En materia de educación, la legislatura ha comenzado a calentarse desde el minuto uno. El llamado ‘pin parental’ ha saltado a la palestra política y mediática cargado de juicios de valor de uno y otro lado sin que se haya llegado a analizar verdaderamente la aplicación real de esta autorización parental en los colegios. Promovido por Vox en las autonomías cuyos gobiernos apoyan o sostienen, de momento sólo es en Murcia donde se ha puesto en marcha para las actividades complementarias y charlas que se impartan en los centros educativos por agentes ajenos a los propios centros.

Gobierno, partidos políticos y algunas organizaciones han llevado el debate hasta el extremo de pretender discernir si los niños son más alumnos que hijos o más hijos que alumnos. La exaltación o criminalización preventiva que se ha hecho del ‘pin parental’ –el Gobierno quiere llevarlo a los tribunales– ha encontrado su respuesta más moderada y cauta en los colegios concertados españoles y en sus representantes.

El presidente de CECE, Alfonso Aguiló, plantea, en un artículo reciente, la necesidad de «hablar con sosiego sin descalificaciones y sin polarizaciones» sobre los contenidos que se imparten en los colegios, tanto los obligatorios como los voluntarios, en aras de una mayor confianza entre la escuela y la familia. «El debate real de fondo no es de quién son propiedad los niños, sino cuáles son esos valores que tiene que compartir todo ciudadano», sostiene Aguiló.

Por otro lado, el presidente de CECE observa que cuanto más claro y definido esté el proyecto de centro, más tranquilidad tendrán los padres y las madres sobre lo que se les enseña a sus hijos en el colegio. Por ello, se muestra partidario de una mayor libertad y pluralidad en la oferta educativa para que las familias tengan posibilidad de elegir aquel colegio que encaje mejor con sus convicciones. «Todo ello dentro de una apuesta rotunda por la igualdad y el respeto a la pluralidad», precisa.

El presidente de CECE también llama al sentido común al poner en valor el papel del AMPA y del Consejo Escolar de los colegios como vigilantes y garantes de la transparencia del centro, y como canalizadores de posibles quejas y denuncias puntuales de los padres. De esta manera, advierte, se defienden los intereses generales de todos los alumnos.

«Un abuso del PIN parental podría llevar a buscar una educación curricular a la carta, o a poner vetos caprichosos que hagan difícil mantener con normalidad el carácter propio del centro, cuya consistencia es fundamental para que exista una oferta plural de opciones educativas», señala Aguiló. Sin embargo, «prohibir cualquier resistencia ante posibles imposiciones ideológicas que pudieran darse, también puede generar abusos graves», añade.

En un sentido similar se manifiesta Escuelas Católicas, la representante mayoritaria de la escuela concertada religiosa, que considera que «la exigencia del pin parental con carácter general resulta innecesaria si los padres conocen y aceptan, en el momento en que solicitan la admisión de sus hijos en un centro, su proyecto educativo e ideario». Por ello, señalan, «es importante que los padres reciban la oportuna información sobre las actividades a desarrollar dentro de la Programación General Anual, con la debida transparencia y confianza en la labor del centro».

En coincidencia con CECE, Escuelas Católicas cree el ‘pin parental’ «podría introducir una enorme complejidad en los centros, al poder implicar la necesidad de autorización expresa y previa para una gran amplitud de situaciones y actividades». No obstante, estima que sería necesaria dicha autorización «en el supuesto de actividades cuyas características especiales así lo requieran y, sobre todo, en centros que no hayan definido claramente su proyecto educativo o que deban mantener una neutralidad ideológica por imperativo legal».

En cualquier caso, para Escuelas Católicas el pin parental «no es ilegal», en contra de lo que vienen argumentando el Ministerio de Educación y algunos sindicatos, que lo consideran una censura previa que socava el derecho de los alumnos a la educación.

Escuelas Católicas recuerda que «el derecho de los alumnos a recibir una educación integral, no puede desvincularse del derecho de los padres a decidir una formación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones». «El Estado no puede suplantar la posición de los padres decidiendo sobre estas cuestiones, sino que debe, por el contrario, garantizar el derecho de éstos, tal y como señala el artículo 27.3 de la Constitución, ya que son los padres los primeros responsables de la educación de sus hijos y quienes ostentan legalmente la patria potestad», añade el comunicado.

Por su parte, el sindicato FSIE, mayoritario en la escuela concertada, coincide con los planteamientos de las patronales:

«Si la actividad que va a desarrollar el centro responde al contenido curricular exigible, está dentro de la programación escolar y es acorde con el ideario y proyecto educativo del centro, los padres no necesitan autorizar nada porque ya han confiado en el centro desde el momento en que lo han elegido pensando que es lo mejor para sus hijos. Si la actividad es extraescolar o complementaria de carácter voluntario, los padres podrán decidir la participación o no de sus hijos en la misma», dice FSIE en un comunicado.

«La polémica puede surgir en aquellos centros escolares que carezcan de ideario y proyecto educativo y en los que la información que se les dé a los padres sobre cómo se trabajan determinadas cuestiones relacionadas con el ámbito moral y/o ético, los valores y las creencias, no sea la suficiente o incluso no exista. Pero ante esta situación no debe legislarse una medida de carácter general, obligatoria y de una enorme complejidad organizativa», señala el sindicato.

También el sindicato FEUSO ha salido al paso de la polémica para pedir moderación a los políticos y que «aparquen los habituales y estériles enfrentamientos ideológicos que, además de no conducir a nada, marginan siempre los temas principales y urgentes de la educación». «Para poder avanzar entre todos, es más importante que nunca un diálogo sereno y ponderado», reclama el comunicado emitido por FEUSO.

Además, el sindicato centra la cuestión más allá de convicciones ideológicas. «Las actividades complementarias son importantes. Si alguna de ellas fuera objeto de polémica, porque la materia tratada fuera controvertida, las Administraciones deberán garantizar la idoneidad de la actividad y buscar la máxima neutralidad ideológica mediante los cauces normales previstos. O, también, especificar su carácter voluntario sin que ello pueda constituir discriminación para ningún miembro de la comunidad educativa».