Isabel Celaá ha comparecido en el Congreso de los Diputados y ha reiterado su petición de «tranquilidad» a las familias que han elegido enseñanza concertada para sus hijos porque no va a legislar contra ella aunque elimine de la LOMCE el criterio de la «demanda social» en la programación de la enseñanza
Ha respondido así a la petición de explicaciones por parte del Grupo Parlamentario Popular, que también le ha preguntado por la derogación del decreto de los recortes que motivó el abandono de los consejeros del PP en la pasada Conferencia Sectorial
La ministra de Educación, Isabel Celaá, abrió la caja de Pandora de la LOMCE en pleno julio, sembró el verano de inquietudes y dudas, y postergó las respuestas a septiembre. Esta mañana ha comparecido a petición propia en la Comisión de Educación del Congreso, pero para responder a dos preguntas registradas por el Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Baja.
La crónica sobre la comparecencia y el debate mantenido con los grupos parlamentarios podrás leerla esta tarde. A continuación, puedes leer la información que publicamos con carácter previo a la intervención de la ministra:
La «demanda social» de la concertada
Una de las preguntas que le planteará la diputada Sandra Moneo será sobre la anunciada reforma del artículo 109.2 de la LOMCE que regula la programación de la oferta educativa y que establece que, para ello, las administraciones educativas deberán tener en cuenta la “demanda social”. La ministra anunció el pasado mes de julio que modificaría ese artículo para evitar que en nombre de la “demanda social” se relegue a la educación pública, pero aseguró que no es su intención legislar en contra de la concertada.
Según hizo constar el Partido Popular en su petición de comparecencia de la ministra, la retirada de la “demanda social” como criterio a tener en cuenta en la programación de la enseñanza “afecta a la libertad de las familias para la elección de educación concertada”.
“El Partido Popular siempre se va a oponer frontalmente a todo aquello que cuestione, coarte o limite la libertad de elección de las familias”, precisa la diputada Sandra Moneo en declaraciones a Actualidad Docente.
Moneo lamenta que las primeras medidas que ha adoptado el Gobierno socialista en materia de educación se hayan centrado en aquello que saben que van a encontrar en frente al Partido Popular, después del intento que hizo éste por llegar a un pacto por la Educación cuando estaba en el Gobierno.
“Siempre vamos a estar abiertos a llegar a acuerdos que beneficien al sistema educativo; siempre vamos a intentarlo porque somos un partido de Gobierno. Pero la demanda social es fundamental para garantizar la libertad de enseñanza y la libertad de las familias”, subraya la diputada. “Aunque no estamos de acuerdo, vamos a escuchar a la ministra”, asegura. “No puede olvidársele que el Partido Popular es el partido mayoritario en la Cámara”.
Respecto al artículo de la LOMCE en cuestión, el 109.2, la ministra tendrá que precisar cómo va a llevar a cabo la reforma, ya que su modificación requiere mayoría absoluta de la Cámara por tratarse de un asunto de carácter orgánico (por afectar una libertad constitucional). Otros de los aspectos de la ley vigente que ha anunciado que reformará, relativos en a la ordenación académica, no precisarían mayoría absoluta de la Cámara.
Dentro de la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez, Ciudadanos también considera que eliminar la demanda social como criterio para programar la oferta educativa “atenta contra el Art. 27 de la Constitución y la libertad de enseñanza” y, en cualquier caso, subraya que “modificar el sistema de conciertos no es urgente ni necesario” en el sistema educativo.
Fuentes de Ciudadanos apuntan a Actualidad Docente que “la modificación de la LOMCE que pretende llevar a cabo el Gobierno es un acto de cinismo en toda regla”, ya que “ya había un acuerdo para sustituir la LOMCE, pero Pedro Sánchez lo dinamitó haciendo que el PSOE abandonara el Pacto Educativo”.
“Ahora”, critican, “el PSOE propone un nuevo parcheado, en sintonía con la forma de hacer las cosas del bipartidismo, sólo que por decreto”. “Pero el sistema educativo español no puede soportar más parches; necesita una verdadera revolución”, subrayan.
El final de los recortes
Otra de las cuestiones que el Grupo Popular en el Congreso registró en la Diputación Permanente y que planteará a la ministra este martes responde a la situación de tensión que se generó en la última Conferencia Sectorial de Educación –del 30 de julio– a raíz de la derogación total del ‘decreto de los recortes’ de 2012.
El PP reclama a la ministra que financie a las CCAA para que puedan revertir las medidas de recorte de 2012, tales como fueron el aumento de las ratios y el aumento de horas lectivas del profesorado.
Los consejeros de Educación del PP abandonaron aquel día la Conferencia Sectorial quejándose de que suprimir aquellas medidas de reducción del gasto es “un invito y tu pagas” del Ministerio. También reprocharon a la ministra no haber reunido previamente a la Comisión General preparatoria de la Conferencia Sectorial, como dicta el Reglamento, lo cual “fue una falta de lealtad institucional hacia los consejeros”, califica Sandra Moneo.
El Ministerio de Educación respondió entonces que la reacción de los consejeros había sido una “sobreactuación” y alegó que ninguna Comunidad Autónoma está obligada a bajar el número de horas de docencia ni las ratios, sino que la cuestión es que puedan hacerlo si lo consideran necesario y en función de sus posibilidades y de sus prioridades presupuestarias.
En cualquier caso, ninguna de esas medidas podrá adoptarse antes del curso 19-20; es decir, que en lo que se refiere a ratios y horas de docencia, este curso sigue vigente aquel RD 14/2012. El único recorte que pueden ‘deshacer’ este curso las Administraciones autonómicas es el que obligaba a esperar 10 días de ausencia de un docente para sustituirlo.
Otros asuntos pendientes de concreción…
Isabel Celaá podría aprovechar su comparecencia en la Comisión de Educación del Congreso para dar respuesta a algunas de las incógnitas que abrió en su última comparecencia e informar de cómo piensa llevar a cabo algunas de las medidas que anunció.
- Por ejemplo, la articulación de una nueva asignatura de Valores Cívicos y Éticos: ¿va a abrir una ronda de contactos para ello?; ¿va a basarse en la antigua Educación para la Ciudadanía?….
- También dijo que iba a dejar la asignatura de Religión como optativa sin peso académico y sin “asignatura espejo”. Eso plantea preguntas a las familias y también a los centros educativos, por la organización curricular y de horarios. Hay que tener en cuenta que el 60% del alumnado español elige cursar Religión.
En este sentido, el PP se limita a recordar que “el Gobierno tiene que respetar el artículo 27.3 de la Constitución”, que dice que “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Pero también que “hay que cumplir los Acuerdos Iglesia-Estado”, que señalan que la asignatura de Religión será incluida “en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales”.
Ciudadanos considera que «cambiar la condición de la materia de Religión en el currículum es una medida cobarde y simplista» y que «lo que hay que modernizar y cambiar es el currículum en su conjunto y no una materia que ha servido para la polarización y la politización del sistema».
- Isabel Celaá también anunció la supresión de los itinerarios de 4º de la ESO. Tendrá que concretar cómo va organizar ese curso.
- En sus intervenciones públicas también ha apelado siempre a la importancia que su Gobierno va a dar a la Formación Profesional. El anuncio de alguna medida que dé muestras de ello aún está por llegar. Cabe recordar que el Decreto que regula la FP Dual estaba en proceso de remodelación cuando se produjo el repentino relevo en el Ministerio.
- Celaá también dijo en julio que impulsaría un Programa de Cooperación Territorial con las Comunidades Autónomas en educación de 0 a 3 años para hacer esta etapa “asequible” para las familias. Habrá que esperar a mañana para saber si ese programa ya está definido o no, y si se basará en aumentar las ayudas económicas a las familias para que lleven a sus hijos a escuelas infantiles de 0-3.
- El calendario:
De la comparecencia de este martes se espera que la ministra marque una hoja de ruta para los próximos meses, sobre todo habida cuenta de los cambios que quiere hacer en la LOMCE para que entren en vigor el curso que viene, pero también teniendo en cuenta la impredecible duración del presente Gobierno.