La ministra de Educación, Isabel Celaá, se propuso impulsar la Formación Profesional y lo está demostrando. De momento, con gestos públicos que demuestran que se toma la FP en serio –como la jornada FP=Futuro+Progreso que organizó esta semana junto al Ministerio de Empleo y con la presencia del presidente del Gobierno–, pero también con diagnósticos claros sobre los problemas instalados y con propuestas para solucionarlos, aunque éstas son aún un poco vagas, dado el escaso tiempo que lleva al frente del Ministerio y la prontitud con la que ha querido demostrar que la FP le importa.
Actualidad Docente ha tenido acceso al «Plan Estratégico de Formación Profesional del Sistema Educativo en el que trabaja el Gobierno. En él puede constatarse que las claves de ese impulso son: una mayor participación de las empresas, un papel más activo del profesorado, una agilización de trámites de la Administración y un notable liderazgo del Ministerio a la hora de coordinar acciones que corresponde gestionar a las CCAA. El papel que se reserva el Ministerio como impulsor de determinadas acciones contrasta con el resto de la acción de Gobierno en Educación.
El Plan Estratégico de FP tiene ambición de intervención integral, abordando –junto con el Ministerio de Empleo– muy diversos frentes cuyo funcionamiento parece no ser eficiente o acertado. Entre sus objetivos principales, señala éste:
«Hacer unos títulos de calidad, que sean capaces de dar respuesta a las necesidades del mercado de trabajo y que permitan no sólo atender las necesidades actuales, sino también las futuras, con la agilidad y rapidez que los cambios del sistema productivo necesitan».
Veamos cómo se propone conseguirlo:
Las empresas
El Gobierno quiere que las empresas participen en el diseño de las titulaciones de FP desde el principio, que participen activamente en la identificación de las necesidades de nuevas cualificaciones que demande el mercado laboral, y también considera que su compromiso es clave en una formación dual de calidad.
Según fuentes del Ministerio de Educación, el Gobierno ya trabaja con empresas para incorporar nuevas cualificaciones profesionales relacionadas con las tecnologías avanzadas, los sistemas inteligentes, los entornos de la Economía 4.0 y las redes de comunicación 5G.
También se están abordando áreas como la biotecnología, el desarrollo sostenible, la movilidad electrónica, la ciberseguridad, la economía circular, la impresión 3D en los ámbitos cotidianos, la salud medioambiental, la prevención de riesgos profesionales, la salud laboral o los cuidados sociosanitarios.
Cambios en el Observatorio de las Cualificaciones
El Gobierno se ha propuesto transformar, junto con el Ministerio de Trabajo, la estructura del Observatorio Profesional del Instituto Nacional de las Cualificaciones, organizándolo por sectores productivos y de prestación de servicios, pero también incluyendo «áreas especializadas» y «transectoriales» «encargadas de detectar las competencias necesarias para la adaptación de nuestras empresas a la cuarta revolución industrial (industria conectada 4.0), el desarrollo sostenible, y la economía circular y bioeconomía».
El objetivo, es que el Sistema Nacional de las Cualificaciones y de la Formación Profesional adopte «las medidas para formar a la fuerza trabajadora de nuestro país» en dichos aspectos, «reconvirtiendo empleos a empleo verde y a empleo conectado».
Por otro lado, el Gobierno propondrá «una metodología nueva de contraste externo» de las cualificaciones profesionales aprobadas en borrador y un proceso de tramitación normativa más abreviado para agilizar la aprobación final, en Consejo de Ministros, de dichas cualificaciones.
«Las cualificaciones son la base para la elaboración de las ofertas formativas, y es imprescindible dar una respuesta rápida a los cambios tecnológicos de los procesos productivos, incorporándolos lo más rápidamente posible a la formación», señala el Ministerio.
Itinerarios formativos dentro de cada título
El Ministerio quiere resolver la rigidez de las titulaciones de FP y también agilizar su actualización de acuerdo a las cualificaciones profesionales que vaya aprobando el Instituto Nacional de Cualificaciones.
«De nada sirve agilizar los procesos de elaboración y actualización de las cualificaciones profesionales si no experimentan un cambio paralelo las ofertas que las acreditan», señala el documento del Ministerio.
Para ello, el Gobierno estaría analizando la posibilidad de llevar a cabo «un procedimiento paralelo y conjunto de elaboración de cualificaciones profesionales, títulos y certificados de profesionalidad, de tal forma que cuando se finalice una cualificación profesional, ya estén también elaborados sus instrumentos de formación».
También quiere «revisar la organización de los títulos, para facilitar itinerarios formativos diferenciados mediante la flexibilización de la estructura modular», de manera que puedan «adaptarse tanto a las necesidades específicas propias de cada contexto territorial como a las preferencias e intereses personales en cuanto a su inserción laboral».
Cursos de especialización
El propio presidente del Gobierno ha sido quien ha anunciado la creación de cursos de especialización posteriores a la obtención del título que profundicen en las necesidades emergentes de las empresas principalmente tecnológicas, donde las novedades se producen a una velocidad mucho mayor de la que tardan en detectarse y en incorporarse a la formación reglada. Pedro Sánchez habló de cursos de especialización para 12 titulaciones.
Hay que recordar que, hace ya cinco años, el Ministerio de Educación ya impulsó la fórmula de los cursos de especialización, sin que aún haya conseguido cristalizar. Desde 2014 están aprobados los borradores de los cursos de especialización en Cultivos Celulares y Audiodescripción y Subtitulación, pero aún no han pasado de la fase de «borrador».
En materia de cursos de especialización que responden a la demanda de las empresas lleva la delantera el País Vasco, que ya cuenta con 13 y tiene otros 20 en proceso de aprobación. Aunque no tienen validez oficial porque el Ministerio aún no ha creado el marco legal para ellos, para las empresas esos cursos sí acreditan que se ha recibido una formación que ellas necesitan. Lo contaba en esta entrevista el viceconsejero vasco de Formación Profesional, Jorge Arévalo.
El papel clave del profesorado
El Plan de FP del Gobierno viene a decir que, la obsolescencia o el retraso de competencias, destrezas o conocimientos que puede darse en FP en relación con el mercado laboral, no depende sólo de la eficacia y la rapidez en la elaboración y actualización de títulos, sino también del profesorado y su preparación. Por eso sitúa la formación continua de los docentes de FP como otro de los ejes de intervención;
«El docente, como responsable de la programación de aula y, por tanto, del último nivel de concreción del currículo, tiene un amplio margen de maniobra para incorporar los cambios esenciales en su programación de aula, respetando el conjunto del currículo, pero actualizando los contenidos específicos. Para ello, es responsabilidad de las administraciones procurar los mecanismos necesarios y suficientes para su actualización, formación permanente, y participación en programas de investigación e innovación».
En este sentido, el Ministerio quiere que las CCAA abran su formación a docentes de toda España, ya que, «los sectores productivos y de prestación de servicios son diferentes según qué Comunidad Autónoma y determinados profesores de determinadas especialidades encuentran muchas dificultades de formación en sus propios territorios». Directamente se cita la necesidad de dar acceso a todo el profesorado de «los aspectos tecnológicos más punteros».
El Ministerio sostiene que «la formación de los docentes y formadores mediante estancias en empresa ha de adquirir un peso relevante», y que las grandes multinacionales son un vehículo para fomentar esa formación en otros países.
FP Dual
El Ministerio de Celaá retoma el desafío del Ejecutivo anterior en cuanto a la búsqueda de «un marco reglamentario común para la Formación Profesional Dual» que acote la dispersión de modelos de FP Dual existentes y que también tenga en cuenta nuestro tejido productivo es, principalmente, de pequeña y mediana empresa y dedicado al sector servicios.
«Vamos a buscar fórmulas flexibles que permitan la incorporación de empresas pequeñas y medianas [a FP Dual], mediante la constitución de consorcios u otras fórmulas a analizar con representantes de los empresarios y representantes sindicales, además, por supuesto, de con el resto de las Administraciones Educativas», señala el Plan Estratégico.
Acreditación de competencias
Partiendo de la base de que el reconocimiento oficial de competencias profesionales puede ser un impulso para que personas sin titulación académica se matriculen en un ciclo de Formación Profesional relacionado con su experiencia profesional, el Ministerio se propone mejorar ese sistema en coordinación con las CCAA, que son las responsables de los procesos de acreditación.
Según su texto de trabajo, conviene que el Estado coordine la programación de las convocatorias con la colaboración de los agentes sociales para, «desde un plano de lealtad institucional y sentido de Estado, identificar a nivel global qué necesidades de acreditación existen, priorizarlas, sectorizarlas, territorializarlas y adquirir un compromiso con las administraciones para la implementación de convocatorias de reconocimiento y evaluación».
Orientación profesional en la escuela
Por fin un Gobierno ha puesto su foco de intervención en la importancia de la orientación profesional en el sistema educativo y los beneficios comprobados que este tipo de orientación tiene en otros países. El documento del Ministerio reconoce que en España los centros educativos «dispensan información y orientación académica, que no profesional». Por otro lado, apunta cómo en España la orientación profesional y la orientación académica han estado separadas «sin conexión alguna».
Según el Plan Estratégico, los Ministerios de Educación y de Trabajo ya están trabajando, junto con los sindicatos, en un sistema integrado de orientación que genere productos y canales de información profesional.
«Para que pueda programarse una orientación de calidad», dice el Ministerio, «debe contarse con una buena información de partida, con datos completos, fiables y actualizados. Ello implica tener fuentes estadísticas, en forma de estudios, encuestas, paneles en continuo, o registros, que permitan a los profesionales de la orientación profesional conocer, además del campo profesional de cada sector, los datos de titulados, empleabilidad, empleo encajado, contratos realizados, personas demandantes de empleo y en situación de paro, y otros datos estadísticos de elevado interés».
Según el Ministerio, un buen sistema de orientación profesional contribuirá, de paso, a reducir la brecha de género en algunas profesiones tradicionalmente feminizadas o masculinizadas.