educación y en la Conferencia Interterritorial de Sanidad que se celebran conjuntamente este 19 de mayo.

Todo apunta a que el protocolo de medidas será aprobado en esta reunión. La cuestión si es si será respaldado por unanimidad o tendremos que prepararnos de nuevo para una disparidad de criterios entre administraciones.

Las principales novedades respecto a este curso serían las siguientes, de acuerdo al documento del Gobierno:

• Los grupos de convivencia estable de Infantil y Primaria se mantendrían, pero aumentaría la ratio a 20 alumnos por aula en Infantil y 25 en Primaria (cinco más que este curso). En el 0-3 y la Educación Especial, el tamaño de los grupos dependerá de las ratios establecidas en la normativa autonómica. A efectos prácticos, los ‘grupos burbuja’ tendrían poco de ‘burbuja’, ya que se permitiría la interacción del alumnado en patios, actividades conjuntas y deportes, principalmente al aire libre.
• La distancia de seguridad en las aulas de ESO, Bachillerato, FP básica y enseñanzas oficiales de idiomas, podrá reducirse de los 1,5 metros de este curso a 1,2 metros. El objetivo es garantizar la plena presencialidad. Esto significaría un aumento de las ratios por aula, que no es del agrado del profesorado teniendo en cuenta la mayor complejidad del alumnado y la pérdida de aprendizajes derivada de la pandemia, de la falta de presencialidad del curso pasado y de la semipresencialidad de éste. Por ello los sindicatos reclaman mantener, e incluso aumentar, los refuerzos de personal puestos este curso.

Según el documento, habrá cuatro niveles de alerta. En los niveles 1 y 2 «se garantizará la máxima presencialidad para todos los niveles y etapas». En los niveles 3 y 4, en el caso «excepcional de que no se pudieran cumplir las medidas», se podría pasar a la enseñanza semipresencial a partir de 3º de la ESO y aumentar la distancia a 1,5 metros si hubiera sitio. En esos niveles de alerta también se plantea la opción de dar las clases al aire libre si la infraestructura escolar y el tiempo lo permiten.

Por lo demás, se mantiene el uso de la mascarilla obligatorio a partir de Primaria y para todos los trabajadores del centro, tanto en interiores como en exteriores, y se recomienda en el alumnado de Infantil, sobre todo en la ruta escolar. También se mantiene la figura del ‘coordinador Covid’ en cada centro. Y se pone especial énfasis en la conveniencia de ventilación natural, a ser posible cruzada y al menos al principio y final de cada jornada, entre clases y durante los recreos.

Si la ventilación natural no es suficiente, el Gobierno sugiere que se puede utilizar ventilación forzada (mecánica), y usar filtros o purificadores de aire (filtros HEPA), pero no se recomienda la compra generalizada de medidores de CO2.

Por el contrario, algunos sindicatos como FSIE reclaman que las administraciones pongan en marcha un plan de acondicionamiento de las aulas con filtros y medidores para «evitar que el alumnado y los profesionales tengan que afrontar un nuevo invierno con temperaturas por debajo de las exigidas por la normativa para poder realizar su trabajo».

Reacciones

Los sindicatos han puesto el grito en el cielo porque el aumento de las ratios en Infantil y Primaria, y la reducción de la distancia entre alumnos a partir de la ESO devolvería a sus casas a los miles de docentes contratados este año por las Administraciones autonómicas para poder atender los desdobles de los grupos. Alegan que esos refuerzos siguen siendo necesarios para hacer frente a los problemas educativos derivados de la pandemia y, además, critican que Educación haya definido ya unas medidas sin consultar al profesorado y al resto de la comunidad educativa sobre la experiencia de este curso en las aulas.

Para FSIE, «el ‘profesorado COVID’ de refuerzo debe permanecer en el sistema educativo al menos hasta que la situación sea de total normalidad», y «os desdobles y reducción de ratios deben consolidarse porque es un claro beneficio para el alumnado y la mejora de su atención individualizada».

Por otro lado, «los criterios para cerrar un aula, el periodo de cuarentena de los positivos o de los contactos estrechos deben ser comunes en todas las Comunidades Autónomas», y «las sustituciones del profesorado afectado por COVID deben ser inmediatas», señala este sindicato.

También piden la incorporación de personal de enfermería en los centros educativos, ya que «los docentes y personal de administración y servicios están asumiendo responsabilidades que no les corresponden y sobre las que no tienen las competencias y preparación adecuadas».

Igualmente, el sindicato ANPE señala que, «además del mantenimiento del profesorado para seguir cumpliendo con los protocolos sanitarios, es necesario llevar a cabo medidas de desdoble y contratación de profesorado, habilitando espacios donde sea necesario, para poder posibilitar, por un lado, una vuelta a la presencialidad en todas las enseñanzas y para todo el alumnado, evitando así las desigualdades que se han producido durante este curso, y, por otro lado, ayudar a compensar los déficit de aprendizaje acumulados desde que comenzó la pandemia con una enseñanza más individualizada».

Por su parte, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) ha apelado a la «prudencia», habida cuenta de que es pronto para conocer la situación epidemiológica que vamos a tener el curso que viene, y aboga por mantener los profesores de apoyo correspondientes mientras sean necesarios.

Por parte de las asociaciones de padres, la Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA) ve las medidas propuestas «razonables», pero insta a ser «prudentes». «Estas medidas tienen que ir acompañadas de las ayudas a las familias que lo necesiten», según su presidenta, Begoña Ladrón de Guevara.