La sacudida de la pandemia, una ley orgánica de educación sin consenso y la reforma de la FP han marcado la gestión de Isabel Celáa, que se marcha dejando bien marcados los objetivos de los próximos dos años: desarrollos curriculares, profesión docente y reparto de fondos europeos con prioridad para la pública

«Agradezco a Isabel Celáa su trabajo y los retos que ha enfrentado estos meses. Contamos con una hoja de ruta y con prioridades claras. Y ofrezco diálogo, voluntad de consensos y esfuerzo; la educación implica a todo el Gobierno y a la sociedad en su conjunto». Con estas palabras en Twitter sintetizó Pilar Alegría su discurso de toma de posesión al frente del Ministerio de Educación y FP. Era un mensaje dirigido a la comunidad educativa, donde también manifestó su orgullo por el trabajo llevado a cabo por los centros educativos, los alumnos y sus familias a lo largo del curso. «Han sido ejemplo para todo el mundo», señaló.

El impacto de la pandemia de Covid-19 en la escuela ya habría sido suficiente para desgastar la gestión de un ministro de Educación –aun en España, donde las competencias de gestión educativa están transferidas–, pero Isabel Celáa sumó además una conflictiva ley educativa, concebida bajo la presión de sus socios de gobierno y tramitada con prisas, sin consenso y sin debate parlamentario en plena pandemia, cuando la prioridad de la comunidad educativa estaba en recuperar la normalidad y la seguridad en la escuela.

Con pulso firme, Isabel Celáa mantuvo sus planes por encima de los embates de la pandemia. Aprobada su LOMLOE y sobreponiéndose a las críticas por su falta de liderazgo en la gestión escolar de la pandemia, impulsó su plan de modernización de la FP, llevó al Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley de FP y dejó encauzados los desarrollos curriculares de la LOMLOE, que no son un suma y sigue, sino un ruptura con la tradición curricular de nuestro sistema educativo. No estamos acostumbrados a que en tan poco tiempo pasen tantas cosas en Educación. Pero quedan más.

Celáa deja a su sucesora, Pilar Alegría, una hoja de ruta bien marcada para los próximos dos años: la aprobación de los currículos escolares y su aplicación, la distribución de los fondos europeos para la recuperación y la reforma de la profesión docente, comprometida para 2022.

Cabe preguntarse, con unos planes tan marcados, dónde dejará la nueva ministra su impronta; tal vez en el diálogo y el consenso, como le piden desde parte de la comunidad educativa, especialmente los representantes de la escuela concertada, frente a los que Isabel Celáa levantó un muro de desconfianza y rechazo.

No habría de ser difícil aterrizar el talante dialogante para Pilar Alegría, dado que entre los planes del Ministerio no se atisban desafíos de tanta carga política como la ley orgánica de educación, que es el sello ideológico que todos los partidos quieren dejar cuando llegan al Gobierno. Sí tendría carga política la manera en la que se regule la distribución y uso de los fondos europeos para la recuperación. Por ejemplo, con Isabel Celáa el Gobierno ya dejó claro que la partida destinada a Infantil 0-3 habrá de ser sólo para levantar escuelas públicas.

La prioridad de la escuela pública, la subsidiariedad de la concertada, la negación de la demanda social al organizar la oferta educativa y el trato de desigualdad hacia al alumnado de los centros concertados y sus familias han quedado patentes en cada paso que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado hasta ahora con Isabel Celáa en el Ministerio, no sin la correspondiente contestación social e incluso parlamentaria. Nada tendría por qué cambiar con otra persona al mando del Ministerio si el espíritu del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos sigue siendo el mismo y los apriorismos ideológicos quieren mantenerse altos de cara a futuras citas electorales.

El desafío más farragoso que Pilar Alegría tiene a corto plazo, sin embargo, poco tiene que ver con posturas políticas y enfoques ideológicos. Es el de regular la profesión docente de cara a los nuevos e inciertos tiempos que tiene la educación por delante. Pese a ser más urgente que nunca, es un objetivo sucesivamente postergado por los gobiernos anteriores debido la cantidad de frentes que tiene (formación inicial, acceso –¿MIR docente?– y carrera profesional), además de por las delicadas negociaciones que conlleva con universidades, sindicatos y administraciones autonómicas. El gabinete de Isabel Celáa ha encauzado parte del trabajo, pero la gestión de Pilar Alegría será crucial para sortear las dificultades y llevarlo a buen puerto. De ello depende que nuestro sistema educativo pueda dar, por fin, un salto necesario para los retos que tiene por delante.