El sector de Enseñanza de FeSP-UGT se reúne con el secretario de Estado para pedir una financiación de la concertada que cubra el coste real de la misma y permita equiparar las condiciones laborales de sus trabajadores con los de la escuela pública

Las reivindicaciones coinciden con las que FSIE, sindicato mayoritario en la concertada, registró en el Ministerio hace dos meses

Tanto FSIE como FEUSO se muestran sorprendidos con la reunión entre UGT y Tiana

El 19 de diciembre se reúne la Mesa Sectorial de la Concertada, aunque el único punto del orden del día es el anteproyecto de ley educativa

El Sector de Enseñanza de FESP-UGT ha pedido al Ministerio de Educación que aborde cuanto antes la modificación de la normativa estatal que regula los conciertos educativos para adecuarla al coste real de la enseñanza concertada e igualar las condiciones laborales de su profesorado con los de la pública.

La secretaria de Enseñanza de FeSP-UGT, Maribel Loranca, y el responsable de Enseñanza Privada del sindicato, Jesús Gualix, se reunieron esta semana con el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, para pedirle la elaboración de un nuevo real decreto que regule la enseñanza concertada y modifique el vigente, de 1985 –que consideran «obsoleto»–, partiendo de “un análisis riguroso” del módulo de concierto que debería hacerse cuanto antes en la Mesa de la Enseñanza Concertada.

Según declararon en una rueda de prensa posterior, la modificación de la normativa debe servir para que la concertada pueda aumentar su número de profesores, igualar la ratio y los horarios del profesorado de la pública y disponer de los docentes necesarios para atender las necesidades específicas de su alumnado y de la población escolar de la zona en la que se encuentren, sean cuales sean sus cualidades y su contexto socioeconómico.

Maribel Loranca manifestó que, para exigir a la concertada una «escolarización equilibrada», primero hay que darle las mismas condiciones de partida y los mismos recursos que a la pública.

“Creemos que no es cuestión de decir que la concertada es barata o es cara, ni de más concertada o menos concertada. La cuestión es reconocer a sus trabajadores como parte del sistema”, sostuvo Jesús Gualix.

Los dos representantes sindicales detallaron en la rueda de prensa las reivindicaciones del sindicato al Ministerio:

• La creación de la Mesa establecida en la Disposición Adicional vigésimo novena de la LOE, compuesta por las organizaciones empresariales y sindicales, que debe estudiar los módulos de conciertos para valorar el coste total de impartir la enseñanza en condiciones de gratuidad.
• Que los trabajos de la Mesa formen parte del articulado de un nuevo Real Decreto que garantice unos módulos ajustados para dicho fin y que sean revisables en función de criterios objetivos.
• Que hacen falta más profesores y más personal de administración y servicios para los centros concertados. Según las estimaciones de FeSP-UGT, si actualmente hay unos 145.000 trabajadores en la concertada (120.000 docentes), harían falta unos 60.000 más.
• Salarios más dignos, iguales que los de la enseñanza pública.
• Igualdad de jornada lectiva y laboral con la pública.
• Igualdad de ratio profesor/alumnos.
• Que los docentes acumulen sexenios.
• Que la formación se remunere y se realice en tiempo lectivo para “que no se formen por su cuenta y en su tiempo libre”.
• Que la figura del pago delegado, que sólo es para docentes, se traslade también al PAS.
• Que se faciliten las condiciones para que los centros concertados tengan tantos orientadores y otro tipo de figuras profesionales como los centros públicos.
• Regular la jubilación parcial y la figura del relevista (el docente que suple el tiempo del jubilado parcial y que pasa a ocupar su plaza con la jubilación total).
• Garantizar que todas las CCAA dan a sus docentes la paga de los 25 años de antigüedad.
• Fijar la cobertura total, desde el primer día, de las bajas médicas.
• “Garantizar que, tras el proceso de convocatoria y negociación de las Mesas Sectoriales Autonómicas, y por acuerdo entre las organizaciones representativas en el ámbito autonómico, se asegure la estabilidad de las unidades concertadas y se incorporen garantías de que, en ningún caso, haya pérdidas de empleo como consecuencia de la hipotética situación de cierre de centros o unidades concertadas”, señala textualmente el comunicado emitido por FeSP-UGT.

Esta última petición entronca directamente con el peligro de cierre de unidades concertadas que el propio Ministerio ha introducido en el anteproyecto de ley orgánica al eliminar la «demanda social» como criterio determinante de la programación de la enseñanza.

Reivindicaciones antiguas del sector

La mayoría de las reivindicaciones planteadas no son nuevas, sino reclamaciones históricas de los representantes de la escuela concertada, recuerda Javier Muñoyerro, secretario general FSIE, que es el sindicato mayoritario en la enseñanza concertada (41% de delegados). De hecho, FSIE registró en el Ministerio hace ya dos meses una batería de reivindicaciones similares a las de UGT; y también las planteó de viva voz en la reunión de la Mesa de la Concertada del pasado mes de octubre.

La diferencia es que UGT (tercero en representación en la concertada, con un 18% de delegados) se las ha planteado directamente a Alejandro Tiana en la reunión bilateral que mantuvieron. En este sentido, FSIE celebra que el secretario de Estado se haya mostrado receptivo a las reivindicaciones, pero lamenta que Tiana haya atendido «a un sindicato minoritario en la concertada antes que al mayoritario», máxime cuando éste le ha pedido reunirse en reiteradas ocasiones desde el pasado verano.

Por su parte, el segundo sindicato con representación en la escuela concertada, FEUSO, se ha mostrado sorprendido de que UGT «haga suyas las reivindicaciones más antiguas de los trabajadores de la concertada» y que «se sume a la reivindicación histórica de mayor financiación para los centros concertados». «Pero bienvenidos sean», incide Antonio Amate, secretario general de FEUSO, que recuerda que estamos en periodo de elecciones sindicales en el sector de la enseñanza concertada.

En cualquier caso, señala Amate, «esos 60.000 trabajadores que dicen que hacen falta cuestan mucho dinero y el Gobierno no habla de más dinero por ningún sitio, ni en el anteproyecto de ley; ni tampoco hay presupuestos…»

El momento político

En la rueda de prensa de FeSP-UGT, los representantes de Enseñanza recordaron que la mayoría de las medidas ahora planteadas fueron bien recibidas por el Gobierno en la negociación llevada a cabo entre 2010 y 2011 con Ángel Gabilondo como ministro. Tanto es así, que llegaron al Consejo de Estado, como paso previo a su aprobación. Pero terminó la legislatura y aquello quedó en un cajón que luego ni Wert ni Méndez de Vigo abrieron. FeSP-UGT cree que es el momento de sacarlas de nuevo y reimpulsar la negociación.

“Si se es optimista para derogar la LOMCE y hacer una nueva ley, se puede ser optimista para esto también”, dejó caer la secretaria de Enseñanza de FeSP-UGT. “De hecho, es más fácil sacar adelante un decreto que una nueva ley”, apostilló.

“Es una cuestión de voluntad política”, señaló el responsable de Enseñanza Privada. “Si el Ministerio quiere y las demás partes quieren, podemos dejar bien diseñada la enseñanza concertada para los próximos 15 o 20 años”.

La regulación de estos aspectos es clave “para que la patronal de la concertada no esté pendiente de qué va a ser de su futuro según vayan cambiando los gobiernos y las leyes”, añadió el secretario general de FeSP-UGT, Julio Lacuerda.

El Real Decreto de 1985, en cuya elaboración tuvo un papel clave UGT, “respondió a una situación coyuntural de aquella época, que era la necesidad de garantizar la enseñanza básica gratuita para todos los españoles, pero no se ha actualizado en 33 años para dar respuesta a la situación estructural de la enseñanza concertada en el sistema educativo español de hoy”, manifestó Lacuerda.

Por otro lado, según FeSP-UGT, una financiación adecuada de la escuela concertada garantizaría la gratuidad de los servicios educativos para las familias, de manera que éstas no tendrían que pagar cuotas y simplemente tendrían que costear los servicios complementarios, como el comedor o el transporte.