La concertada considera que las declaraciones de la ministra son un ataque a la libre elección de las familias

Educación quiere tramitar un paquete de cambios de la LOMCE en un proyecto de ley que tendría que contar con mayoría parlamentaria

Los anuncios de modificación de la LOMCE que hizo ayer la ministra de Educación en sede parlamentaria encendieron las alarmas de una parte considerable de la comunidad educativa, pero hoy, desde fuentes del Ministerio se insiste en que todas las acciones que se trasladaron tienen que ser dialogadas previamente con los agentes de la comunidad educativa y con los grupos parlamentarios.

Cabe recordar, por un lado, que el 25% de los alumnos españoles van a colegios concertados y, por otro, que más del 60% del alumnado total (incluido el de la pública) cursa la asignatura de Religión Católica. Así que cualquier cosa que dijera sobre cualquiera de estos dos aspectos era susceptible de sembrar polémica, máxime si lo señala como prioridad urgente de gobierno.

Aunque el tono de su comparecencia fue templado y apeló en reiteradas ocasiones al diálogo y al consenso, sus intenciones de modificaciones legislativas fueron bastante claras.

Hoy, fuentes del Ministerio han precisado a Actualidad Docente que «todo se dialogará». “La ministra ha mostrado sus intenciones, pero el Gobierno no puede hacerlo solo; necesita el diálogo con la comunidad educativa y necesita hablar con los grupos parlamentarios”, señalaron fuentes del Ministerio.

Ahora bien, no está claro aún cómo y cuándo va a llevar a cabo esas pretendidas conversaciones.

Tampoco se ha explicado cómo se trabajará la modificación de los aspectos de la LOMCE anunciados. Sí concretaron fuentes del Ministerio que todos los cambios irán se llevarán en bloque a un proyecto de ley que revierta los artículos de la LOMCE en cuestión. Que se pretenda aprobar todas las modificaciones de una sola vez da idea de que habrá una negociación conjunta de todos los aspectos a modificar.

En lo que se refiere a la asignatura de Religión, a la que el Gobierno quiere quitar su peso académico, fuentes del Ministerio manifestaron que se mantendrá como hasta ahora en el próximo curso y que la idea del Gobierno es que las modificaciones planeadas entren en vigor para el curso siguiente (2019-20).

Cabe recordar, en este punto, la afirmación que hizo el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, en su toma de posesión:

“Las respuestas que encontremos deben tener el máximo grado de aceptación posible; es el único modo de avanzar en un campo como la educación, donde la imposición, como hemos visto con la LOMCE, no es un camino útil ni aceptable”.

¿Qué dijo la ministra?

Analicemos lo que dijo la ministra Isabel Celaá en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados y veamos lo que dicen la LOMCE y la LOE que hizo el Gobierno socialista:

• «Me propongo modificar el artículo 109.2 de la LOMCE por el cual la programación de la oferta de plazas escolares se establecía por la llamada ‘demanda social’, un eufemismo que ha servido para propiciar en algunos casos que la escuela pública pueda ser considerada subsidiaria de la escuela concertada».
• Dijo «me propongo», pero luego la nota de prensa de su Ministerio decía: «El Gobierno modificará la LOMCE para que la red pública tenga preeminencia en la programación de la oferta de plazas escolares y la concertada será complementaria de las necesidades de escolarización». Sin embargo, no puede modificar este artículo de la ley sin el apoyo mayoritario de la Cámara. Al menos para el PP, la apelación a la demanda social protege un derecho constitucional.
• El artículo 109.2 de la LOMCE dice lo siguiente: «Las Administraciones educativas programarán la oferta educativa de las enseñanzas que en esta Ley se declaran gratuitas, teniendo en cuenta la programación general de la enseñanza, las consignaciones presupuestarias existentes y el principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos y, como garantía de la calidad de la enseñanza, una adecuada y equilibrada escolarización de los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo, tomando en consideración la oferta existente de centros públicos y privados concertados y la demanda social. Asimismo, las Administraciones educativas garantizarán la existencia de plazas suficientes».
• En la LOE socialista, el mismo artículo decía: «Las Administraciones educativas garantizarán la existencia de plazas públicas suficientes, especialmente en las zonas de nueva población». De tener en cuenta la «demanda social» no señala nada.
• Habrá que esperar a ver si la modificación del artículo implica simplemente quitar «tomando en consideración la demanda social» (en la LOE simplemente no se aludía a ella), o si conlleva algo más.
• Celaá puntualizó que la red concertada «contribuye al fortalecimiento de nuestro sistema» y fuentes del Ministerio ha señalado a Actualidad Docente, que no es su intención legislar en contra de ella.
• Respecto a la asignatura de Religión, Celaá dijo:

«Les anuncio que la Religión no será computable a efectos académicos y no tendrá ninguna alternativa en forma de asignatura-espejo como hasta ahora.
Señorías, propongo la creación de una asignatura obligatoria de Valores Cívicos y Éticos, centrada en el tratamiento y análisis de los derechos humanos y de las virtudes cívico-democráticas.»

Puedes leer aquí la comparecencia íntegra de la ministra Isabel Celaá
en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados.

Puedes leer aquí, en la nota de prensa del Ministerio,
la batería de cambios que anunció Celaá.

Dos días después, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la también portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, aseguró que el Gobierno no va a «atacar» a las escuelas concertadas ni a «resolver conciertos» que ya se hayan concedido. Insistió en que «no hay ninguna amenaza para la red concertada» y que cualquier otra interpretación de sus palabras sería una «especulación infundada».

Respuesta de la concertada

La comparecencia de la ministra no quedó exenta de respuesta por parte de la escuela concertada, de la escuela católica y de las familias que llevan a sus hijos a estos centros.

La Confederación de Centros de Enseñanza (CECE) manifestó «preocupación» por los anuncios de la ministra y recordó el «claro deseo» mostrado hasta ahora por Celaá de «alcanzar consensos y no legislar contra la enseñanza concertada».

El comunicado de CECE añadía: «Desearíamos que los debates sobre educación no se centren de nuevo en los conciertos, la asignatura de religión, los itinerarios de la ESO…, que son cuestiones, sin duda, de interés, pero no son temas relevantes a la hora de acometer y resolver el fracaso escolar, el abandono temprano, el desempleo juvenil, la falta de equidad, la situación de la formación profesional o el bajo nivel de idiomas».

«Es imprescindible progresar de modo efectivo hacia una cultura del acuerdo y buscar entre todos una mejor gestión de los recursos disponibles, trabajando en ello sin excluir a nadie y sin legislar contra nadie, porque nadie sobra para mejorar la educación», dijo la organización presidida por Alfonsó Aguiló.

«La sociedad está cansada de la ideologización del debate educativo y agradecerá que el Ministerio de Educación sepa centrar los temas que necesitan reforma sin desviar la atención hacia cuestiones colaterales«, concluyó el comunicado.

Por su parte, Escuelas Católicas lamentó que se anuncie una modificación de la LOMCE «sin el mínimo consenso» y rechazó que la ley educativa vigente «no favorece a la concertada». En cuanto a la asignatura de Religión, recordó que el Estado español tiene unos acuerdos firmados con el Vaticano que hay que cumplir a la hora de legislar. Y también apeló a la libertad de enseñanza y a la libertad de elección de las familias que protege la Constitución.

La Confederación de Padres y Madres de Alumnos (COFAPA) mostró su preocupación ante las palabras pronunciadas por la ministra y mostró su deseo de que rectifique y de «no excluya a nadie» en la mejora de la educación.

Más medidas del Gobierno

La ministra anunció otras iniciativas de su acción de gobierno:

• Diseñar «con el máximo consenso», una Ley de Formación Profesional en la que se vinculen políticas de educación, FP, empleo y desarrollo económico
• En cuanto a Formación Profesional, también se hará una revisión de las familias profesionales y de los títulos, así como estudios sobre la oferta y la demanda de titulaciones en el mercado, y sobre «las especialidades emergentes que plantea la nueva economía para una adecuada planificación».
• Además, dijo que se reactivará el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional y convocará el Consejo General de la Formación Profesional, pendiente de reunión desde hace un año.
• Impulsará un Programa de Cooperación Territorial con las Comunidades Autónomas en educación de 0 a 3 años para hacer esta etapa “asequible” para las familias.
• Derogará los itinerarios a partir de los 13 años que establecía la LOMCE y se eliminarán las reválidas.
• Se introducirá el Número de Identificación del Alumno como medida censal para tener un control de las trayectorias académicas individuales «y personalizar las respuestas desde el sistema». Es una medida introducida en otros países que, según el Gobierno, es «eficaz» para el objetivo de «rescatar a los jóvenes que hayan abandonado el sistema y recuperar sus trayectorias de aprendizaje».