La única reforma legislativa que ha presentado hasta ahora el Gobierno en materia de Educación, la de las horas lectivas, las ratios y las sustituciones, se ha encontrado con un bache en el camino: el Consejo Escolar del Estado, si bien no puede interponerse, le ha dicho a Isabel Celaá que se equivoca.

El Pleno del Consejo Escolar del Estado debatió este martes sobre el Anteproyecto de Ley de Mejora de las Condiciones del Profesorado, que no es otra cosa que la reversión de las medidas de recorte de 2012 por considerarse que ya hemos superado la crisis que indujeron a tomarlas. Uno de los aspectos que se propone modificar es el número de horas lectivas del profesorado, que en 2012 aumentó a un mínimo de 25 horas semanales en Infantil y Primaria, y de 20 en Secundaria. Pero, en este punto, lo que hace el texto elaborado por el Ministerio de Educación es dar libertad a las CCAA para que regulen la jornada lectiva de los docentes.

El Anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 14 de septiembre y, enseguida, los sindicatos, incluido UGT, se alzaron contra dicha medida por favorecer la desigualdad entre el profesorado y, por extensión, en la calidad de la enseñanza.

Antes de pasar al trámite parlamentario, el Anteproyecto debía pasar por el trámite consultivo del Consejo Escolar y es aquí donde el Gobierno ha recibido el aviso. El Pleno de esta institución ha recomendado al Ejecutivo una «homogeneización» de la jornada lectiva del profesorado de los centros sostenidos con fondos públicos en todo el territorio español.

Es lo que indicaba el informe elaborado por la Comisión Permanente del Consejo, que partía de la base de que el aumento de las horas lectivas del profesorado en 2012 ha causado «un detrimento en el nivel de calidad de la enseñanza y en el desempeño de la docencia».

«Siendo la carga lectiva del profesorado un criterio que determina la calidad de la  enseñanza que se quiere dar, esta carga lectiva ha de ser la misma para todos los docentes que, según la LOE, prestan el servicio publico de educación realizado a través de los centros públicos y de los privados concertados», sostiene el dictamen.

El Pleno del Consejo respaldaba así la petición del sindicato FSIE, que especifica que la carga lectiva debe ser homogénea para todos los docentes de centros sostenidos con fondos públicos en una enmienda al anteproyecto de ley incorporada en el dictamen del Consejo. De no ser así, señala FSIE, «se estarían incrementando las desigualdades entre los profesionales de centros sostenidos con fondos públicos y privando a parte de éstos de mejoras esenciales para el correcto desempeño de su labor».

Finalmente, el dictamen del Consejo Escolar del Estado, aprobado en Pleno, insta al Gobierno a que establezca un máximo de 23 periodos lectivos en los centros de Infantil y Primaria, y en los de Educación Especial,  y un máximo de 18 periodos lectivos en Secundaria y Enseñanzas de Régimen Especial, tal y como había reclamado el sindicato ANPE con la redacción de otra enmienda al anteproyecto de ley.