“¿Por qué en un momento en el que hace falta reunir las fuerzas de todos se intenta atacar a una parte importante de la comunidad educativa?» Este sigue siendo «el gran misterio» del actual Gobierno para Alfonso Aguiló, presidente de CECE, a quien entrevistamos después de presentar en el Senado, junto al resto de representantes de la plataforma Más Plurales, una serie de propuestas para enmendar la LOMLOE.

Vivimos tiempos llenos de llamamientos a proyectar el futuro como humanidad, a luchar como país; a la unidad, al bien común, al esfuerzo colectivo… Cuanto menos, suena extemporánea la aprobación, con rapidez y sin consenso, de una nueva ley educativa redactada en 2018. Más allá de su hostilidad hacia gran parte de la comunidad educativa –la escuela concertada, la educación especial, los profesores y los alumnos de la asignatura de Religión…–, la LOMLOE afecta a todos los ciudadanos porque recorta el derecho a la libre elección de la educación, que es un derecho fundamental.

Alfonso Aguiló aún mantiene un resquicio de confianza en que la ley se modifique en el Senado, pero, sobre todo, confía y llama a confiar en el Estado de Derecho.

P.– La ministra dice que los que critican su ley no la han leído bien. ¿Por qué cree que dice eso?
R.– Demuestra que está enfadada y que no tiene otras argumentaciones. Ella misma ha hecho declaraciones diciendo que quiere que los chicos de educación especial pasen a la ordinaria, que quiere recortar a la concertada amparándose en supuestos crecimientos excesivos, pese a que los datos demuestran que no es cierto y personalmente lo hemos hablado varias veces con ella. Y también habla mucho del interés superior del menor contrapuesto a los padres, como si los padres no lo quisieran. Su discurso va en línea con lo que dice la ley, y cuando se lo hacemos notar, se molesta y alega que no sabemos leer. Está claro cuáles son las intenciones, está claro cómo ha empeorado el proyecto respecto a lo que ella llevó al Consejo de Ministros, y está claro que hay unas cesiones a sus socios de gobierno que no sé si a ella le gustan o no, pero que no tienen que ver con que no sepamos leer.

P.– Si el PSOE hubiera gobernado en solitario con mayoría, ¿habría sido distinta esta ley?
R.– Si nos fijamos en la historia reciente, las leyes socialistas, que son las únicas que han regulado la educación salvo la LOMCE, han sido más moderadas y se debe a que su socio de gobierno en vez de Podemos era CiU, y evidentemente sale una ecuación diferente. Esta ley sólo aporta novedades desde el punto de vista ideológico y en ese sentido el texto ha empeorado durante el trámite parlamentario respecto al proyecto inicial.

P.– ¿Qué diferencias hay con respecto al proyecto que presentó al Consejo de Ministros?
R.– Si vamos al artículo 109, vemos que la redacción se ha endurecido y se ha hecho una apuesta mayor por el crecimiento de la educación pública. Nosotros estamos encantados de que crezcan los colegios públicos siempre que la gente los quiera y los demande, pero no para el que no los quiere. Por otro lado, en la escolarización, también se han endurecido el control. Parece que el alumnado inmigrante y el alumnado de entornos desfavorables pasa a ser alumnado que no puede elegir colegio y tiene que ser distribuido por la autoridad educativa. Nosotros estamos de acuerdo en que hay que acabar con lo que llaman “guetos”, que son centros con más cantidad de alumnado de entornos desfavorecidos, pero buscando soluciones que no impliquen considerar a esos padres y madres ciudadanos con menos derechos a elegir colegio y cuyos hijos tengan que ser distribuidos.

P.– ¿Por qué esta ley quiere tener tanto control sobre la asignación de alumnos a los centros? Es como si intentara hacer una labor de ingeniería social desde la escolarización, dando la espalda a lo que implica el derecho a la educación y la libertad de enseñanza…
R.– Compartimos con el Gobierno la búsqueda de una mayor equidad y eso es evidente. La cuestión es que para elegir qué camino tomar, primero hay que hacer buenos diagnósticos. El diagnóstico del Ministerio es que falta equidad porque los centros concertados eligen a los alumnos, porque son elitistas, porque cobran cuotas y por eso no pueden ir algunos alumnos y entonces se quedan en otros sitios. Y con ese diagnóstico, la solución del Gobierno es recortar libertades. Pero me parece que no aciertan en el diagnóstico. Porque, por ejemplo, la equidad mejoraría si financiaran suficientemente la educación concertada y no hicieran falta las aportaciones voluntarias de las familias. También mejoraría si permitiesen acceder a becas y ayudas de comedor y transporte a los alumnos de centros concertados que cumplan los requisitos de renta familiar. Presupuestariamente sería irrelevante para la Administración, pero prefiere imponer unas restricciones a ese alumnado que provocan precisamente la segregación que critican.

En vez de facilitar que todo el mundo pueda ir adonde quiere, su manera de resolver la segregación es crear dos tipos de ciudadanos: los que pueden ir adonde quieran y los que van adonde les manden. Pero, mirando atrás en la historia, todos los que han hecho ingeniería social recortando derechos fundamentales han acabado con unos aires autoritarios que no han funcionado. Más bien hay que crear un marco que facilite que se creen dinámicas que restablezcan la equidad, pero no creo que la solución sea convertirse en un gran regulador, en un gran distribuidor, en hacer grandes entes repartidores de alumnos. Eso es burocratizar la libertad. Me parece que no van por buen camino.

P.– Usted suele decir que no se mejora la educación pública atacando o debilitando a la concertada…
R.– El problema para la educación pública es que no se acierta en los diagnósticos y con demasiada facilidad se cae en echarle la culpa a la concertada, en generalizar porcentajes de alumnado inmigrante… Si los problemas que tenemos intentamos solucionarlos señalando a otros, al no haber un buen diagnóstico, no hay un buen tratamiento y así no se recupera la salud.

P.– Expertos juristas destacan de la LOMLOE que intenta forzar cosas sin que lo parezca utilizando un lenguaje ambiguo y a veces contradictorio. Se ve, por ejemplo, en el artículo 109, donde se menciona los derechos individuales de los padres, pero se elimina la demanda social de la programación de la enseñanza.
R.– Ellos quieren recortar el derecho a la libre elección, pero lo hacen con sumo cuidado porque es un derecho de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y después figura en varios tratados internacionales firmados por casi 200 países. Tienen que tener cuidado con esto porque hay que respetar el derecho internacional. El artículo 10.2 de la Constitución dice que las cuestiones sobre derechos fundamentales se interpretan conforme a los acuerdos internacionales, no conforme a lo que le guste al Gobierno de turno, ni siquiera al legislador de turno. Precisamente lo que hace nuestra Constitución y la de la mayoría de los países para defender los derechos fundamentales es anclar esos derechos a acuerdos internacionales, que es la forma de impedir que un determinado devenir en un país llegue a interpretar de manera restrictiva esos derechos fundamentales. Cuando un Gobierno quiere recortar esos derechos sin que se note mucho, tiene que recurrir a decir que no sabemos leer.

P.– Es sabido que quien hace la ley hace la trampa. En esta ley ¿hay trampa?
R.– En esta ley se han aprobado 300 enmiendas en cinco sesiones maratonianas. Dudo mucho de que hubieran estudiado a fondo lo que estaban votando. La redacción deja mucho que desear y me temo que aparecerán contradicciones y ambigüedades abundantes.

P.– ¿Prevé que la aprobación de esta ley va a abrir muchos frentes judiciales?
R.– Sí. Casi todos los frentes ideológicos que han abierto tienen doctrina constitucional en contra. La Justicia tiene sus velocidades, pero confío bastante en el Estado de Derecho. Es importante que se mantenga la independencia judicial y que se respeten los acuerdos internacionales porque la tentación del que manda de interpretar el Derecho a su interés siempre estará presente.

P.– ¿Qué se les puede decir a las familias que llevan a sus hijos a colegios de educación diferenciada? Ahora mismo estarán sumidos en una incertidumbre absoluta sobre la continuidad de los proyectos educativos que han elegido para sus hijos…
R.– Que confíen en el Estado de Derecho. Hasta ahora siempre los ha defendido. Y que confíen en sus colegios, que lo gestionarán de la mejor manera. De todos modos, la ley está en el Senado y yo aún confío en que rectifiquen y no legislen de una manera claramente contraria a siete sentencias del Tribunal Constitucional de hace dos años. No es nada frecuente que se legisle de manera inconstitucional por un interés ideológico y político del momento. Debería ser noticia que un Gobierno intente hacer esas cosas. Pero si llega a hacerlo el Estado de Derecho le pondrá remedio.

P.– La LOMLOE ha salido del Congreso con el mismo sambenito que se le colgó a la LOMCE: “Esta ley nace muerta”. Es triste para la comunidad educativa tener que escuchar esto de tanto en tanto, o que el principal mérito de una ley es que acaba con la anterior.
R.– Es lamentable. Es triste que todos hablen de consenso en educación y de alcanzar grandes acuerdos hasta que les toca legislar a ellos. Haría falta una mayor generosidad por parte de todos y no buscar el interés político en la educación. Al final, de lo que se trata es de no legislar contra nadie. La concertada no es un problema, la asignatura de religión no es un problema, la educación diferenciada tampoco, la educación especial tampoco. ¿Por qué ir contra ellos? Ésa es mi gran pregunta. ¿Por qué en un momento en el que hace falta reunir las fuerzas de todos se intenta atacar a una parte importante de la comunidad educativa? Es el gran misterio de por qué centran ahí su esfuerzo, su discurso, su relato y, encima dicen que no, que va a seguir todo igual. Para eso, que no cambien lo que había.

P.– ¿Sería preciso una ley de nueva planta que no sea una rectificación sobre rectificación y una ley más corta, que no entre a regular tantas cosas?
R.– Yo no cuestiono tanto los ámbitos en los que entra, como que lo hace con demasiado detalle por cuestiones ideológicas. Y la técnica legislativa de incrustación tampoco la cuestiono. Lo verdaderamente importante es el espíritu que anima al legislador: no es lo mismo ser revanchista y decir ‘quito tu ley para poner la mía’ que decir ‘vamos a hacer una ley entre todos’. Decir que esta ley tiene mayor consenso que la anterior porque la han votado más partidos no me parece correcto, porque esos partidos representan a menos ciudadanos que los que representaba en su momento el partido que votó la LOMCE.