Las organizaciones patronales y sindicales más representativas del sector educativo de 0 a 3 años se han unido para defender el papel que ocupan las escuelas infantiles en nuestra sociedad y alertar de los diferentes perjuicios económicos y sociales que ocasionaría que el Gobierno gravara con IVA los servicios educativos de esta etapa.

Suscriben la declaración conjunta los integrantes de la Mesa Negociadora del XII Convenio Colectivo de Ámbito Estatal de Centros de Asistencia y Educación Infantil: las patronales ACADE, CECEI, EyG, CECE, FCIC, Salvem 0-3, y los sindicatos CCOO, FeSP-UGT, FSIE y USO.

“La aplicación del IVA a este sector educativo, exento hasta el momento, en plena crisis económica derivada de la pandemia”, señala la declaración, “supondría un encarecimiento inasumible de este servicio para las familias, lo que en la práctica comportaría la desaparición de los centros, y la consiguiente destrucción de empleo”.

El Gobierno ha hecho explícita su intención de aumentar la recaudación vía impuestos y, en concreto, a través del IVA. Así se lo ha trasladado, de hecho, a la Comisión Europea, pero aún no ha concretado cómo: primero advirtió de la posibilidad de gravar los servicios privados de educación y formación, y también los sanitarios, aunque a los pocos días intentó tranquilizar a ambos sectores trasladando que no había nada decidido, aunque tampoco lo desmintió.

La propia Autoridad Fiscal advirtió ya este verano de que gravar la educación y la sanidad no aportaría ingresos significativos al Estado, pues una subida del IVA redundaría en un descenso del consumo de estos servicios privados, trasladándose gran parte de la demanda al sector público.

En el caso de los centros de Educación Infantil, vendría a ser una herida de muerte, tras el fuerte descenso de la matriculación sufrido a raíz de la pandemia y la debilidad creciente que venía experimentando con la caída de la natalidad y con la creciente «competencia desleal» por parte de las llamadas ‘madres de día’ y las ludotecas, “que se publicitan como centros educativos sin contar con la autorización de la administración educativa competente”, según denuncian patronales y sindicatos.

“El sector”, señalan, “está formado principalmente por autónomos, micropymes y pymes con una limitada capacidad económico-financiera” que, en conjunto, emplean a unas 50.000 personas la mayoría cualificadas, jóvenes y mujeres. Al menos esas cifras que se manejaban hasta el inicio de la crisis sanitaria, antes de que tuviera que cerrar una parte aún no cuantificada de los 5.100 centros de Educación Infantil que había en España y al que asistían más de 250.000 niños y niñas.

El miedo al virus y la posibilidad de quedarse en casa con los niños como consecuencia de los ERTES y el teletrabajo han hecho que la ocupación de muchos centros se haya reducido a la mitad o más, apunta el sector.

Por ello, más que impuestos que desincentiven recurrir a estos servicios, patronales y sindicatos de la Educación Infantil demandan “ayudas económicas extraordinarias que eviten el cierre de los centros privados” de esta etapa educativa.

Recuerdan, además, que el Real Decreto-ley 30/2020 de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo no tuvo en cuenta los CNAE correspondientes a este tipo de educación, dejando fuera de las exoneraciones en las cuotas empresariales de la Seguridad Social a este sector”.