Como cuando te quedas a ver una película que ya has visto mil veces y le descubres un detalle nuevo que no habías visto antes. Así fue asistir al debate que protagonizaron Sandra Moneo, por parte del PP, y Guillermo Meijón, por parte del PSOE, en el 47º Congreso Nacional de CECE, celebrado en A Coruña.

Moderado hábilmente por las periodistas Sara Carreira, de La Voz de Galicia, y Selina Otero, de Faro de Vigo, el encuentro entre ambos políticos mostró la estructura de planteamiento, nudo y desenlace previsibles.

Ambos expusieron sus posturas encontradas y, aparentemente irreconciliables, después de haberse hecho guiños iniciales de cortesía, respeto y coincidencias en algunos diagnósticos del sistema educativo. Si no hubiese sido porque ya conocíamos el final, podrían habernos hecho creer que podrían entenderse.

Los representantes de los, aún hoy, grandes partidos políticos, dieron a entender, como siempre, que comparten la necesidad de universalizar el 0-3, potenciar la FP, mejorar la formación inicial del profesorado, flexibilizar el currículum…

En cuanto a la posterior escenificación de desencuentros, quedó claro que para el PP la vertebración territorial a través de la educación es insalvable. Y que para el PSOE, la educación es también una herramienta política, pero no para vertebrar el sistema, sino para controlarlo en su totalidad.

En opinión de Sandra Moneo, la futura ley educativa debería reforzar las materias instrumentales, así como la inspección educativa, y dejar una pequeña parte del currículum a disposición de los centros educativos para que puedan especializarse en lo que consideren necesario, mejorando así la autonomía, la responsabilidad y la transparencia de los centros educativos. Por su parte, Guillermo Meijón se mostró partidario de aligerar el currículum, pero sin apostar por medidas concretas.

Pero el punto más intenso del debate no pudo ser otro que el que había puesto la ministra en agenda un par de semanas antes: el derecho a la libertad de enseñanza en condiciones de igualdad; es decir, la concertada y su relación con demanda social de la educación. Al fin y al cabo, el precedente de la ministra había hecho “saltar el pacto constitucional” (en palabras de Sandra Moneo) y la tradicional posición del PSOE respecto a la concertada (al menos hasta que irrumpió Podemos en la vida parlamentaria).

La «concertada razonable»

Y ahí es donde la película vista una y mil veces ofreció nuevos destellos. Por ejemplo, en la introducción de nuevo concepto: la “concertada razonable”, acuñado por Guillermo Meijón en la línea de lo que 48 horas antes había adelantado Alejandro Tiana (también en el congreso de CECE).

El secretario de Estado dijo que el Gobierno buscaría “soluciones razonables” para la concertada, aunque no consiguieran un «acuerdo unánime».

Después, Guillermo Meijón vino a desarrollar el concepto de esa “concertada razonable” que se resigna a quedarse como subsidiaria de la red pública, allí donde no pueda llegar ésta: una concertada instrumental al servicio de una Administración que obviaría completamente que si los colegios concertados tienen alumnos es porque las familias los han elegido para educar a sus hijos.

De ahí, el diputado socialista pasó a mostrar un contundente rechazo de los socialistas a contemplar la demanda social en la ley porque, según su definición, “demanda social es que yo hago un centro y tú me lo tienes que concertar”. Quedó claro que, para el PSOE, la demanda social en absoluto significa que la Administración posibilite la elección educativa de las familias ampliando unidades de concierto en colegios con exceso de demanda. En cambio, sí aceptan la demanda social por abajo, es decir, como factor de supresión de conciertos.

“Igualar las dos redes no puede ser”, proclamó Meijón, como si ése fuera el verdadero propósito de la LOMCE, a la que echó la culpa de todos los problemas.

Las cartas están echadas

Y, por su parte, Sandra Moneo zanjó que al PP no lo encontrarán en la LOE. «Si el PSOE quiere una ley que no sea ni del PP ni del PSOE, ahí nos encontrarán. Donde no va a estar el PP es en la LOE», sostuvo. «Pero el PSOE ha elegido a Podemos como compañero de viaje». La diputada del PP añadió que su partido acepta construir un pacto sobre educación, pero “sobre el pacto constitucional” y “no revisándolo».

“La doctrina del Constitucional señala que no hay una red subsidiaria de la otra. Las dos son complementarias”, aseguró.

Respecto a la demanda social, Sandra Moneo incidió en que “el Estado no puede ser el que decida dónde se escolariza a un niño”. Y se mostró a favor de revisar y aumentar la financiación a la escuela concertada “si queremos una verdadera igualdad de oportunidades para las familias”.

Por eso mismo, explicó que una gestión eficaz del 0-3 debía librarse en tres frentes: plazas públicas, concertación de privadas y ayudas económicas a las familias, porque “las necesidades de las familias pueden ser muy distintas” y unas pueden precisar una pequeña ayuda y, en cambio, otras, una cobertura total. Y, sin embargo, en este terreno, el diputado socialista optó por supeditar el crecimiento del 0-3 a las plazas públicas como única vía.

Así las cosas, el debate entre ambos partidos escenificó la imposibilidad de llegar a acuerdo educativo alguno en la actual coyuntura política. Más aún: los argumentos de ambos representantes auguraron un enconado choque si Pedro Sánchez renueva en La Moncloa; nos anticiparon una nueva secuela de ‘La politización de la gestión educativa en España’.