Pedro Sánchez ha conseguido sacar adelante su nuevo mandato en coalición con Unidas Podemos y la educación está entre los ejes prioritarios de la acción de gobierno. La derogación de la LOMCE con una “Ley Básica de Educación” que “blinde la educación pública”, desvirtúe la asignatura de Religión, introduzca la obligatoria de Valores Cívicos e impida la educación diferenciada a los centros concertados, será uno de los principales objetivos de la legislatura, junto con la revisión de la formación inicial del profesorado y del acceso a la profesión docente, y un plan de Formación Profesional que responda a las necesidades de las empresas y a la economía digital.

Todas ellas son medidas contempladas en el acuerdo de gobierno de la «coalición progresista» que firmaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias el pasado 30 de diciembre , unos días antes de la investidura de Sánchez como presidente. [Ver documento íntegro]

La mayoría ya fueron tenidas en cuenta por el Ministerio de Educación dirigido por Isabal Celaá a la hora de elaborar el Proyecto de Ley que llegó al Congreso de los Diputados antes de la convocatoria de elecciones del 28 de abril. En otras, como el Plan Estratégico de Formación Profesional o la reforma de la formación y la carrera docente, ha venido trabajando el Ministerio en funciones en los últimos meses.

El acuerdo de Gobierno señala que “la asignatura de Religión será de carácter voluntario para los estudiantes, sin que haya una asignatura alternativa ni la nota sea computable a efectos académicos”, tal y como ya recogía el Proyecto de Ley de Celaá.

El texto del PSOE y Unidas Podemos también incide en “la personalización de caminos formativos de acuerdo a las necesidades de los alumnos y alumnas”, y en el “refuerzo” de la “formación en valores”, del “desarrollo de capacidades transversales (soft skills)” y de “los mecanismos de autonomía y gobernanza de las escuelas”.

Respecto a la formación en valores, el Proyecto de Ley introduce la asignatura obligatoria de Valores Cívicos y Éticos en un curso de Primaria (5º o 6º) y en otro de la ESO.

Además, el acuerdo PSOE-Podemos señala que “se potenciará la educación afectivo-sexual dentro del sistema educativo, conforme a un enfoque de derechos, de igualdad y libertad”.

Respecto a la autonomía de los centros, el texto del Ministerio no promovía ningún aumento directo de la misma, si bien hace apelaciones a la organización curricular que debe hacer cada centro para adaptar el aprendizaje a los diferentes ritmos de aprendizaje, de acuerdo a lo que establezcan las CCAA.

Medidas que afectan a la concertada

En lo que respecta a los centros concertados, PSOE y Unidas Podemos puntualizan que “se asegurará que todos los centros privados concertados informan al alumnado y familias de que las aportaciones son voluntarias y nunca condicionan la prestación del servicio educativo”.

La priorización de la escuela pública de la que hace gala el acuerdo de Gobierno queda patente, por lo pronto, en la redacción del Proyecto de Ley existente, que eliminó la «demanda social» que contemplaba la LOMCE como criterio en la programación de la enseñanza de las Administraciones autonómicas. El texto del Ministerio precisa que la ampliación de plazas escolares en zonas de nueva población deben ser públicas:

“Las Administraciones educativas programarán la oferta educativa de modo que garantice la existencia de plazas públicas en las diferentes áreas de influencia que se establezcan, especialmente en las zonas de nueva población”.

“La nueva Ley de Educación garantizará desde sus principios rectores la inclusión y la eliminación de la segregación escolar por las condiciones de origen de los estudiantes, por sus necesidades educativas especiales o por sexo”, sostiene el acuerdo firmado por PSOE y Unidas Podemos.

En el documento hay una alusión explícita a que se impedirá “la segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos”. El Proyecto de Ley que Isabel Celaá llevó al Congreso de los Diputados antes de la convocatoria de elecciones decía concretamente:

“En los procesos asociados a la obtención y el mantenimiento de unidades concertadas se priorizará a los centros que apliquen el principio de coeducación y no separen al alumnado por su género o su orientación sexual”.

Respecto a la llamada “segregación escolar por necesidades educativas especiales”, no se precisa nada más, aunque cabe recordar también el texto del Proyecto de Ley pendiente de tramitación parlamentaria:

“El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”.

Entre las medidas del acuerdo de gobierno, los dos partidos se comprometen a elaborar “un Plan contra el fracaso escolar y el abandono escolar prematuro” y “un Plan de Mejora de la Convivencia para la Prevención del Acoso (bullying) y la Violencia en los Centros Educativos junto con las comunidades autónomas”.

Además, aseguran que garantizarán “la gratuidad real y efectiva de la educación obligatoria: libros, material escolar y comedor durante todas las etapas para familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica”. Aquí no especifica que vaya a excluirse al alumnado de centros concertados, donde también hay muchas familias “en situación de vulnerabilidad económica”.

Formación del profesorado

Una de las medidas estrella del nuevo Gobierno en materia de educación será el refuerzo de la formación inicial del profesorado con un más que probable ‘MIR docente’ que también condicionará el acceso a la profesión, así como el diseño de una carrera profesional en el que estará presente un sistema de evaluación del desempeño.

Otra de las prerrogativas en este área será la de “garantizar al personal docente interino las mismas condiciones laborales que al resto del personal docente” y la de “prohibir” –de acuerdo con las CCAA– la contratación en cada curso para despedir en verano.

Plan de Formación Profesional y nueva Ley de Ordenación de FP

El nuevo Gobierno aprobará un Plan Estratégico de Formación Profesional Dual, “incorporando a las empresas con fórmulas flexibles y creando consorcios con la participación de los agentes sociales y la comunidad educativa”, según dice el acuerdo firmado entre PSOE y Unidas Podemos.

Ello implicará “el impulso de una nueva Ley de Ordenación de la FP que incluya una regulación específica de la FP Dual y que incorpore en todos los títulos un módulo de digitalización”.

También se reforzará la formación del profesorado de FP y se actualizará el Catálogo de Cualificaciones Profesionales, “en coordinación con los agentes sociales y en colaboración con el sector privado”, así como los contenidos de los títulos actuales en materia de ciberseguridad, robótica colaborativa y avanzada, Big Data y análisis de datos, Fabricación 2D y 3D, realidad ampliada y realidad virtual y conectividad, entre otros.

Inversión, Agenda Digital y Educación Infantil

La universalización del acceso al 0-3 es uno de los objetivos más proclamados por PSOE y Unidas Podemos desde aquel acuerdo fallido para aprobar los Presupuestos de 2019 hace más de un año.

En el acuerdo de Gobierno consta la puesta en marcha de un plan de extensión de la Educación Infantil centrado en desarrollar exclusivamente la red pública.

Otro de los viejos objetivos del PSOE, que la financiación para Educación alcance el 5% del PIB, se ha trazado para que vaya aumentando a lo largo de los cuatro años de legislatura. Es decir, lo mismo que le ofreció Íñigo Méndez de Vigo para alcanzar un pacto de Estado en 2018 y Sánchez rechazó.

Por último, destacamos que para el nuevo Gobierno es importante insertar a la escuela en la agenda digital que diseñará para los próximos años, por lo que afirma que elaborará “una Estrategia de Digitalización en Educación y Formación Profesional ambiciosa”.