Las organizaciones de la educación concertada han dicho ‘basta’ al hostigamiento del Gobierno, acentuado ahora con la presentación de enmiendas a su propio Proyecto de Ley de Educación, en trámite parlamentario. CECE, Escuelas Católicas, FSIE, FEUSO, CONCAPA y COFAPA –agrupadas en la plataforma Concertados– han anunciado movilizaciones sociales y acciones dirigidas a informar verazmente a la comunidad educativa del contenido de la ley y de la “vulneración de derechos y libertades constitucionales” que conlleva.

Para Concertados, “dichas enmiendas refuerzan de manera inequívoca el objetivo del Gobierno de incrementar la enseñanza pública a costa de reducir progresivamente la enseñanza concertada hasta su eliminación”.

Las 117 enmiendas conjuntas de PSOE y Unidas Podemos y las 54 de este último partido en solitario, señala Concertados, “confirman su voluntad de:

• incrementar el número de plazas exclusivamente públicas en todos los niveles educativos, y especialmente en Educación Infantil (0-3 años);
• acabar con la complementariedad de redes (pública y concertada);
• suprimir la libertad de elección de las familias como criterio para mantener o reducir aulas;
• incrementar el control por la Administración del proceso de admisión de alumnos (centralización en una “caja única”);
• implantar la distribución forzosa del alumnado sin respetar la voluntad de las familias;
• reforzar el criterio de zonificación; eliminar progresivamente los centros de Educación Especial;
• establecer actividades complementarias gratuitas y obligatorias con un posible contenido ideológico al margen del proyecto educativo del centro;
• suprimir el concierto de los centros de educación diferenciada;
• imponer valores no consensuados mediante una asignatura específica que parece una reedición de Educación para la Ciudadanía e introducir determinadas líneas transversales (perspectiva e ideología de género, memoria democrática, etc.)”.

Para la enseñanza concertada, ya sólo el hecho de que se hayan presentado 1.165 enmiendas en total al proyecto de ley da idea de la falta de consenso con el resto de fuerzas políticas.  “A pesar de que el Gobierno repite que el Proyecto de Ley recoge las aportaciones y propuestas de todos los sectores educativos, la realidad muestra una actitud totalitaria y una absoluta falta de consenso”, señala el comunicado de la plataforma.

“En realidad”, critican, “la Ley Celaá reedita los viejos planteamientos pedagógicos de la LOE, que tan bajos resultados académicos produjo, e impone la enseñanza pública como único eje vertebrador del sistema educativo en detrimento de otras opciones elegidas por las familias”.

Además, inciden, “estamos ante otra reforma educativa que se olvida completamente del profesorado y de los trabajadores del sector” y que “acrecienta aún más las abultadas desigualdades existentes con sus homólogos de la red pública”.

“Lejos de generar ilusión en el seno de la comunidad educativa”, añaden, “provoca apatía al demostrar la incapacidad política para llegar a un Pacto Educativo de Estado que siente las bases de una nueva ley con espíritu de permanencia, que otorgue estabilidad a nuestro sistema educativo desde el consenso que supuso el artículo 27 de la Constitución”.

Los representantes de concertada muestran su hartazgo, además, por la incoherencia de mensajes entre los dos socios de Gobierno, con la ministra de Educación llamando a la serenidad por un lado y, por otro, el representante de Educación de Unidas Podemos en el Congreso diciendo que la enseñanza concertada es una “anomalía” que hay que superar y que el instrumento elegido es la futura LOMLOE.

Recuerdan, además, la reciente intención del Gobierno de excluir de las ayudas por la COVID-19 a los alumnos y familias de la enseñanza concertada, plasmada en los Acuerdos de Reconstrucción que se votaron a finales de julio. “El sectarismo fue tan evidente que la Propuesta de Acuerdo en Políticas Sociales fue rechazada por la mayoría del Congreso”, inciden en Concertados.

Y consideran que el Gobierno “aprovecha el presente contexto de emergencia sanitaria, social y económica para evitar la respuesta crítica y contundente de numerosos sectores (familias, alumnos, sindicatos, centros…)”.

Por todo ello, el conjunto de organizaciones que representan a la enseñanza concertada anuncia que llevará a cabo “una batería de acciones dirigidas a informar verazmente a la comunidad educativa del contenido de la Ley, visibilizar la oposición en los medios de comunicación y promover movilizaciones sociales ante la vulneración de los derechos y libertades ciudadanas reconocidos en nuestra Constitución”.