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La LOMLOE pasa su primer trámite parlamentario

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Rechazadas las enmiendas a la totalidad para su devolución, el proyecto de ley se dirige ahora hacia la posible incorporación de enmiendas parciales y, después, al debate del resto de enmiendas en la Comisión de Educación del Congreso 

El Proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la LOE, la LOMLOE, ha pasado su primer trámite parlamentario al ser rechazadas en el Congreso de los Diputados las enmiendas a la totalidad del texto que presentaron PP, Ciudadanos y Vox. La devolución del proyecto de ley obtuvo 195 votos en contra y 153 a favor. La LOMLOE pasó así a la siguiente fase: la discusión e incorporación de enmiendas parciales al articulado, cuyo plazo para su presentación se amplió al 2 de septiembre primero y al 10 de septiembre después.

El Pleno del Congreso del martes 17 de junio supuso para la ministra Celaá la primera defensa de su proyecto de ley en sede parlamentaria, y la primera oportunidad para que PP, Ciudadanos y Vox explicaran su rechazo al texto.

La portavoz del PP para Educación Sandra Moneo, anunció que su grupo presentará un texto alternativo para una nueva ley que incorporará las aportaciones que los expertos hicieron en la Subcomisión parlamentaria para un pacto educativo de hace dos años (aquella de la que se salió el PSOE antes de la moción de censura) y “las evidencias más contrastadas” en materia de educación en Europa.

Sandra Moneo manifestó el profundo y contundente rechazo del PP a la Ley Celaá, “la ley de la imposición” y “la confrontación”, y “la primera ley educativa que no cuenta con dictamen del Consejo de Estado”.

Por encima de otras razones para su rechazo, Moneo subrayó que “esta ley representa la ruptura del pacto constitucional” al “recortar derechos y libertades fundamentales”, como “la libertad y el derecho de las familias a elegir el centro donde educar a sus hijos”.

Además, la portavoz del PP reprochó duramente a la ministra que mantuviera la tramitación parlamentaria de la ley en plena pandemia y en pleno estado de alarma. El día que expiraba el plazo de enmiendas a la totalidad habían fallecido en España 22.000 personas por la Covid-19, dijo Moneo. “Ese mismo día murieron 340 personas. ¿Usted cree que era el momento de confrontar dos modelos educativos?”, le espetó.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Marta Martín afeó a la ministra su “dolosa falta de empatía” por intentar aprobar una ley hecha hace dos años en un momento en el que hay que centrar toda la atención en las urgencias educativas derivadas del largo confinamiento y el cierre de los colegios, y en la planificación del curso que viene. “Esta ley nace muerta por su fondo y por su forma. Va a ser cambiada en cuanto cambie el color político del Gobierno”, dijo Martín, evocando lo mismo que decía el PSOE respecto a la LOMCE cuando fue aprobada. “Parece que no hemos aprendido nada”, apostilló.

La diputada de Ciudadanos lamentó que vuelva a repetirse el mismo fenómeno una y otra vez, siendo la LOMLOE la octava ley educativa en España. Y arremetió contra PSOE y PP por haber “utilizado la educación como moneda de cambio” en los últimos 20 años “en vez de solucionar los problemas estructurales de la educación”.

Por todo ello, pidió a la ministra Celaá que, si de verdad quiere una ley duradera, «congele los plazos de presentación de enmiendas parciales hasta que lleguemos a un acuerdo de mínimos sobre las cuestiones que debemos solucionar” y hacerlo de manera técnica, no ideológica.

En sus palabras se entrevio una mano tendid a la negociación política para que el PSOE pueda sacar adelante una ley educativa en esta legislatura, pero con mayor consenso que la actual LOMLOE.

La tercera fuerza en reclamar la devolución del proyecto de ley fue Vox. Su diputada Georgina Trías, también reprochó al Gobierno estar «más preocupados por imponer su agenda ideológica que por solucionar los problemas reales de la comunidad educativa». «Además ha faltado un trámite de consultas y un debate amplios con las organizaciones y los agentes sociales afectados por un cambio de proyecto educativo de este calado», señaló Trías, que apuntó entre otros motivos para rechazar a LOMLOE «la imposición a nuestros hijos de esa supuesta educación sexual, ideológica y sectaria, de forma organizada, curricular, como corresponde a un buen sistema totalitario.

La portavoz de Vox en educación destacó también que en España «rige la neutralidad y el principio de laicidad positiva, no el laicismo que promueve el Gobierno», y que la LOMLOE refuerza la disparidad autonómica que aumenta la desigualdad educativa en España y acentúa la ausencia del español en las aulas de Cataluña, País Vasco, Galicia y Comunidad Valenciana. 

Una ley «moderna» y «constitucional», defiende Celaá

Antes de escuchar el rechazo frontal de estos tres partidos, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, expuso la pertinencia y la necesidad de su ley porque impulsa “un modelo educativo moderno” que “se adapta a las nuevas demandas” de la sociedad en materia de educación y “aborda los principales retos del sistema”.

Entre otras cosas, Celaá destacó que su ley “aumenta las oportunidades educativas de la población”, introduce un “currículum moderno”, “ágil” y “competencial”, que facilita la organización por ámbitos y el trabajo por proyectos; facilita la personalización del aprendizaje, refuerza la autonomía de los centros, y elimina dobles vías.

La ministra defendió que el texto se ajusta a la Constitución al “mantener el derecho de los padres a elegir la formación religiosa de sus hijos”; al cumplir la “obligación” constitucional otorgada a los poderes públicos de “programar la enseñanza con la participación efectiva de todos los sectores afectados en la creación de centros docentes”, y al legislar la enseñanza del castellano y de las lenguas cooficiales “teniendo en cuenta las partes de la LOMCE que derogó el Tribunal Constitucional”.

Y ahora, ¿qué?

El proyecto de ley sigue su curso. Los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas parciales hasta el 24 de junio, después de la aceptación de varias prórrogas para ello por parte del Gobierno.

Acto seguido se constituirá la ponencia en la Comisión de Educación del Congreso para estudiar y valorar todas las enmiendas presentadas. Algunas de ellas podrían incorporarse directamente al proyecto de ley en ese momento; las demás serán debatidas en la Comisión. Por último, el texto resultante será votado en Pleno, así como también las enmiendas parciales que se hayan rechazado en la Comisión. Y después, el proyecto de ley pasará a su votación en el Senado.

En Comisión los partidos también tendrán ocasión de escuchar a expertos en educación y representantes de la comunidad educativa, propuestos por ellos mismos.

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