La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) ha mantenido este 28 de julio una reunión con el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, y representantes del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para abordar la anunciada reducción de las ratios de alumnado en Educación Infantil y otras etapas educativas.

Durante el encuentro, CECE expresó su rechazo a una iniciativa que, según la organización, ha sido planteada sin evaluar adecuadamente sus consecuencias sobre el conjunto del sistema educativo. La Confederación subrayó que no cuestiona el objetivo declarado de mejorar la atención al alumnado, sino la falta de medidas que garanticen la viabilidad de los centros y eviten un impacto negativo sobre las familias, los profesionales de la educación y la libertad de elección de centro.

Riesgo para el primer ciclo de Educación Infantil

Uno de los principales puntos de preocupación trasladados al Ministerio fue la situación del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años). CECE advirtió de que la aplicación de las nuevas ratios, en las condiciones planteadas, podría comprometer seriamente la continuidad de numerosos centros privados y concertados, que actualmente escolarizan a cerca del 50 % de los menores de tres años en España.

Según la Confederación, la adaptación a las nuevas exigencias resultaría inasumible para muchos de estos centros, lo que podría desembocar en el cierre de miles de plazas educativas y poner en riesgo miles de puestos de trabajo, especialmente de mujeres, que representan una parte muy significativa del empleo en esta etapa educativa.

Consecuencias para las familias y el sistema educativo

CECE también alertó de las repercusiones que esta medida tendría para las familias. La reducción de la oferta educativa dificultaría el acceso a una etapa considerada clave para el desarrollo de los niños y afectaría a la conciliación de la vida familiar y laboral.

Además, la organización señaló que el impacto no recaería únicamente sobre la enseñanza privada y concertada. En su opinión, el sistema público tendría que asumir un incremento de costes para adaptarse a las nuevas ratios y, al mismo tiempo, afrontar la dificultad de absorber al alumnado procedente de centros que pudieran verse obligados a cerrar.

La Confederación considera igualmente que estas medidas supondrían una limitación de la libertad de elección de centro educativo por parte de las familias, principio reconocido en el artículo 27 de la Constitución, además de reducir la pluralidad que caracteriza al sistema educativo español.

Críticas al proceso de negociación

Durante la reunión, CECE trasladó también su malestar por la forma en que se está desarrollando el proceso de elaboración de estas medidas. La organización considera que el Ministerio ha escuchado únicamente a una parte de la comunidad educativa y no ha incorporado las propuestas presentadas por las organizaciones representativas de los centros privados y concertados.

Preocupación por otros desarrollos normativos

La reunión permitió abordar, además, otras iniciativas legislativas impulsadas por el Ministerio. Entre ellas, el proyecto de ley para la reducción de ratios en el resto de las etapas educativas y el futuro real decreto sobre la calidad de los centros privados de Formación Profesional.

En relación con esta última norma, CECE defendió que los estándares de calidad deben aplicarse al conjunto del sistema educativo y no únicamente a una parte de él. Asimismo, pidió analizar con detalle el impacto que esta regulación puede tener sobre los centros privados que han contribuido durante décadas al desarrollo y consolidación de la Formación Profesional en España.

Compromiso con el diálogo

CECE concluyó reiterando su voluntad de participar activamente en el desarrollo de estas iniciativas normativas y de colaborar con la Administración para encontrar soluciones que garanticen la calidad educativa sin poner en riesgo la sostenibilidad del sistema.

Al mismo tiempo, la Confederación anunció que continuará defendiendo los intereses de los centros a los que representa y que, si fuera necesario, recurrirá a todas las vías institucionales, jurídicas y sociales a su alcance para evitar unas medidas que considera perjudiciales para la educación, las familias y el empleo.