Así finaliza este curso 19-20, extraño y desafiante por el Covid-19: con asistencia individualizada previa citación docente y con grupos súper reducidos y voluntarios para los alumnos que preparan la EBAU .
Si en principio cada comunidad tenía carta blanca para organizar la vuelta a las aulas como quisiera al llegar a la fase 2 de la desescalada, al final algo más de la mitad coincide en autorizar tutorías presenciales e individualizadas para aquellos alumnos de Primaria y Secundaria que han presentado mayores dificultades en el último trimestre, y clases individuales o en grupos reducidos de menos de 10 alumnos para quienes terminan la ESO y para quienes preparan la Selectividad en 2º de Bachillerato –voluntarias y no todos los días–.
En algunas CCAA como Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia sólo están visitando los centros educativos los estudiantes de 2º de Bachillerato que lo piden. En Galicia y País Vasco se suman los de FP. Pero en todos los casos, sea cual sea la modalidad, la asistencia es muy baja. Habrá que esperar a esta semana para ver cómo lo viven los centros educativos de Madrid y Barcelona, recién ingresadas en fase 2.
También en todos los casos los sindicatos se han manifestado en contra de la enseñanza presencial este mes de junio porque, señalan, el beneficio de atender a los alumnos unos pocos días no compensaría el riesgo para la salud que asumen los docentes.
En Infantil, la tendencia mayoritaria es ‘acoger’ sólo a los niños cuyos padres demuestren que no pueden teletrabajar. También por lo general, los centros de Educación Especial no abren hasta septiembre.
Y de la escuela de verano de la que habló el Gobierno para reforzar al alumnado de cara a septiembre hay un gran desconocimiento. Padres y madres aún no saben si habrá campamentos para los niños y, entre tanto, muchos empiezan a regresar al trabajo presencial.
Tampoco se sabe nada de cómo será el regreso en septiembre. La comunidad educativa avanza hacia septiembre a ciegas porque, de momento, las Administraciones guardan silencio. La incertidumbre aboca a dos estados entre docentes y colegios: bien la ansiedad por no poder cumplir los anuncios informales de la ministra sobre la enseñanza a grupos reducidos y alternos, bien la actitud más relajada de “mejor esperamos a ver cómo está la epidemia en agosto», que tal vez no haga falta tanta revolución de grupos y espacios: por si acaso, éstos últimos van pensando qué hacer si el escenario epidemiológico no pinta bien.
Las administraciones no sueltan prenda de cómo van a regular la asistencia a las aulas, más allá de las medidas básicas de higiene y limpieza. Tampoco da pistas sobre lo verdaderamente importante en educación: la organización curricular, los apoyos y refuerzos, la mejora del soporte tecnológico, la formación del profesorado, becas y ayudas…
El Ministerio ha pedido que se trabajen soluciones para diferentes escenarios, siendo uno de ellos la repentina vuelta a la educación a distancia en caso de un rebrote del virus.
Ninguna administración ha admitido con tanta claridad el temor a lo que se les viene encima a partir de septiembre como lo ha hecho el presidente aragonés. Javier Lambán ha pedido al Gobierno central que, si la situación sanitaria lo permite, no haya menos alumnos por aula ni clases telemáticas.
“Si reducimos las ratios por aula para marcar distancias suficientes entre los alumnos, el incremento de coste de profesorado es inasumible. Si combinamos enseñanza presencial y telemática, es tal el esfuerzo de logística que es inabordable”, ha argumentado.
Por su parte, la consejera gallega, Carmen Pomar, se ha mostrado convencida de que “el próximo curso escolar será lo más normal posible” y “lo más parecido al de siempre”, según recoge una entrevista en El Faro de Vigo.
En cambio, el consejero de la Comunidad Valenciana, Vicent Marzà, se ha mostrado más inclinado a aceptar una nueva ‘anormalidad’. “No habrá una solución mágica, ninguna, que nos devuelva al pasado”, señaló en un mensaje emitido por Twitter, en el que llamó a “construir la salida conjuntamente”, “cediendo en nuestras posturas” y “poniendo en el centro al alumnado”. “Debemos contruir la seguridad que necesita nuestro alumnado, las certezas que nuestra sociedad necesita y que necesitamos para organizar el nuevo curso”, manifestó el consejero valenciano.
Hasta el momento, la Comunidad Valencia y Aragón parecen haber sido las únicas en adoptar alguna medida de carácter curricular al establecer el trabajo por ámbitos en 1º de ESO.