Repasamos los principales cambios que propugna en el sistema y los instrumentos que articula para ello el anteproyecto de ley de FP aprobado por el Gobierno

Además de la consabida ley de educación –tradicional impronta que nos deja cada cambio de Gobierno–, Isabel Celáa tenía otro gran proyecto a su llegada al Ministerio: la reforma integradora de toda la Formación Profesional como un sistema único y preparado para los nuevos tiempos. Antes de marchar del Ministerio, Celáa logró llevar al Consejo de Ministros el anteproyecto de la futura Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional.

La ley que ha preparado el Ministerio ordena un nuevo sistema de FP, que integra en uno solo la FP educativa y la formación para el empleo y facilita el aprendizaje a lo largo de la vida gracias a la acreditación de competencias en cualquier formación por pequeña que sea. Corresponsabiliza a la empresa de la formación, sintoniza con las políticas europeas sobre competencias, lo prepara para su internacionalización y pone el marco para favorecer e institucionalizar el desarrollo de una FP de calidad, conectada con las necesidades de las empresas. Todo eso, hasta ahora, lo encontrábamos en proyectos de excelencia aislados. Como indica Santiago García, secretario general de CECE, en esta entrevista, la ambición de su alcance hace prever un largo recorrido regulatorio que exigirá grandes esfuerzos de diálogo social y de cambio de mentalidad en todos los agentes implicados.

“El nuevo modelo de Formación Profesional se sustenta en la participación, la corresponsabilidad pública y privada, la estrecha vinculación entre los centros de formación y las empresas, la conexión de la oferta con la realidad laboral, la innovación, la investigación aplicada o el emprendimiento”, dijo la ministra en la presentación del anteproyecto.

A continuación repasamos en los principales cambios que propugna en el sistema y los instrumentos que articula para ello:

Toda la FP será dual, pero con matices

Dos cosas caracterizan a la formación dual, tal cual nos viene dada de otros países europeos: la asunción de responsabilidades de las empresas en la formación de los estudiantes y la remuneración de la formación práctica en la empresa. El sistema diseñado por el Gobierno establece dos modalidades:

• La dual general: la empresa imparte hasta un 20% del currículum y los alumnos reciben la formación en la empresa (entre un 25% y 35% del tiempo total), pero sin contrato ni remuneración
• La dual avanzada: la empresa imparte hasta un 40% del currículum y los estudiantes están en la empresa entre un 35% un 50% del tiempo total con contrato, alta en la seguridad social y remuneración.

Otros cambios visibles para docentes y estudiantes

• Las titulaciones ofrecerán módulos optativos. Además, estarán los módulos profesionales asociados a uno o varios estándares de competencia, como hasta ahora; módulos asociados a habilidades transversales.
• Los ciclos formativos de grado superior podrán durar hasta 3 años. Carecía de sentido que todas las titulaciones, pese a su amplia y creciente diversidad, tengan que tener el mismo número de horas.
• En el grado superior podrá haber módulos diseñados entre el centro y una universidad para facilitar el paso a estudios universitarios.
• Aunque ya existen, se pone el marco legal para desarrollar los cursos de especialización para titulados.
• Todos los estudiantes de FP (grado básico, medio y superior) deberán realizar un proyecto intermodular.
• Podrán desarrollarse dobles titulaciones y titulaciones conjuntas entre centros, tanto nacionales como internacionales.

Internacionalización

Se pone el marco para facilitar:

• El diseño de dobles titulaciones con centros de otros países.
• La formación de los aprendices en otros países (estancias formativas internacionales)
• Participación en proyectos internacionales
• La oferta formativa bilingüe

Un nuevo sistema desglosado en competencias

La integración de toda la formación profesional en un único sistema homologable con el resto de Europa pasa por una deconstrucción  de las cualificaciones en estándares de competencias acreditables (las hasta ahora unidades de competencia). Como bien explica Santiago García en la entrevista, “todo eso pasa a ser un catálogo modular, mediante agrupaciones de esos estándares de competencias, y luego vamos a tener un catálogo de oferta, donde cualquiera vea qué puede estudiar”.

La fragmentación facilitará una mayor agilidad para hacer cambios y actualizaciones en las titulaciones; es decir, se puede actualizar un estándar competencial o un módulo de competencias sin necesidad de actualizar toda una titulación.

Gráfico divulgado por el Ministerio de Educación y FP en la presentación del anteproyecto.

Diferentes grados de adquisición de competencias

En función de esa agrupación de los estándares de competencia, la oferta formativa se clasificaría en diferentes grados de formación acreditadas:

Escala de grados de formación y adquisición de competencias que introduce en anteproyecto de Ley de FP.

• Grado A: acreditación parcial de competencias o microcredenciales obtenidas en pequeñas formaciones que, al estar acreditadas, permitirán a la persona ir sumando, configurando un perfil formativo propio y progresando hacia niveles superiores de competencia.
• Grado B: certificado de competencia.
• Grado C: certificado profesional.
• Grado D: ciclos formativos de FP de grado básico, medio y superior.
• Grado E: cursos de especialización post-título.

Nuevos instrumentos del sistema

• Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales, alineado con las competencias de la UE: sustituirá al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
• Catálogo Modular de Formación Profesional: define el currículo de cada módulo profesional.
• Catálogo de Ofertas de Formación Profesional: recoge todas las formaciones que pueden cursarse en nuestro país en el marco de la FP.
• Registro Estatal de Formación Profesional: podremos solicitar un informe de vida formativa profesional actualizada, semejante al informe de vida laboral, ya existente.
• Registro Estatal de Acreditaciones de Competencias adquiridas por la experiencia laboral y vías no formales (ofrecerá un informe sobre los estándares de competencia acreditados.
• Registro Estatal de Centros Docentes no universitarios: para centros que impartan enseñanzas de los grados D y E)
• Registro de Entidades de Formación Acreditadas: para centros y entidades que impartan enseñanzas de los grados A, B y C)

Nuevo modelo de acreditación de competencias

• El procedimiento estará abierto con carácter permanente y a todas las unidades de competencia existentes.
• Podrá hacerse a través de los centros de Formación Profesional.
• Será complementaria con la formación.
• Las empresas tendrán que implicarse en la acreditación de competencias de sus trabajadores.

Conexión con la Universidad

• Posteriores desarrollos normativos promoverán el reconocimiento mutuo de créditos entre las enseñanzas de FP e grado superior y las universitarias, y los itinerarios formativos de una formación a otra.
• En las titulaciones de FP de grado superior podrá haber módulos diseñados entre el centro y una universidad para facilitar el paso a estudios universitarios.
• También se pondrán los mimbres para promover proyectos de investigación y conocimiento conjuntos entre la Universidad y los centros de FP.

Trámites de la ley

El borrador de la futura norma fue presentado al Consejo de Ministros el 15 de junio, en primera lectura.
Desde entonces, el equipo del Ministerio ha continuado recogiendo las aportaciones al texto de las distintas administraciones educativas y de empleo de las comunidades autónomas, resto de ministerios, interlocutores sociales, órganos de participación y entidades del ámbito de la Formación Profesional. En esta ronda de consultas, el secretario general de CECE, Santiago García, se reunió con la directora general de FP del Ministerio, Clara Sanz.

Tras su aprobación, el anteproyecto ha de ser presentado y debatido en el Pleno del Consejo General de la Formación Profesional, el Consejo Escolar del Estado, el Consejo Económico y Social y el Consejo
de Estado, antes de volver al Consejo de Ministros para su aprobación como proyecto de ley y su posterior trámite parlamentario.